Tras un nuevo cortocircuito entre el Gobierno y algunos de los principales acreedores externos por el plan de reestructuración de la deuda pública, durante la mañana del viernes funcionarios del gabinete económico continúan manteniendo contactos vía zoom y conversaciones telefónicas con los representantes de los bonistas y el mensaje que se busca transmitir como una forma de presión es que el lunes cerraría el canje.
Así lo comentaron fuentes del gabinete económico, quienes admitieron que algunos de los principales grupos de inversión, especialmente BlackRock siguen firmes en su postura de exigir un compromiso de pago de los nuevos bonos del orden de 55 centavos por cada dólar de las nuevas láminas.
Precisamente, en ese punto, ya Economía decidió plantarse muy firme en su oferta final corregida de 50 centavos por dólar.
Pero también hay otras diferencias sustanciales, que hasta esta mañana no tuvieron trascendencia mediática.
El primer punto es la tasa de interés promedio, tema en el cual el ministro de Economía, Martín Guzmán y sus principales asesores se han mostrado prácticamente inflexibles.
Un alto porcentaje de los fondos de inversión exigen una tasa promedio del cuatro por ciento anual como "mínimo", algo que Guzmán y sus funcionarios consideran "absolutamente inaceptables" para cerrar un programa sustentable y cumplible.
Deuda: los bonistas presionan a la Argentina por un "último esfuerzo"
Hay que recordar que la idea original del Ejecutivo se había basado en una tasa promedio del orden del 2,3 por ciento.
Otro punto crucial donde hasta el momento no hubo avances es en el período de gracia, ya que de los tres años que pretendía el Gobierno, se bajó a dos años, pero ese punto tampoco es aceptado por los fondos de inversión más grandes.
Los mismos quieren que Argentina comience a pagar intereses a partir de 2021, algo que en el Ministerio de Economía también consideran muy difícil por las necesidades de recursos que habrá que disponer para la etapa de post pandemia y porque claramente es un año electoral clave para el Gobierno.
Todas estas diferencias han sido motivo de un tira y afloje sobre lo que está en juego en materia de números.
Desde el Gobierno aseguran que asumir las correcciones que quieren imponer algunos de los acreedores externos implica una aumento en la erogación del Estado de unos 7.000 millones de dólares, mientras que fuentes ligadas a los fondos que abarca a los más intransigentes dicen que la cifra no supera los 4.500 millones de dólares.
En el mercado se comenta que el panorama hacia delante tampoco ayuda a recrear la confianza de los bonistas, porque varios fondos habrían puesto en duda incluso la capacidad de pagar de Argentina dentro del plan de reestructuración, en función de la seversa situación económica que está provocando en el país la extensa cuarentena.
LR/FeL
