El Gobierno construyó buena parte de su programa económico sobre una premisa central: bajar la inflación y alcanzar el equilibrio fiscal para eventualmente avanzar con la reducción de impuestos.
Desde el primer día de gestión, la administración de Javier Milei apuntó contra uno de los principales problemas que afectaban a la economía argentina: una inflación que había llegado al 211% en diciembre de 2023. Para revertir ese escenario, el Gobierno aplicó una fuerte política de ajuste del gasto público con el objetivo de eliminar el déficit fiscal y avanzar hacia el equilibrio de las cuentas.
La estrategia logró reducir de manera sostenida el ritmo inflacionario, que hoy se ubica en torno al 30%. El problema es que esta receta generó un fuerte impacto en el nivel de actividad económica. Y cuando la economía pierde dinamismo, también se resiente la capacidad del Estado para recaudar.
Ese es el punto que empieza a plantear un límite para el programa oficial. En los primeros ocho meses de 2026, los ingresos tributarios acumularon $153,04 billones, aunque registraron una caída real del 3,7% frente al mismo período de 2025. Así, la política que permitió ordenar las cuentas y bajar la inflación también empieza a mostrar un costo elevado sobre la actividad económica, al mismo tiempo que debilita la base sobre la que se sostiene el equilibrio fiscal.
En agosto, la recaudación alcanzó $20,50 billones y mostró una contracción real del 0,2% interanual. El dato nominal, por sí solo, refleja mayores ingresos en pesos, pero al descontar el efecto de la inflación aparece una recaudación que todavía no logra acompañar el desempeño que necesitaría el programa fiscal.
La composición de los ingresos es, en ese sentido, uno de los datos centrales. Los impuestos más vinculados con la actividad interna continúan mostrando debilidad. El IVA DGI cayó 3% real interanual en agosto, mientras que el Impuesto a los Créditos y Débitos retrocedió 9%. La recaudación de la Seguridad Social también disminuyó 1% real, en un contexto de menor empleo formal.
Estos datos se complementan con los números de actividad económica. Y es que, según el INDEC, durante el segundo trimestre del año se confirmó una caída de 0,6% del Producto Bruto Interno respecto del primero. Así, después de un crecimiento de 0,7% en los primeros tres meses del año, la actividad pasó a terreno negativo en términos trimestrales. El resultado no alcanza todavía para definir una recesión técnica, ya que para eso debería registrarse una nueva contracción en el tercer trimestre. Sin embargo, el cambio de tendencia aparece en un momento en el que distintos indicadores comienzan a mostrar una pérdida de dinamismo.
Este dato, sumado a la caída en el nivel de recaudación, le plantea un difícil escenario al Gobierno, ya que, si no estimula el nivel de actividad, la economía podría entrar en recesión. Pero si lo hace, podría generar un salto en el nivel de precios, consecuencia que desde el Ejecutivo no estarían dispuestos a aceptar. De ahí surge el desafío: mejorar la actividad y los ingresos fiscales sin romper el sendero desinflacionario.
Para Leo Anzalone, director de CEPEC, la recaudación “viene mostrando cierta debilidad” y en los primeros ocho meses del año acumula una caída cercana al 4% real. Pero, según su análisis, más importante que el resultado agregado es observar la composición. “El IVA, que está muy ligado al consumo y a la actividad, cayó alrededor de 6% real en agosto, y también hay una dinámica floja en los recursos de la Seguridad Social”, señaló ante la consulta de PERFIL.
La dificultad de compatibilizar menor carga tributaria con una recaudación débil
La menor recaudación adquiere una importancia particular porque el Gobierno mantiene como uno de sus objetivos la reducción de la carga tributaria. El problema es que una baja de impuestos genera un costo fiscal inmediato, mientras que la eventual compensación vía mayor actividad necesita tiempo.
“Esto reduce el margen para seguir bajando impuestos si se quiere preservar el equilibrio fiscal”, explicó Anzalone. Según su análisis, para avanzar en una reducción de la carga tributaria el Gobierno necesita que la mayor actividad genere parte de esa compensación o, en paralelo, reducir otros ingresos o gastos. “No alcanza con suponer que una baja de impuestos se va a autofinanciar rápidamente”, agregó.
La tensión está dada por dos movimientos que deberían ocurrir en simultáneo para que el programa pueda sostenerse. Por un lado, el Gobierno busca reducir la presión tributaria para mejorar los incentivos a la producción, la inversión y las exportaciones. Por otro, necesita mantener un resultado fiscal compatible con el esquema de estabilidad, esquema que le permitió reducir la inflación a niveles del 30% interanual.
Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que la caída real del 3,7% acumulada hasta agosto de la recaudación combina una actividad económica que todavía no termina de recuperarse con la decisión oficial de reducir la carga tributaria, especialmente las retenciones.
De hecho, los derechos de exportación acumularon una caída real del 27,6% en el período. Para Piccardo, una parte de la disminución de los ingresos responde precisamente al alivio impositivo otorgado al sector privado.
“Es una señal que merece atención porque el compromiso de mantener el equilibrio financiero exige que el gasto acompañe la evolución de los ingresos, en un contexto en el que el margen para realizar nuevos recortes es cada vez más limitado”, sostuvo para este medio.
Fantasmas inflacionarios: El desafío de hacer crecer la economía sin romper el equilibrio
La alternativa para aumentar los ingresos de manera sostenible pasa, para los economistas consultados, por ampliar la base sobre la que se cobran los impuestos.
Anzalone plantea que una economía que crezca de manera sostenida permitiría recuperar recursos provenientes del IVA, Ganancias y los aportes a la Seguridad Social. Pero advierte que, si el crecimiento continúa siendo moderado o negativo, será más difícil combinar una reducción de impuestos con el equilibrio fiscal.
Piccardo coincide en que la forma sostenible de aumentar la recaudación es ampliar la base tributaria a través de mayor actividad, inversión y empleo formal. En su lectura, intentar acelerar el consumo mediante emisión monetaria o un mayor gasto sin financiamiento tendría efectos transitorios y podría comprometer el proceso de desinflación.
La inversión, en cambio, permitiría aumentar la capacidad productiva y crecer sin generar necesariamente las mismas presiones. Pero, según Piccardo, todavía no muestra el dinamismo necesario, en parte por un contexto internacional más adverso y por la incertidumbre sobre la continuidad de las reformas después de las elecciones del año próximo. Por eso, plantea que sostener el orden macroeconómico y dar previsibilidad resulta fundamental.
La diferencia aparece frente a la posibilidad de utilizar una política fiscal más expansiva para impulsar el consumo. Para Anzalone, la economía todavía tiene capacidad ociosa y una demanda que permanece fría, por lo que "un estímulo podría inicialmente impactar más sobre las cantidades que sobre los precios".
El riesgo inflacionario, según su análisis, aparecería si ese estímulo se mantiene más allá de la capacidad de respuesta de la oferta o termina generando un exceso de demanda. “Hoy no parece ser el principal problema”, sostuvo. El desafío es determinar cuánto estímulo puede darse sin comprometer el equilibrio fiscal y monetario que se viene buscando.
El gasto ya no tiene el mismo margen de ajuste
La otra variable de la ecuación fiscal es el gasto. Y allí también aparece una restricción para la estrategia oficial.
Piccardo considera que el Gobierno ya realizó un esfuerzo muy importante y que el margen adicional es “bastante más acotado”. Una parte significativa del gasto, especialmente las jubilaciones y otras prestaciones, está indexada, mientras que partidas como la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias ya tuvieron recortes profundos.
“Siempre hay espacio para mejorar la eficiencia, pero sería poco realista pensar que se puede seguir ajustando al mismo ritmo”, afirmó.
Por esa razón, y dado el compromiso de preservar el equilibrio fiscal, Piccardo no espera grandes bajas adicionales de impuestos hasta el próximo mandato. El margen para avanzar en esa dirección, según su análisis, dependerá de que el crecimiento y las reformas permitan sostener una mayor recaudación con una menor carga tributaria.
La discusión que se traslada a 2027
El Presupuesto plantea un escenario en el que la recaudación real crecería 5,7% en 2027, junto con una expansión del PBI del 4%. La posibilidad de alcanzar esa meta queda atada, en buena medida, a que la actividad consiga recuperarse con suficiente fuerza.
Piccardo considera que una recuperación del 4% del PBI daría sustento a una mejora importante del IVA y de Ganancias, aunque no garantizaría por sí sola el aumento previsto de los ingresos.
El economista mencionó que desde Libertad y Progreso tienen una estimación más moderada respecto a la expansión, en torno al 2,5%, por lo que también proyecta una recuperación menor de la recaudación. “Consideramos que la proyección oficial es exigente y que su cumplimiento dependerá de que la actividad y la inversión respondan con la intensidad que espera el Gobierno”, sostuvo.
La diferencia entre ambos escenarios resulta central para el programa económico. Con una economía creciendo con fuerza, una mayor actividad puede ampliar la base imponible y permitir que el Estado recaude más incluso con una carga tributaria menor. Con un crecimiento débil, en cambio, la reducción de impuestos se vuelve más difícil de compatibilizar con el equilibrio fiscal.
FN
