El sorpresivo anuncio de la intervención de la empresa Vicentin y posible expropiación no generó mayores ruidos dentro del Ministerio de Economía y el propio titular de la cartera no se opuso, estimando que esa iniciativa podría mejorar las posibilidades en las "trabajosas negociaciones" que se vienen manteniendo con los acreedores externos por la reestructuración de la deuda.
Según comentaron a Perfil fuentes del equipo ecónomico, Guzmán no participó directamente de la resolución del caso Vicentin pero fue consultado. El ministro de Economía estimó que la medida podría generar una baja en la cotización de algunos bonos de la deuda argentina y que eso podría impulsar a determinados acreedores a darle más celeridad al acuerdo con el Gobierno argentino.
"Igualmente, no estuvo trabajando en ese tema. Simplemente lo consultaron, pero su trabajo en este momento se concentra en cerrar el acuerdo por la deuda", resaltó uno de los integrantes del gabinete económico. Tampoco estuvo presente cuando el lunes el presidente Alberto Fernández realizó el anuncio en conferencia de prensa.
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De todas formas, entre los funcionarios del Ministerio de Economía había una "sensación de incomodidad" con la decisión adoptada con respecto a Vicentin, especialmente por el excelente diálogo que existe entre Guzmán y la cúpula del FMI, organismo que viene dando muestras de apoyo contundentes al ministro en las "arduas" negociaciones con los acreedores externos. "Se sabe que este tipo de medidas no son del agrado de los organismos internacionales de crédito", comentó otra fuente.
Deuda. La estrategia de Guzmán es mantenerse al margen de cualquier escándalo y concentrarse en resolver, en las próximas horas, una eventual prórroga en la fecha del cierre del canje y una nueva propuesta corregida por parte de Economía. Es inminente que el Ministerio de Economía anuncie una prórroga en las negociaciones hasta el 22 de junio o incluso más allá de esa fecha.
Esta sería la quinta fecha establecida para el cierre del canje de deuda por un monto en bonos bajo legislación extranjera de US$ 66.300 millones.
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Por el momento, fuentes cercanas a la negociación admiten que persisten diferencias aún en cuanto a lo que está dispuesto a comprometerse el Gobierno y lo que pretenden los acreedores externos. El FMI consignó que el país no podría ofrecer más de US$ 50. Según trascendió, el ministro incluiría un cupón atado a las exportaciones.
Las diferencias, aunque con bastante menor distancia que hace dos semanas atrás, se siguen concentrando en el valor por cada lámina de 100 dólares de los nuevos bonos, la tasa promedio ofrecida y un incentivo que ayude a generar un nivel de adhesión importante en los bonistas.
FN / PV
