Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, el presidente argentino Javier Milei ha cumplido su palabra. Ha reducido drásticamente el gasto público, eliminado regulaciones anticompetitivas y cerrado la imprenta de pesos. La economía crece actualmente a un 6%, el gobierno mantiene un superávit presupuestario y la inflación ha bajado alrededor del 85%.
Sin embargo, el desempeño pasado no garantiza resultados futuros, especialmente en Argentina. En 1929, el país ocupaba el séptimo lugar mundial en PIB per cápita. Hoy ocupa el puesto 88. Debido a su pésimo historial crediticio, Argentina enfrenta una tasa de endeudamiento altísima para intentar recuperarse.
Larry Kotlikoff: “Será viable y una buena medida dolarizar”
Dado que los préstamos son inasequibles y la impresión de pesos podría reavivar la hiperinflación, el gobierno está operando al día. Sí, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha acudido al rescate, prometiendo, en palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent, “hacer lo que sea necesario”. Desafortunadamente, lo que se necesita para un crecimiento sostenido va mucho más allá de un acuerdo de swap de 20.000 millones de dólares. Argentina vive día a día de la credibilidad. Una fuerte caída del peso hundiría el futuro del país.
Milei planea secuenciar la reforma laboral y tributaria a la vez que dolariza gradualmente. En la mayoría de los países, la prudencia es lenta pero constante. Pero en la volátil Argentina política y económicamente, sin duda es demasiado poco y demasiado tarde. He aquí un plan de MAGA para que el país vuelva a crecer, que sin duda encantará a ambos presidentes.
Estados Unidos transformaría su préstamo de 20.000 millones de dólares para defender el peso en un préstamo de dolarización sin recurso de 30.000 millones de dólares. Un préstamo sin recurso no implica reembolso si se cumplen sus condiciones. Argentina utilizaría el préstamo para dolarizar inmediatamente su moneda y promulgar cinco reformas fundamentales.
La primera es la adopción de una banca de fondos mutuos 100% financiada con capital. Esta banca de propósito limitado (BPL) limita a los bancos a cumplir su propósito: la intermediación financiera. La financiación con capital significa deuda cero, y sin deuda, los bancos argentinos nunca podrían quebrar. En consecuencia, el gobierno nunca más necesitaría imprimir dinero para evitar un colapso financiero.
El sistema de pagos BPL funcionaría mediante fondos mutuos de efectivo que mantienen un solo activo, efectivo, en reserva en el banco central. Este aspecto del BPL es lo que el economista Henry Simons denominó banca de reserva completa, defendida por Milei.
Una nueva agencia gubernamental verificaría y divulgaría públicamente, en tiempo real, todos los activos de todos los fondos mutuos. Esto hará que las acciones de los fondos que contengan hipotecas, préstamos comerciales y otros activos ilíquidos tengan alta liquidez en el mercado secundario.
Imaginemos que Argentina tuviera el sistema bancario más seguro del mundo. Su modelo conjunto de dolarización/BPL se extendería globalmente. Los países harían fila para dolarizarse.
La segunda reforma desmantelaría el insolvente sistema previsional argentino. Bajo este esquema, el gobierno pagaría, a su vencimiento, las prestaciones acumuladas bajo el sistema actual, pero prohibiría la acumulación de nuevas. Con el tiempo, las prestaciones totales y los impuestos necesarios para financiarlas caerían a cero. La tasa impositiva del 27% sobre la nómina se reduciría inmediatamente al 20%, dejando a los trabajadores con suficiente flujo de caja para aportar a sus cuentas de seguridad social (PSA).
Justicia social, pero intergeneracional
Los trabajadores aportarían el 10% de su salario a sus cuentas PSA. El gobierno haría aportes equivalentes para trabajadores de bajos ingresos, desempleados y personas con discapacidad. A medida que cada cohorte se acerque a la jubilación, sus saldos se convertirían gradualmente en bonos indexados a la inflación destinados a financiar anualidades reales.
Dado que Argentina ya intentó privatizar pensiones en el pasado —y el Estado confiscó los activos—, los PSA quedarían bajo administración fiduciaria del Banco Mundial y serían propiedad exclusiva de los trabajadores.
La reforma previsional facilitaría las dos condiciones siguientes: exigir compras y ventas electrónicas para rastrear y reducir la economía informal, y racionalizar los sistemas impositivos federal y provincial para incentivar trabajo y ahorro.
La quinta condición sería exigir que Argentina contabilice su brecha fiscal de largo plazo, comparando el valor presente de gastos futuros con el de los ingresos proyectados. Esto documentaría la capacidad real del país para cumplir sus obligaciones.
En conjunto, estas reformas reducirían drásticamente el riesgo país, permitiendo que Argentina acceda a crédito externo a tasas razonables, una condición clave para un crecimiento sostenido.
*El autor es profesor de economía en la Universidad de Boston
Artículo publicado originalmente en Financial Times
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