La Cámara Argentina de Comercio (CAC) le pidió este lunes al gobierno implementar medidas orientadas a “eliminar o reducir” conflictos judiciales vinculadas a la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de las empresas que logren sobrevivir a la actual crisis económica derivada de la pandemia por coronavirus, con el fin de “proteger la trama empresaria local”
La entidad formuló la solicitud a través de una carta enviada al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmada por el titular de la CAC, Jorge Luis Di Fiori, y por el secretario Mario Grinman
En la misiva, la CAC expresó su “profunda preocupación por los efectos actuales y futuros” de la crisis económica que atraviesa el país en el marco de la pandemia por coronavirus, y propuso la implementación de una serie de medidas que -alegó- “al reducir la judicialización, colaboren con la protección de la trama empresaria local”
La institución aludió a la caída de la actividad económica, al deterioro del empleo y en la cantidad de empresas activas, a la “preocupante evolución de la recaudación tributaria” y al empeoramiento de los indicadores sociales.
En este contexto, la CAC afirmó que hay empresas “profundamente afectadas en su estabilidad financiera por el corte de las cadenas de pago y la caída de la actividad”, y consideró “imprescindible anticiparse a las derivaciones de la crisis en curso, como ser las asociadas a la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de las empresas que logren sobrevivir a las actuales dificultades”.
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“La múltiple y bienvenida asistencia estatal al sector privado (en materia laboral, crediticia e impositiva) en muchos casos no ha logrado evitar el incumplimiento de obligaciones asumidas por las empresas, lo que da lugar a una conflictividad latente que las expone —especialmente a las MiPyMEs— a su potencial extinción”, advirtió.
Por eso, argumentó que es “fundamental” implementar “acciones tendientes a eliminar o reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad, judiciales y extrajudiciales, presentes y futuras, generadas por esta realidad”.
“La adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia preservará la operatividad de las unidades productivas y evitará la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales”, fundamentó.
En este marco, la CAC propuso la instrumentación de las siguientes medidas:
1) Creación de una instancia administrativa específica con facultades conciliatorias que funcione como espacio alternativo de solución de controversias previo a la judicialización del conflicto.
2) Suspensión temporal de medidas cautelares,, embargos,, inhibiciones, ejecuciones, basadas en obligaciones incumplidas en el curso (o como consecuencia posterior) de la aplicación de las medidas de emergencia dictadas por los Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales.
3) Regulación normativa del proceso de regularización del endeudamiento con los fiscos, para permitir recuperar la recaudación sin destrucción de empresas.
4) Adecuación de la legislación aplicable en materia concursal en relación con la situación de emergencia pública sanitaria.
5) Determinación de esquemas de financiamiento de los pasivos con el sistema financiero, incluyendo a las tarjetas de crédito.
