La morosidad dejó de ser solamente un indicador de la salud del sistema financiero. Detrás de las cifras aparece un proceso más concreto, en donde cada vez más personas acumulan atrasos durante períodos prolongados, sus deudas son transferidas a empresas especializadas en cobranzas y el crédito empieza a utilizarse no tanto para financiar consumo, sino para intentar sostener una situación financiera que se vuelve cada vez más difícil de contener.
Encuesta: el 76% de los endeudados recurre al crédito para pagar alimentos, salud y servicios
En julio, casi 900.000 personas tenían compromisos financieros que habían pasado a manos de agencias de cobranza, según información del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborada en base a datos del Banco Central. El fenómeno viene creciendo desde noviembre de 2024 y muestra cómo una parte de las deudas deja de ser administrada directamente por las entidades que otorgaron originalmente el financiamiento.
Se trata de 11 entidades acreedoras, entre estudios de cobranza, fondos de inversión y fideicomisos, que concentran el 15% de los deudores morosos y el 9,6% de las líneas de crédito irregulares. Sin embargo, esas carteras representan apenas el 3,6% del monto total moroso. El negocio consiste en adquirir créditos de difícil cobro por una fracción de su valor y luego intentar recuperar una suma mayor directamente de los deudores.
Ese cambio de manos también modifica la experiencia concreta de quienes están endeudados. Según el IAG, estas entidades pueden recurrir a mecanismos de presión y hostigamiento para intentar recuperar los créditos, prácticas que están penadas por ley. Entre las formas mencionadas aparecen las llamadas a familiares o parejas y otras presiones vinculadas al proceso de cobro.
Una mora que se vuelve cada vez más larga
La profundidad del problema no está solamente en cuántas personas entraron en mora, sino también en cuánto tiempo permanecen allí. El 26,9% de las personas endeudadas son morosas, lo que equivale a 5,6 millones de personas con al menos una línea de crédito con atraso en el pago. Dentro de ese universo, 3,4 millones están clasificadas como “irrecuperables”, es decir, acumulan un atraso de un año o más. Esa cifra representa el 16,8% de los deudores.
La evolución interanual muestra hacia dónde se está desplazando el problema. Entre julio de 2025 y julio de 2026, la cantidad de deudores sin atrasos cayó en 887.010 personas. También descendieron los deudores con atrasos de entre uno y tres meses y los que acumulaban entre tres y seis meses. En cambio, crecieron en 536.899 los que tenían entre seis meses y un año de demora y en 1.298.950 quienes acumulaban más de un año.
En total, los deudores morosos aumentaron en 1,7 millones durante ese período. El segmento con más de un año de atraso creció 60% interanual y ya alcanza a 3,4 millones de personas.
La magnitud también puede medirse sobre el universo potencial de personas que pueden endeudarse. Si se consideran los 34.970.989 mayores de 18 años, los 5,6 millones de deudores morosos representan el 15,9% de esa población.
El crédito como salvavidas también empieza a agotarse
La presión sobre las familias aparece también en la forma en que se utiliza el crédito. Una encuesta nacional de Management & Fit mostró que el 71,9% de los consultados tenía algún tipo de deuda. La tarjeta de crédito era el principal instrumento utilizado para financiarse, seguida por los préstamos personales y los créditos de billeteras virtuales. Pero el dato más significativo aparece al observar para qué se toma esa deuda: el 33,4% de los endeudados afirmó haber recurrido al crédito para comprar alimentos y cubrir los gastos del mes, mientras que el 25,9% lo hizo para pagar otras obligaciones, refinanciarse o ponerse al día. Es decir, aproximadamente uno de cada cuatro endeudados tomó nueva deuda para afrontar deuda anterior.
La encuesta también mostró que el 53,6% afirmó que los ingresos familiares no alcanzaban para cubrir los gastos habituales, mientras que la dificultad para llegar a fin de mes apareció como la principal preocupación personal, con el 24% de las respuestas. Los problemas de índole económica concentraron el 71,4% de las menciones.
En paralelo, la morosidad bancaria de las familias llegó en julio al 12,9%, frente al 5,6% de un año atrás, de acuerdo al último informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El ratio de irregularidad del conjunto del crédito al sector privado se ubicó en 7,7%, mientras que para las empresas fue de 3,6%. El Banco Central señaló que el indicador familiar de 12,9% fue apenas 0,1 puntos porcentuales superior al de junio.
Así, mientras el indicador mensual muestra una variación muy acotada, la comparación anual da cuenta del deterioro acumulado. En particular, gana peso el grupo de personas que permanece durante períodos cada vez más prolongados dentro de la mora.
La trayectoria de la mora preocupa más que el dato de un solo mes
Para Nicolás Parreira, economista y director del grupo Sigma, el aumento de 0,1 punto porcentual de julio no resulta significativo si se observa únicamente el último mes. “Lo preocupante aparece cuando miramos la trayectoria”, señaló. La mora de las familias estaba alrededor del 2,5% hacia fines de 2024 y hoy está en 12,9%, mientras que en préstamos personales y tarjetas se acerca al 15%. “Y todavía no vemos en la curva una reversión de esa tendencia”, agregó.
