La decisión del Gobierno de intervenir el calendario del INDEC y postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) busca ser un ancla fiscal encubierta. Al mantener vigente la canasta de consumo de 2004, que subestima el peso de las tarifas y los servicios, el Ministerio de Economía no solo logra mostrar un número de inflación más bajo, sino que activa un mecanismo de licuación del gasto público indexado que le reportará un ahorro millonario este año.
Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, la marcha atrás en la implementación de la nueva metodología le permitirá al Estado Nacional ahorrarse casi $5 billones en 2026. La cifra representa poco menos del 0,5% del PBI y supera, por ejemplo, el total de los depósitos que el Tesoro tenía en el Banco Central al cierre de enero ($4,3 billones).
El mecanismo
El reporte detalla que el "ahorro" no proviene de un recorte de partidas, sino de una disociación estadística. Mientras que la recaudación de impuestos ligados al consumo (como el IVA) corre al ritmo de los precios "reales" de la economía, las partidas del gasto atadas a la inflación —principalmente prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones, AUH) y los intereses de la deuda en pesos ajustable por CER— se actualizan por un índice que corre por detrás.
"La marcha atrás del cambio de la metodología del IPC le daría cierta holgura a las cuentas públicas: los gastos subirían menos que los ingresos solo por razones estadísticas", explican los técnicos de la entidad bonaerense.
Este alivio fiscal se explica porque la canasta actual (2004) tiene una sobreponderación de bienes (que hoy viajan más lento por el ancla cambiaria) y subrepresenta a los servicios públicos, justo en un año donde el Ejecutivo avanza con la quita de subsidios. Si se hubiera aplicado la nueva canasta (2017/18), la inflación anual proyectada sería 2,7 puntos porcentuales más alta, impactando de lleno en la fórmula de movilidad jubilatoria y en el costo financiero de la deuda indexada.
Salarios y la realidad del bolsillo
La estrategia abona a una distorsión entre la estadística oficial y la realidad de los hogares. El informe advierte que, al medir la pérdida de poder adquisitivo con la canasta vieja, la caída parece moderada, pero al usar la estructura de consumo moderna, el desplome es severo.
Con la metodología actual, el salario privado registrado cayó un 1,2% en términos reales entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Pero, si se utiliza la canasta actualizada (2017/18), la caída real se profundiza hasta el 7,7% en el mismo período.
Atraso con respecto a la región
Esta brecha de más de 6 puntos explica por qué, a pesar de que el IPC muestra una desaceleración, los indicadores de pluriempleo y la irregularidad en las deudas familiares están en máximos históricos: el costo de vida efectivo sube más rápido que lo que marca el termómetro del INDEC.
El documento también pone el foco en el aislamiento estadístico del país. Mientras Argentina sigue utilizando una base de hace dos décadas (2004), sus vecinos operan con parámetros mucho más actuales que reflejan los nuevos hábitos de consumo, como el streaming o la telefonía móvil masiva.
- Uruguay utiliza una canasta base 2022.
- Chile actualizó a 2023.
- Brasil y Paraguay utilizan 2017.
"La Argentina queda rezagada en materia de estadísticas frente a países similares", sentenció el informe.
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