La canasta de básica de un jubilado que calcula la Defensoría de la Tercera Edad cada seis meses escaló un 26,1%: pasó de $ 1.200.523 a $ 1.514.074 entre abril y octubre. Pero el costo de los medicamentos y artículos de farmacia se incrementó, en el mismo periodo, en un 54,8% (de $ 260.245 a $ 402.880). Con esto, el rubro es ahora el de más incidencia en la canasta, a diferencia de lo que había ocurrido en las mediciones anteriores. Hasta ahora el mayor peso relativo lo tenían los alimentos. En octubre la jubilación mínima con el bono de $ 70 mil será de $ 396.304, lo que no alcanza a cubrir ni siquiera el gasto en medicamentos: en total, ese ingreso apenas alcanza a solventar la cuarta parte de lo estimado por la Defensoría para los gastos mensuales (26%).
De ese total, $ 348.000 es lo que un jubilado necesitaría destinar a alimentos básicos (aumentaron un 24,3% respecto a la estimación de abril); $ 294.000 es lo que cuesta, como mínimo, el rubro vivienda (que se incrementó en un 20%); $ 123.050 es lo estimado para servicios (un 15% más) y el resto se va en transporte ($ 85.200), vestimenta ($ 57.500) y recreación ($ 96.000). “Los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”, expresaron desde la Defensoría en un comunicado firmado por Eugenio Semino.
“Los intentos de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor”, concluyeron.
En diálogo con PERFIL, el gerontólogo expresó que, en el rubro medicamentos “los que más aumentaron fueron los insumos de farmacia, como por ejemplo los protectores para incontinencias urinarias no patológicas o los fijadores para prótesis dentales”. Respecto a los medicamentos que antes tenían 100% de cobertura por parte de PAMI y a las mayores restricciones aplicadas a los jubilados para adquirirlos aclaró que, si bien no están contemplados en esta medición “tienen un peso importante en la realidad, porque hay muchísimos que perdieron esa cobertura”. A eso se le suma “el corte del descuento a medicamentos eventuales, de uso sin receta”.
En mayo la Justicia había ordenado la restitución de la cobertura del 100% en medicamentos para todos los jubilados de Córdoba en tanto se resolviera un amparo que llevaron adelante diferentes organizaciones. Pero los abogados que presentaron el recurso colectivo en ese momento explicaron a PERFIL que, cinco meses después, no sólo el PAMI no cumplió con la disposición de la Justicia, sino que además falsificó información.
“Desde APDH y otros organismos hicimos una denuncia contra los directores del PAMI por su incumplimiento de la Resolución de la Justicia Federal sobre la provisión de medicamentos esenciales a los jubilados de la provincia”, comentó Carlos Vicente, uno de los abogados denunciantes, a este medio. “No solamente incumplieron con la medida ordenada por el Juez Federal, sino que cometieron estafa procesal: los directores de PAMI informaron al juzgado que estaban cumpliendo la cautelar y entregando medicamentos, cuando en realidad no lo hicieron nunca desde diciembre de 2024. Más allá de cualquier opinión, es increíble el desprecio que tienen por las instituciones”, agregó.
“La cautelar dictada por la Justicia, que obligaba al PAMI a volver a cubrir los medicamentos, se hizo extensiva a Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán, provincia de Buenos Aires y CABA”, aseguró Vicente. Es decir, “a más del 70% de los afiliados a PAMI”. En todos los casos, aseveró, el PAMI incumplió.
El fin de las moratorias ya impacta en las estadísticas
Los ingresos y la cobertura en medicamentos no fueron los únicos que se resintieron durante el último año. También disminuyó la cantidad de personas con edad jubilatoria que reciben una jubilación o pensión: según el dossier estadístico que publicó esta semana el Indec, el 82% de las personas con la edad suficiente accedían a estos ingresos para el tercer trimestre de 2024. El informe anterior –con datos hasta 2022, pero publicado en octubre de 2024– revelaba que el porcentaje de personas que recibían una pensión o jubilación ascendía al 88,7%. La mayor caída se dio entre los hombres: en el reporte de 2024 el 89,2% accedía al beneficio, mientras para fines de 2024 esta cifra se redujo al 73%. En un año, la cobertura universal (contando hombres y mujeres) cayó 6,7 puntos porcentuales.
Esto se podría explicar en parte, afirmó Semino, por el fin de las moratorias. A largo plazo, “las mujeres van a quedar todas afuera”, expresó. “Por ahora lo que vemos todos los días en la Defensoría son casos de hombres que piensan que tienen los 30 años de aportes y cuando chequean los datos les faltan tres o cinco y no pueden jubilarse”. En esos casos, o acceden a una PUAM o siguen trabajando.
El fin de las moratorias, sintetizó, “se va a notar cada vez más en las estadísticas”.
