Con fecha 19 de mayo las Comisiones de Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda dieron dictamen favorable al proyecto que modifica la Ley 27.506 del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, con el fin de incentivar las actividades basadas en el uso de la tecnología, principalmente a través de beneficios fiscales y apuntando más que nada a las PyMES que se espera sea tratado en el Congreso.
Recordemos que la Ley 27.506 fue aprobada a mediados del 2019 luego de un consenso político y trabajo en equipo que duró dos años, pero su aplicación fue posteriormente suspendida, para ser finalmente reemplazada por un nuevo proyecto de Ley. Este incluye algunos cambios “con el fin de lograr una ley más progresiva, equitativa, federal y solidaria” pero mantiene la mayoría del articulado, sin abandonar el principal propósito.
Ley de Economía del Conocimiento: por qué el Gobierno posterga la aplicación de beneficios
Entre las principales modificaciones de este proyecto respecto a la Ley anterior, podemos destacar la eliminación de la cláusula de estabilidad fiscal para las empresas, reemplazándola por una estabilidad de los beneficios por el período de vigencia del Régimen, así como la limitación de los beneficios previstos para las empresas más grandes, con el fin de “equilibrar el gasto fiscal para el Estado” y la modificación de la forma de calcular el beneficio proveniente de la alícuota del Impuesto a las Ganancias.
Además, se han propuesto criterios más exigentes para el ingreso al Régimen, así como también la evaluación y la permanencia en el mismo, con un tratamiento diferenciado según el tamaño de cada empresa y la madurez productiva.
Otro de los cambios que plantea el proyecto es la limitación al ingreso a aquellas empresas que prestan “servicios profesionales”, las cuales deberán cumplir con la exigencia del 70% de exportaciones y no podrán ser empresas sin facturación. Ello, con el objetivo de ajustarse a parámetros que se acerquen a los objetivos de las actividades promovidas por la economía del conocimiento y de fomentar sólo aquellas empresas que generen divisas y empleo de calidad.
La capacitación es uno de los puntos que no se ha visto modificado y resulta una de las claves del Régimen, en tanto los profesionales del “mundo IT” y de las industrias creativas valoran el conocimiento y entienden la importancia de la educación en sus carreras ya que sus saberes son la materia prima de su trabajo. También se mantiene la perspectiva de género: con el nuevo Régimen se espera doblar el número de mujeres que trabajan en esta industria, por lo que uno de los incentivos adicionales es las nuevas incorporaciones laborales de “personas de género femenino”.
Tal vez varios crean como una paradoja que sea la pandemia la que haya dado impulso a esta Ley, pero nos parece todo lo contrario, que justamente son estas épocas de recesión las que muestran que la industria del conocimiento lidia estos tiempos mejor que otros y es necesaria para afrontar las crisis.
En los últimos años el sector de servicios digitales se ha posicionado como uno de los más pujantes de la economía local, al punto de ser un “superávit” ininterrumpido. Frente a un difícil contexto en materia laboral, la economía del conocimiento sigue dinamizando el sector, generando cada vez más empleos.
Ley de Economía del Conocimiento: qué implica para el desarrollo de la industria
Por eso la expectativa por esta ley encuentra completamente justificada. La aplicación de un Régimen como en el propuesto demuestra que Argentina se ha anticipado a los hechos, liderando el movimiento a escala regional, dándole continuidad al marco legal de la vieja Ley de Software y logrando un horizonte con más certezas para crear mejor empleo.
Además, la Ley de Economía del Conocimiento es transversal, opera sobre el resto de los sectores con innovación, e incluso fortalece el federalismo.
La Economía del Conocimiento busca transformar, es decir, cambiar pero sin perder la identidad. Se trata nada más y nada menos que de transformar la economía a través del conocimiento.
* Consejera del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
