Las reparaciones en la central nuclear Atucha II entraron en etapa final y las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) proyectaron volver a poner operativo al reactor en julio. El apuro por volver a tener activo el generador, que tiene una potencia de 745 MWe, responde al peso en los costos que tiene que afrontar el país para reemplazar esa energía, pero también para certificar que el modelo nacional de desarrollo y de sustitución de importaciones es válido. La orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner es apurar los planes de expansión que están en fases de proyecto o de incipiente implementación, con el objetivo de condicionar su desactivación ante un eventual gobierno en manos de Juntos por el Cambio.
En la puesta en funcionamiento de la central nuclear se juegan dos puntos centrales que el oficialismo tiene en su agenda: el modelo industrial, con generación de empleo y desarrollo local; y el ahorro de divisas, en un contexto en donde los dólares pusieron en jaque a las reservas del Banco Central. Si sale bien, la NASA argentina será parte de la agenda de campaña electoral del Frente de Todos, como un caso de éxito para garantizar la energía eléctrica limpia durante el invierno, y evitando un gasto de USD 400 millones y pérdidas “incalculables” por falta de facturación.
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Pero existe, también, una resistencia ideológica. Sucede que la empresa es una sociedad anónima con un capital social accionario distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (ENARSA) (1%), y está a cargo de la operación y la producción de energía nucleoeléctrica, a través de las centrales nucleares: Atucha I, Atucha II y Embalse. Entre las tres, tiene una potencia instalada total de 1.763 MW. En su conducción pesa la comandancia de La Cámpora, la agrupación conducida por Máximo Kirchner y que se alinea detrás de la comandancia de Cristina Kirchner, una de las socias del FdT.
El kirchnerismo copó la gobernanza energética
Desde su llegada al poder en 2003, el kirchnerismo supo tomar la gobernanza de los sectores energéticos y, con la creación de las sociedades anónimas integradas por el Estado, logró quedarse con todas las conducciones directivas, de modo de poder tomar las decisiones clave. Las centrales nucleares son un ejemplo de políticas en esa dirección, y sus nombres responden a esa identificación: Atucha I se llama Juan Domingo Perón; y Atucha II, Néstor Kirchner. Ambos fueron sancionados por el Congreso de la Nación en 2014 y se constituyeron en un símbolo de pertenencia.
Pero la expansión de sus cuadros técnicos y políticos llegaron a otras empresas, como YPF y Enarsa, como también en las Secretarías y Direcciones. Esa situación generó tensiones en el Frente de Todos, cuando otros sectores del Gobierno intentaron ocupar cargos estratégicos en las cajas descentralizadas más poderosas. El primero en sufrir el acoso kirchnerista fue el expresidente de YPF y actual embajador en Arabia Saudita, Guillermo Nielsen, que abandonó la petrolera de bandera a poco más de un año de gestión. Otro que se chocó contra el poder K fue el exministro de Economía Martín Guzmán, que vio fracasar su intento por quedarse con el control del organigrama de la Secretaría de Energía. La llegada de Sergio Massa y de la secretaria Flavia Royón distendió el escenario, pero La Cámpora mantuvo el poder de gestión.
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El plan aplicado fue de sustitución de importaciones. “La Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la que hizo Atucha I, tenía una política: ‘si se puede hacer acá, se hace acá’. Nosotros somos herederos y continuadores de esa idea”, afirmó el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, en diálogo con PERFIL, durante una recorrida por la central nuclear. Es por eso que quedó descartado el plan propuesto originalmente, para desmontar el reactivador y reparar la falla que está en la base del tambor que lo recubre, debido a que ese proceso duraría tres años y una inversión de USD 400 millones. “Con nuestro método, llevamos gastados 2 millones y el presupuesto total no superará los USD 20 millones. Pero nosotros no lo hicimos pensando en ahorrar plata, sino en ahorrar tiempo, porque la planta tres años parada es una fortuna incalculable”, sostuvo el mandamás de NASA.
