“Los condicionamientos de los organismos financieros internacionales promueven límites al gasto salarial en salud y educación, reduciendo las oportunidades laborales femeninas”, explica un documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La conclusión del estudio parece hecha a medida de la realidad argentina: tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el organismo advirtió la necesidad de avanzar, entre otras cosas, en una reforma tributaria y previsional.
El informe del programa de la ONU analiza la situación desde diferentes perspectivas. Titulado “¿Quién paga el precio? Desigualdad de género y deuda soberana”, el estudio toma los casos de 85 países del mundo (incluida la Argentina) y explica que el aumento del servicio de la deuda en los países en desarrollo “está agravando la desigualdad de género, amenazando 55 millones de puestos de trabajo femeninos y disparando la mortalidad materna”.
Si bien lo ideal sería un endeudamiento bajo o nulo, el problema no es tanto la deuda como la forma de afrontarla y su dimensión en relación con otros indicadores económicos, aclaran. “Son las dinámicas del servicio de la deuda —su magnitud en relación con las exportaciones o los ingresos públicos, los cronogramas de pago y las condicionalidades asociadas— más que el volumen total de deuda en sí mismo, las que emergen como un factor central de desigualdad de género, debido a que son las que más directamente restringen el margen fiscal disponible para servicios públicos esenciales y empleo”.
El ajuste de otros gastos para pagar deuda impacta de manera directa en las mujeres. En el caso argentino el fin de las moratorias previsionales, si bien impactó sobre un mercado laboral precario tanto para hombres como para mujeres, se sintió especialmente sobre estas últimas: empleadas en trabajos con menor grado de registración o aportando a la economía a través de las tareas de cuidado no remuneradas, nueve de cada diez accedió a una jubilación mediante este mecanismo.
Lo mismo sucede, de acuerdo con el estudio, cuando el servicio de la deuda desplaza inversiones como las destinadas a educación o salud reproductiva, en tanto reducen la autonomía de las mujeres que deben invertir más horas en trabajos de cuidado. Limitan por lo tanto su capacidad de inserción en el mercado laboral.
En prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, el Gobierno todavía no invirtió ni un solo peso de los $ 238 millones destinados para todo el año a ese fin.
Las restricciones presupuestarias en salud empeoran la salud materna, la esperanza de vida y el acceso a la salud sexual y reproductiva, pero, además, las tasas de mortalidad materna se incrementan considerablemente: cuando los países pasan de una carga de endeudamiento de moderada a alta y recurren al recorte este número puede incrementarse en un 32,5%, “lo que equivale a 67 muertes adicionales por cada 100.000 nacimientos”.
En el caso de la educación, los recortes también pueden impactar en los años promedio de escolaridad. Con un mercado laboral deprimido, expone el documento, los niños son retirados de la escuela para trabajar y las niñas para asumir tareas de cuidado.
Esto último debido a que, por otro lado, la reducción de las inversiones públicas y privadas (que se estancan porque la demanda de divisas para pagar la deuda puede conducir a mayores tasas de interés) disminuyen la creación de empleo, especialmente en rubros feminizados. Dentro de ese esquema crece, para todos los sectores, la cantidad de puestos de trabajo informales.
Por otro lado, cuando la deuda se financia mediante pérdida de reservas, endeudamiento interno, o expansión monetaria, estos compromisos pueden generar una devaluación cambiaria o inflación, lo que encarece el costo de vida para todos los hogares, pero especialmente para los que tienen un único adulto responsable: en la mayoría de los casos ese adulto es una mujer.
Tal vez el problema principal, concluyen, es que la caída del empleo y la inversión también tienen impacto en la recaudación tributaria, lo que obliga a profundizar los recortes. “Esta pérdida de ingresos alimenta un círculo de recortes presupuestarios y reducción del empleo formal femenino, debilitando la movilización de recursos internos y limitando el margen fiscal para inversiones sociales”.
En abril, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la caída interanual de la recaudación fue del 3,9%. En los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con el seguimiento que hace la misma fuente, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) mostró una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023.
En este contexto, los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 11% del gasto total ejecutado, “reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto”.