Para el economista, la evolución de la mora debe analizarse junto con lo ocurrido con el crédito. “Venimos de un período de fuerte expansión del financiamiento a las familias y ahora estamos viendo la maduración de una parte de esa cartera en un contexto diferente, con tasas más altas y menor dinamismo de la economía”. De hecho, en julio el crédito a las familias cayó 1,1% real, principalmente por tarjetas, y aun así la mora siguió aumentando.
Eso, según Parreira, muestra que el problema no depende solamente de cuánto crédito nuevo se está otorgando hoy, sino también de la calidad de la cartera que se originó durante la expansión anterior. No considera que la mora necesariamente vaya a seguir aumentando al mismo ritmo porque algunos indicadores muestran una desaceleración del deterioro, aunque para hablar de un cambio de tendencia necesita observar que la mora efectivamente empiece a bajar durante varios meses. “Hoy eso todavía no ocurrió”, sostuvo.
Para entender el aumento de la mora, Parreira plantea mirar lo que ocurrió antes. Durante 2025 hubo una expansión muy fuerte del crédito a las familias, especialmente en préstamos personales y tarjetas. Ese crecimiento permitió recuperar el financiamiento, pero también amplió rápidamente el stock de deuda de los hogares.
Después cambió el escenario financiero. Finalizando 2025, en las elecciones de medio término, aumentaron las tasas de interés y se encareció la financiación, afectando especialmente a quienes necesitaban refinanciar saldos o continuar utilizando crédito de corto plazo. Una familia que podía sostener determinado nivel de deuda con un costo financiero menor empezó a necesitar una proporción mayor de sus ingresos para atender esos mismos compromisos.
El deterioro, según explica, aparece con rezago. “El gráfico del BCRA es bastante claro: la mora de las familias estaba alrededor de 2,5% hacia fines de 2024 y llegó a 12,9% en julio de 2026”. Si se observan específicamente los préstamos personales y las tarjetas de crédito, la irregularidad ya está cerca del 15%.
“No estamos frente a un movimiento puntual de julio, sino frente a un proceso que lleva varios meses”, sostuvo Parreira. A eso se sumó posteriormente una economía con menor dinamismo.
El economista también señala que la mora tiene inercia. “Aunque hoy se otorgue menos crédito o bajen las tasas, una deuda que ya entró en situación irregular no se normaliza inmediatamente”. En julio el crédito a las familias cayó 1,1% real y, sin embargo, la mora volvió a aumentar.
Una discusión abierta sobre qué significa realmente el aumento de la mora
Para Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases, la lectura de los datos requiere cautela. “Una variación de 0.1 puntos porcentuales tanto para arriba como para abajo significa que el número está estable. Hablar de aumento respecto del mes anterior es una irresponsabilidad, de la misma manera que si hubiese bajado 0.1, no deberíamos hablar de descenso”, señaló ante una consulta de PERFIL.
Su mirada apunta a diferenciar el deterioro acumulado de la dinámica mensual. Según Sarano, hacia adelante sería esperable que los números bajen porque “las tasas están estabilizadas en niveles más bajos, la inflación está desacelerando y los shocks externos están menguando”.
También plantea que no resulta sencillo comparar la mora bancaria actual con otros momentos históricos porque, según sostiene, “Es imposible comparar la mora bancaria actual con cualquier punto a nivel histórico”. Desde esa perspectiva, la morosidad forma parte del riesgo propio de un sistema financiero que vuelve a expandirse después de un largo período de escaso desarrollo crediticio.
“En Argentina, después de 20 años sin sector financiero, nos olvidamos cómo es que trabaja un banco en cualquier lugar del mundo”, sostiene Sarano. Para el economista, la tasa de interés activa incorpora no solamente el valor del dinero sino también el riesgo crediticio de quien recibe el préstamo.
Ese diagnóstico también delimita el papel que, a su criterio, debería asumir el Estado. Sarano sostiene que el Gobierno solo debería intervenir si la problemática se vuelve sistémica y compromete al conjunto del sistema financiero. En ese caso, la herramienta sería el Banco Central, mediante la provisión de liquidez a las entidades que eventualmente la necesitaran para cumplir con sus obligaciones frente a los depositantes.
Pero la discusión adquiere otra dimensión cuando se observa qué ocurre con los hogares. “Una intervención del gobierno no es gratuita. En primer lugar, sería un salvataje a los bancos, no a las familias”, afirma Sarano. Según su interpretación, una medida de ese tipo no modificaría la situación de quienes ya se encuentran en mora: seguirían en situación irregular ante el Banco Central y podría quedar afectada su capacidad de acceder nuevamente al crédito.
Además, señala otro efecto potencial: una intervención del Banco Central implicaría inyectar pesos en el mercado, con el riesgo inflacionario asociado.
FN/MSS
