El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y frenó las medidas de fuerza impulsadas por UOM
El gremio comandado por Abel Furlán anunció un plan de lucha que comenzaba con un paro convocado para este miércoles, el cual quedó sin efecto tras la intervención de la Secretaría de Trabajo.
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La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció este martes un plan de lucha que consistía en tres medidas de fuerza de carácter nacional distribuidas a lo largo de todo marzo. Sin embargo, la iniciativa gremial quedó sin efecto luego de que el Gobierno dictara la conciliación obligatoria, lo que terminó frenando el paro de 24 horas que estaba programado para la jornada de este miércoles 6 de marzo tras el fracaso de las negociaciones paritarias entre el gremio y las cámaras empresarias.
La Secretaría de Trabajo intervino a pocas horas de que se iniciara el primero de los paros anunciados. El gremio que conduce Abel Furlán dictaminó seis jornadas de huelga que comenzaban este miércoles 6 de marzo con un paro nacional por 24 horas. Es en reclamo por subas en los sueldos frente a la inflación de los últimos meses.
El paro de este miércoles, que finalmente quedó sin efecto, iba a tener continuidad la próxima semana con un paro de 48 horas entre el 13 y 14 de marzo y otro de 72 horas la semana siguiente, entre los días 19 y 21 de marzo.
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"Desde diciembre pasado el sector empresario se niega a reconocer incrementos salariales que acompañen el índice de inflación", sostuvo Furlán sobre las discusiones que mantienen con la parte empleadora en las paritarias.
La UOM apunta a las cámaras ADIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR, CAMIMA y CAIAMA, en la rama 17 de la metalmecánica. Y en paralelo, a la Cámara Argentina del Acero integrada principalmente por el Grupo Techint, por la rama 21 de los siderúrgicos.
El sindicato exigió un aumento salarial del 35% a partir de febrero y la incorporación de una cláusula gatillo para activar mes a mes en base a los datos del INDEC.
Abel Furlán.
La propuesta de las cámaras era otorgar un anticipo del 15% "a cuenta de futuros acuerdos" a partir del 1 de febrero, lo que fue rechazado.
Los paros se convocaron "frente a la insensibilidad de los sectores empresarios que acumularon mayores niveles de rentabilidad en la Argentina durante los últimos años y en una actividad irresponsable pretenden perpetuar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores", detalló la UOM.
A pesar del llamado a las huelgas, los puentes no se rompieron y las negociaciones entre las partes continúan.
Paro nacional de los metalúrgicos: el comunicado de la UOM
“Tras decenas de encuentros fallidos en la búsqueda de consensos básicos y razonables sobre el valor del salario digno para las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos, desde el mes de diciembre pasado el sector empresario se niega a reconocer incrementos salariales que acompañen el índice de inflación”, comenzó el extenso comunicado en el que dieron a conocer la medida.
Posteriormente, denunciaron que "tanto el sector del empresariado nacional", nucleado en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Federación Argentina del Comercio en Artefactos para el Hogar y Afines (FEDEHOGAR), Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de Argentina (CAMIMA) y Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA), como, directamente señaladas, "las empresas siderúrgicas Grupo Techint y Grupo Arcerol Mittal" pretenden, afirman, "desconocer la justicia de este reclamo" en medio de "subas del 100%" en el precio de la chapa y los bienes de acero.
Para continuar el escrito, señalaron: "Las empresas del sector se benefician por la caída abrupta del costo laboral unitario, que sólo en 2023 cayó 36% y, desde 2016 a la actualidad, acumula una baja del 66%, lo que da cuenta de la desproporción entre los ingresos de las empresas y la remuneración de las personas que trabajan generando su riqueza".
Tras esto, recalcaron que los salarios que pagan las empresas "están por debajo de la Canasta Básica Alimentaria", hoy en $92.415 pesos para una persona y en $285.561 para una familia tipo de cuatro integrantes. "Frente a la insensibilidad de los sectores empresarios, que acumularon mayores niveles de rentabilidad en la Argentina durante los últimos años, y en una actitud irresponsable pretenden perpetuar la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores, vamos a luchar por la recuperación del salario y el valor de nuestro trabajo", sostuvo el texto.
Para cerrar, y sumado al anuncio del "Plan Nacional de Lucha", resolvieron “promover la participación activa de las 54 seccionales del país enarbolando los principios de unidad, solidaridad y compañerismo”. Según indicaron, quienes se plieguen a la medida de fuerza lo harán “en honor” a los 80 años que transitan en “la defensa de los derechos y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos y de un modelo de desarrollo industrial con justicia social”.
Cabe remarcar que la Unión Obrera Metalúrgica había acordado, el mes pasado, un incremento del 25,5% (correspondiente a la inflación de diciembre) para los sueldos de enero, que se aplicó sobre los salarios vigentes en la actividad al 31 de diciembre.
Salarios congelados en medio de una inflación que golpea fuerte
La entidad gremial no es la única que atraviesa, según denunciaron, congelamientos salariales en este marco adverso. Es que, mas allá de los avances paritarios en diversos rubros, hay sectores en donde, desde diciembre, y a merced de las cámaras empresarias, los aumentos han estado por debajo del IPC o, directamente, no se ha llevado adelante incremento alguno, congelando los ingresos, en estos casos, desde diciembre del año recientemente finalizado, simbolizando un duro estacazo a los ya golpeados bolsillos de los argentinos.
Esto, según un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales 'Scalabrini Ortíz', forma parte de la estrategia del "plan de shock" de Javier Milei, utilizando el ajuste en el sector público como "disciplinamiento para los trabajadores del sector privado", tal y como indicó un documento.
Con esto, según CESO, el Gobierno Nacional busca "controlar la inflación" a partir de "reducir la emisión monetaria y provocar una recesión para controlar la demanda", que se puede traducir, en otras palabras, en la búsqueda de una disminución a partir una caída del consumo, con un fuerte declive en el último bimestre, tal y como lo demuestran las cifras recientes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con una baja abrupta del 27% en el índice que registra las ventas minoristas, con los alimentos y los medicamentos como los principales rubros afectados.
