La nacionalización de las AFPJ es un paso hacia la recuperación del Estado

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica (...).

Esto ordena nuestra Constitución Nacional en el Capítulo Primero sobre “Declaraciones, Derechos y Garantías” –tercer párrafo del art. 14 bis–, respecto de la cual todos los ciudadanos de la Argentina asumimos la obligación de defenderla.

De ella se desprende claramente, aún cuando la lente de algún interés particular pueda dificultar la lectura, que se trata de una obligación del Estado Nacional que es integral e irrenunciable.

En torno a estas declaraciones y garantías, el célebre constitucionalista G. Bidart Campos sostenía que la Constitución se vulnera no solamente cuando se hace lo que ella prohíbe, sino también cuando se deja de hacer lo que ella manda que se haga.

La reestatización del sistema de jubilaciones significa no sólo una reivindicación histórica de gran magnitud, sino, básicamente la adecuación de la conducta del Estado a los mandatos de la Constitución que regula sus actos. La privatización de este sistema provocó una transferencia de fondos del Estado hacia el sistema financiero; una real “sangría”. Para aportar alguna idea de lo
que estoy hablando, me voy a remitir a algunos datos “duros”:

Los fondos de jubilaciones y pensiones del sistema de Capitalización suman unos $97.919 millones de los cuales $53.441millones han sido invertidos en títulos públicos. Nuestra historia reciente y los acontecimientos actuales nos enseñan el riesgo ínsito en ese tipo de inversiones. Ese dinero, que a veces se invierte despreocupadamente, no es otra cosa que el ahorro de nuestros trabajadores.

La rentabilidad del ahorro asalariado en manos privadas ha sido de -10% (menos diez por ciento) para agosto de 2008. Los recursos que recibe el sistema de capitalización, anualmente rondan los $ 13 mil millones mientras que los beneficios que otorga rondan los $ 1.000 millones.

Claro está, es el Estado quien asume el costo de la Prestación Básica Universal (PBU).

Los 12 mil millones resultantes, en manos del Estado consolidarían definitivamente el supéravit de la Seguridad Social y del Estado Nacional y evitaría el trillado recurso al endeudamiento público.

Esto también es claro, la “sangría” de fondos, muchos de los cuales se perdieron ya en comisiones, especulación financiera y “otros”, provocó un déficit fiscal crónico y el agigantamiento de la deuda.

Ningún Estado desarrollado del mundo tiene un sistema de capitalización, aunque sea remotamente similar al nuestro. Es una idea descabellada.

La actual administración Bush, la misma que intervino en defensa del sistema financiero, sí, la misma, cuando pretendió privatizar el sistema de la seguridad social estadounidense obtuvo como fuerte contestación la respuesta de numerosos sectores; pero recordaré los dichos en particular de dos premios Nobel, porque basaron su repudio en la “enseñanza” argentina.

Paul Krugman escribió en diciembre de 2004 en el New York Times: Una de las mayores razones que explican el rápido ascenso de la deuda en la Argentina en los 90 fue una reforma de las pensiones que incluía el redireccionamiento de las mismas a cuentas individuales, un redireccionamiento que el presidente Carlos Menem al igual que el presidente Bush decidió financiar con endeudamiento en vez de impuestos. Por lo tanto, el Sr. Bush intenta emular un plan que sirvió para montar el escenario de la crisis económica Argentina.

Por su parte, el otro premio Nobel, me refiero a Joseph Stiglitz, escribió en abril de 2005 en The Guardian: Los Estados Unidos y el Mundo deben recordar: la privatización en la Argentina de su sistema de pensión estuvo en el centro de sus recientes calamidades fiscales. Si la Argentina no hubiera privatizado, su presupuesto habría estado básicamente balanceado.

No caben dudas de que debe reverse el modo en que todas estas inmensas tranferencias fueron llevadas a cabo, pero sobre todo, deben implementarse los mecanismos para revertir el dramático escenario en que quedamos insertos.

El sistema de la Seguridad Social cuyo principio fundante es la solidaridad, que hace al bienestar general, que pone en juego los ahorros del pueblo trabajador no puede estar en manos privadas cuyo ánimo es el lucro.

Estas medidas de recuperación, de implementación paulatina, tuvieron ya su inicio con la apertura del régimen en 2007. Recordemos que quien se casaba con –o era cazado por– una AFJP no podía divorciarse –o en su caso liberarse–.

No tengo dudas al respecto, es el Estado, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, quien debe retomar su rol dinámico y protector de los ciudadanos, más aún cuando lo que se encuentra en juego es el futuro de los argentinos.

La medida propuesta por nuestra Presidenta no sólo es de gran nobleza, sino que además trae consigo un gran sentido de la oportunidad dado el contexto global.

*Diputado de la Nación.