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De repetir el éxito de Atucha I, el Directorio de NASA le dará un resultado clave para los intereses económicos y energéticos del país, justo cuando se calentarán los debates en torno a las propuestas presidenciales que abrirán las elecciones primarias de agosto. Uno de las cartas sobre la mesa que pondrá el kirchnerismo será la política energética y buscará incomodar a Juntos por el Cambio. Sucede que el antecedente más cercano es el “vaciamiento” financiero del complejo Atucha durante la gestión de Mauricio Macri, en donde se cerró la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén, y que obligó a importar ese tipo de agua D20, necesario para refrigerar las centrales nucleares que se encuentran en la ciudad bonaerense de Lima, a 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
“Información tienen. Conciencia, cada uno la interpreta a su manera. Si no, no habría un sector político que fomentó esta planta y la hizo progresar, y otro que la cerró. Qué tienen en su conciencia, no lo sé. Sí sé, claramente, de qué lado estoy yo”, sentenció Antúnez, en una crítica que buscó como blanco a la oposición. En NASA destacaron que la parálisis obligada de Atucha I provoca pérdidas importantes: por cada día que está apagada, deja de facturar unos USD 600.000. Y por cada mes, obliga a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a comprar combustibles para reemplazar esa falta de generación eléctrica el equivalente a un barco de Gas Natural Licuado (GNL), que en el mercado está valuado en unos USD 40 millones.
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El kirchnerismo buscará acelerar los planes de inversión en el área nuclear. Para eso, pretende conseguir el financiamiento de USD 8.000 millones para la construcción de Atucha III, que tiene lugar reservado en el predio bonaerense, en un margen del río Paraná Las Palmas. Allí las presiones de Estados Unidos para evitar que China, que ya tiene firmado un contrato comercial desde enero del año pasado, ingrese como jugador en un área clave para los intereses estadounidenses. Para eso, hizo saber de su disconformidad, justo en el marco de las negociaciones que mantiene Massa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar desembolsos antes de las elecciones. El organismo multilateral de crédito cumplirá un rol clave en ese debate.
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Pero también hay otros planes: reactivar la planta PIAP, construir el Almacenamiento en Seco para Elementos Combustibles Quemados (ASECG II) y extender la vida útil de Atucha I. La licencia de operación para la primera central nuclear del país, puesta en marcha en 1974, emitida por la Autoridad Regulatoria Nuclear finaliza en 2024, marcando el final de su primer ciclo de vida útil. “Desde el año 2006, comenzamos a realizar los estudios necesarios para evaluar el proyecto de extensión de vida y se concluyó que Atucha I podría generar energía limpia y segura por dos décadas más. La parada de reacondicionamiento tendrá una duración de treinta meses a realizarse entre 2024 y 2026 e implica una inversión de USD 450 millones, la creación de 2.000 puestos de trabajo directo e indirecto y la generación de oportunidades para proveedores nacionales calificados para las tareas de construcción y fabricación de componentes”, destacaron desde NASA.
De lograr poner en marcha todas las iniciativas, le dejará encendida la mecha de una bomba difícil de desactivar, porque una eventual paralización de los proyectos, de parte de un nuevo gobierno con políticas energéticas contrapuestas, le costará a la Argentina la pérdida de las inversiones implementadas hasta la actualidad, sumadas las demandas jurídicas por la caída de contratos comerciales. Pero, en particular, le dará elementos a ese sector del peronismo para denunciar un “plan de exterminio” de las políticas de autosustentabilidad energética, a través de las plantas nucleares del país.
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“Una decisión de esas características golpeará a la seguridad jurídica que tanto se reclama, especialmente en el área energética, que se transformó en la nueva estrella de la producción nacional, con posibilidades de exportación, como es el gas de Vaca Muerta. Esperemos que no se animen a tanto”, ironizó una fuente oficialista, vinculada al cristinista Instituto Patria.
AM / ED
