El Gobierno confirmó que definitivamente tomó nota de la aceleración de la inflación, lo que se vio también en el apuro por tener un nuevo IPC (que llevó a una nueva y lamentable intervención en el Indec). Los anuncios de ayer muestran entonces que el objetivo del Gobierno fue poner lo antes posible algo más de plata en el bolsillo de los trabajadores. Hay claros elementos que se destacan de la mejora. La eliminación del arbitrario criterio de $ 15 mil entre enero y agosto de 2013 (que rompía la lógica del impuesto más progresivo que tiene nuestra distorsiva estructura tributaria) y la retroactividad a enero eran no sólo necesarias, sino también justas. Sin embargo, las modificaciones claramente se quedaron cortas. Las nuevas deducciones liberan, como dijo Alberto Abad, a 180 mil trabajadores de la obligación de tributar, pero incorporan al menos a 220 mil anteriormente exentos. Más importante aún, si ésta es la estructura que va a regir en lo que resta del año, las paritarias volverán a meter a muchos trabajadores dentro del impuesto. Con paritarias de 30%, un millón de trabajadores adicionales pasarán a tributar, llevando el porcentaje de alcanzados al 20%, cuando en 2003 era 11%. Si bien puede haber algún alivio en relación con la estructura anterior de Ganancias, las modificaciones dispuestas garantizan que va a aumentar la base imponible del impuesto y relegaron a más de un millón de trabajadores autónomos. Lo más importante es que las escalas del impuesto, fijadas en los 90, deben ser modificadas urgentemente. Con las actuales escalas, una persona con una ganancia neta imponible (que no equivale a decir ahorro mensual) de $ 10 mil ya tributa una tasa de 35%. Si se incorpora la inflación de Congreso registrada desde 2006 hasta la actualidad, esta cifra superaría los $ 70 mil. Resulta claro que el límite que hoy tiene el Gobierno para avanzar en una reforma más profunda del impuesto es el costo fiscal. Si bien la estimación de la AFIP ($ 49 mil millones) luce abultada, está claro que es de magnitud. Además, hay que recordar que de cada $ 100 que se recaudan de Ganancias, el Tesoro recibe $ 20, la Anses $ 30 y las provincias $ 50. Desde el lugar en que la sociedad nos confió, venimos apoyando, con reparos, las medidas que el Gobierno viene adoptando. La eliminación del cepo cambiario, la quita de retenciones y la suba de tarifas son medidas que hubiésemos tomado de manera distinta, pero son temáticas que hubiésemos también abordado rápidamente. Lo que nos preocupa es cómo se distribuye el costo de las medidas que se toman. El sector transable se benefició con la suba del dólar y la quita de retenciones. El sector empresario trasladó el aumento de costos a los precios finales. Los bancos cobran una mayor tasa de Lebac y $ 40 mil millones por el negocio del dólar futuro. El Gobierno soportará el costo fiscal de las medidas adoptadas, pero también ahorrará por menores subsidios. Los trabajadores, en cambio, hasta ahora sólo sufrieron la aceleración de la inflación. El cambio en Ganancias era urgente y necesario, pero también incompleto e insuficiente. En esta línea, el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias que proponemos contempla deducciones más elevadas, lleva las escalas a lo que representaban en términos de poder de compra en 2006 e incorpora a los autónomos. Más aún, así como en la determinación del impuesto se reconoce que la capacidad contributiva de alguien que tiene hijos no es la misma que la de alguien que no, también proponemos diferenciar a un dueño de un inquilino, incorporando alquileres en las deducciones. Como puede verse, la discusión no está terminada, sino que recién empieza
