Mientras el Gobierno celebra un repunte de la actividad económica, un indicador de crisis se aceleró fuerte durante la gestión de Javier Milei. Un pedido de acceso a la información pública realizado por PERFIL al Ministerio de Capital Humano expuso que los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) se multiplicaron a casi 300 durante los dos primeros años de la era libertaria, alcanzando niveles que emulan el final de la administración de Mauricio Macri.
En 2025 la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo procesó 158 pedidos con 21 acuerdos homologados y 49 casos cerrados. Es una cifra superior a la de 2024, cuando con el inicio del plan de estabilización, los expedientes treparon a 131 (de los cuales 29 lograron acuerdos y 96 fueron archivados). La escalada es rotunda frente al gobierno del Frente de Todos, que había finalizado el 2023 con sólo 42 trámites. En las primeras semanas de 2026, ya se registran otros 10 expedientes iniciados hasta el 27 de enero.
“En lo que refiere a los registros de presentaciones en el 2025, es necesario tener en cuenta que muchos casos se encuentran aún 'en trámite', por lo que no puede afirmarse que deriven en una crisis efectiva”, indicó la información oficial, y agregó sobre los datos de enero: “Los expedientes se encuentran a la espera de la presentación de documentación contable por parte de las empresas y/o en instancia de audiencias entre las organizaciones sindicales y las empleadoras, con el objeto de tomar conocimiento de la situación particular de cada empresa y propiciar el acercamiento de las partes a fin de arribar a los mejores acuerdos posibles”.
El dato del último año ya se asemeja a la escalada de los PPC en 2018 y 2019 - de 158 y 183 respectivamente-, cuando la economía operaba en recesión, con caídas del Producto Interno Bruto (PBI) del 2,5% y 2,2% , coincidente con una intensa devaluación. En 2020, pandemia de por medio, el número se disparó a 498, pero con la zanahoria de los ATP que pagaba un porcentaje del salario en medio de un fenómeno inusual. Por el contrario, el 2025 cerró con un repunte del EMAE del 4,4%.
El fenómeno se explica por el desglose sectorial. El alza del índice general estuvo traccionada casi en exclusividad por sectores de base extractiva (agro y minería) y la intermediación financiera, fuertemente impulsada por el spread de tasas. En contraste, la industria manufacturera, el comercio y la construcción —los principales empleadores urbanos e intensivos en mano de obra— continúan en zona de contracción severa.
La industria en alerta por la cadena de pagos
El epicentro del estrés reside en la industria tradicional y sus niveles de productividad, con la mitad de las máquinas paradas y la capacidad instalada en 53,8% para diciembre. Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) señaló que más del 45,6% de las empresas reportó dificultades concretas para afrontar compromisos básicos de caja.
Las mayores trabas que hoy acusan las compañías se concentran en el pago de las obligaciones tributarias (33,2%) y en la liquidación a sus propios proveedores (31,9%). Esta extensión forzada de los plazos de pago —que en sectores de bienes de capital llega a demorar hasta 100 días— debilitó severamente la confianza interempresaria. El 53,3% de las firmas acusa una caída profunda en su volumen de producción y un 54,7% reporta bajas sustanciales en sus ventas internas.
Frente a este desplome histórico de la demanda y una altísima capacidad ociosa, las plantas industriales no logran prorratear sus altos costos fijos. Para poder cubrir los descubiertos bancarios diarios y evitar el apagón definitivo de las máquinas, las pymes se ven obligadas a convalidar tasas de interés astronómicas, licuando entre un 5% y un 6% mensual de su propio capital de trabajo.
La negociación gremial
En términos de ingeniería jurídico-laboral, esta figura actúa como un escudo extremo administrado por la Secretaría de Trabajo. Su objetivo es brindarle a una firma al borde de la quiebra un margen excepcional de ajuste, permitiéndole aplicar suspensiones masivas o licuar el costo de las desvinculaciones abonando solo la mitad de las indemnizaciones de ley. Para que la Casa Rosada habilite este paraguas legal, la empresa solicitante debe someterse a una auditoría y probar contablemente que padece un escenario de asfixia por contingencias económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, un paso exigido antes de enviar cualquier telegrama.
Sin embargo, abrir el expediente no garantiza luz verde para el abaratamiento automático de las cesantías. La normativa impone una instancia insalvable de negociación con las estructuras gremiales y exige la firma final de las autoridades laborales, una homologación que muchas veces termina judicializada en los tribunales.
Fuentes gremiales de peso confiaron a PERFIL que la cartera laboral está endureciendo los requisitos técnicos y pisando las homologaciones de los PPC, en un intento por evitar un impacto mayor en las estadísticas oficiales de desempleo. Ante el cerrojo oficial a este salvavidas legal, los sindicatos admiten que están actuando en la primera línea de contención. Obligados a intervenir preventivamente, se sientan a negociar acuerdos privados de emergencia con las gerencias de recursos humanos, validando el adelanto compulsivo de vacaciones o instaurando esquemas de suspensiones rotativas con recortes salariales para esquivar los cierres definitivos.
Además, los representantes sindicales alertaron sobre una preocupante dinámica en la base del ecosistema: crece el número de empresas que están ejecutando despidos sin pagar un solo peso de indemnización, argumentando que sus cajas están totalmente secas y operan en una cesación de pagos de facto, asumiendo deliberadamente el riesgo del litigio posterior.
Default del consumo y cierre de empresas
Según señalan en los pasillos de las fábricas, la parálisis productiva nace aguas abajo, producto de la nula capacidad de pago de la principal unidad económica: las familias. En diciembre, la morosidad relativa en el crédito destinado a los hogares saltó al 9,3%, marcando su valor histórico más alto desde 2010, según indicó un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).
El estrés de las carteras bancarias refleja que el 12,0% de los préstamos personales ya está en zona de irregularidad. El golpe castiga con mayor ferocidad a los deciles vulnerables: en los hogares con deudas menores (entre $25.000 y $123.000), el default se dispara a un alarmante 27,9%.
La peor cara de la crisis macroeconómica queda expuesta en las persianas bajas, una métrica en franco ascenso. Según los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), hasta noviembre de 2025 —contemplando los primeros dos años de la administración libertaria— la Argentina perdió 21.339 empresas empleadoras del sector privado.
Esta contracción brutal implica la aniquilación del 3,9% del total del tejido productivo nacional. La caída no sólo es significativa en términos absolutos, sino que evidencia un apagón corporativo transversal que afecta de forma generalizada a 23 de las 24 jurisdicciones subnacionales del país, tal como advirtió la consultora Politikon Chaco.
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