Con la convocatoria presidencial a los gobernadores afines para este lunes en Olivos, la política impositiva volverá a colocarse en el centro de la escena, como lo viene siendo en las últimas semanas desde diferentes frentes, con distintas motivaciones y de una manera absolutamente inconexa.
Para un contribuyente, el peso de los impuestos nacionales y provinciales más las tasas y
contribuciones municipales es uno solo, pero a los dirigentes que toman las decisiones sobre esos
gravámenes parece costarles entender una realidad tan evidente y prefieren encarar -si es que lo
encaran- un análisis limitado a un impuesto o una jurisdicción en lugar de ver a toda la estructura
tributaria en su conjunto.
La coparticipación parcial o plena del impuesto al cheque enfrenta a oficialistas y
opositores, que hasta el momento discuten el problema en todos los ámbitos menos en el que
corresponde, falta de quórum mediante. Como si estuvieran en otra dimensión, en el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires se intenta imponer un nuevo aumento en el ABL, sumado al que Mauricio Macri
acordó con su predecesor Jorge Telerman antes de asumir. Por otro lado, el ministro Amado Boudou
desairó a la Corte Suprema y a la provincia de Santa Fe al no concurrir a un audiencia por la
detracción del quince por ciento de la coparticipación, dispuesta hace casi dieciocho años para
financiar la transición hacia un sistema previsional que ya no existe. El cuarto elemento de esta
comedia de enredos la dio el presidente del PJ, Néstor Kirchner, convocando a los gobernadores
afines a discutir, en algún momento del año, una nueva ley de Coparticipación, para lo que se
formaría una comisión especial.
No hace falta recordar qué decía el fundador del Justicialismo sobre el sentido de las comisiones. Simplemente alcanza con señalar que ya en mayo de 2003, poco después de ser electo presidente, Kirchner convocó a la misma (no) discusión. Y que nadie se inmuta por vivir en un país en estado de violación constitucional desde hace más de trece años, si se tiene en cuenta que la disposición transitoria sexta de la Carta Magna de 1994 obligaba a aprobar una nueva ley de Coparticipación "antes de la finalización del año 1996".
Tampoco es agradable repasar la infinidad de cursos, seminarios, jornadas y congresos de economistas, funcionarios y legisladores que desde entonces lanzaron mil y una propuestas en ese sentido: siempre se plantea el tema como si nada hubiera ocurrido.
El viejo debate entre "lo urgente y lo importante" atraviesa desde siempre todas las modificaciones de la estructura tributaria argentina. ¿Hace falta aclarar que la urgencia se impuso siempre? La historia parlamentaria ha dejado más de un ejemplo en que aumentos en alícuotas tuvieron que aprobarse en tiempo récord para que la ley se publicara en el Boletín Oficial antes de fin de mes, por no hacer referencia a los impuestos "transitorios" que se eternizan por generaciones. No es una exageración, Ganancias -nacido como impuesto a los Réditos- surgió hace 78 años como gravamen transitorio. El mes que viene, el impuesto al cheque cumplirá sus primeros nueve años en su segunda versión. La primera había sido derogada en 1992 por ser considerada "distorsiva" por Domingo Cavallo, el mismo ministro que lo relanzó nueve años después. Quizás ningún otro impuesto resuma como este el triunfo de la urgencia sobre la importancia. Nació con una alícuota del 0,25 por ciento y como pago a cuenta de Ganancias. Al poco tiempo la alícuota subió al 0,6 por ciento y dejó de ser tomado como pago a cuenta. Todos, absolutamente todos los que participan de la discusión sobre su coparticipación, reconocen que el impuesto desalienta la bancarización y la formalidad, pero nadie propone su derogación.
Pero al margen de la conveniencia o no de establecer determinado impuesto, la desconexión entre la Nación y las provincias a la hora de debatir la política impositiva lleva a situaciones absurdas. En una sociedad que soporta la carga tributaria más alta de su historia y que, sin embargo, no parece ser suficiente para financiar el gasto consolidado, ¿se puede hablar de modificar impuestos provinciales sin tocar la estructura nacional, o viceversa? La pregunta apunta directamente a la falta de conexión en las discusiones sobre el ABL porteño y la coparticipación de los impuestos nacionales. Como rezago de otro debate inconcluso (el de la autonomía) el ABL hace las veces del equivalente al inmobiliario urbano de las provincias, si bien desde el punto de vista del Derecho tributario no es exactamente lo mismo. El debate se puede hacer extensivo a cualquier provincia en la que se plantee un incremento de los impuestos propios, algo que ya pasó a fines del año pasado en varias jurisdicciones y volverá a pasar en tanto no se resuelvan los apremios financieros de los estados del interior.
En este punto hay que tener en cuenta que, por sus diferentes modalidades de cobro, hay impuestos que parecen tener mejor "prensa" que otros. Los contribuyentes del Inmobiliario, ABL o Patentes saben cuánto tienen que pagar, porque el importe está impreso en las boletas correspondientes. No es el caso del IVA, por ejemplo, que se paga en diferentes operaciones comerciales sin que se discrimine cuánto del precio total corresponde al impuesto. Asimismo, los primeros impuestos son valores fijos y la alícuota del IVA es un porcentaje, por lo que su recaudación aumenta en forma automática y proporcional a la de los precios del bien o servicio gravado.
El lector podría obviar esta engorrosa y tediosa explicación con la simple tarea de comprobar cuánto paga en cada caso. Las diferencias varían según la jurisdicción y el valor de los inmuebles, pero más de uno se llevaría la sorpresa al observar que paga casi veinte veces más de IVA que de ABL o Inmobiliario.
La dos discusiones, pues, no pueden abordarse por separado. Un aumento del Inmobiliario no puede aprobarse sin plantear una rebaja equivalente de los impuestos nacionales. Pero como esto a su vez afectaría el financiamiento del Estado nacional, los dos debates deben realizarse dentro de uno mayor y englobador, que es el de la coordinación de la estructura impositiva nacional con las de cada una de las 24 jurisdicciones. Una discusión que siempre se anuncia y nunca se lleva a cabo.
(*) Agencia DYN
