Las retenciones, del ´55 a la actualidad

Las retenciones a las exportaciones agropecuarias irrumpieron en el paisaje agropecuario argentino en Octubre de 1955, como consecuencia de una fuerte devaluación destinada a acercar la moneda Argentina a su valor real. A fin de evitar un importante aumento en los precios de los alimentos el Gobierno estableció, de hecho, un impuesto a las exportaciones agropecuarias. Pero este impuesto no podía ser calificado como tal pues de acuerdo con la Constitución Nacional (art. 75 inc 1) la fijación de derechos de importación y de exportación es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación de la Nación.

Entonces se recurrió al subterfugio de denominar "retenciones" a los impuestos mencionados.. En los considerandos del decreto de su creación (el 2002 del 27 de octubre del 55) se señalaba su carácter transitorio, su naturaleza móvil (para adecuarlas a los vaivenes de los precios externos) y su destino: "Dado el origen de los recursos así obtenidos ellos deben aplicarse exclusivamente al estímulo de la producción agropecuaria y al pago de subsidios de carácter eminentemente social".

Desde entonces, y con algunas interrupciones, las retenciones han sido un actor de formidable importancia en el manejo de la política agropecuaria.

El sector agropecuario siempre las consideró como una imposición arbitraria, que deprimía la producción e influía negativamente en la capitalización y desarrollo de la agricultura, en tanto que el Estado se aferró a ellas considerándolas un mecanismo cómodo, seguro y eficiente para obtener recursos del sector que tuvieron destinos ciertamente diferentes a los establecidos en el decreto de su creación.

La equivocada visión de considerar al campo como una actividad insensible a los incentivos económicos, en especial a los precios, permitió racionalizar el prolongado uso de las retenciones como instrumento de política económica. Esto inexorablemente creó una seria fricción en las relaciones Estado-Agro y limitó, a lo largo de décadas, el diálogo entre el Estado y el gremialismo agropecuario, a la consideración del tema retenciones, con virtual exclusión de otros asuntos vinculados al desarrollo agropecuario en la Argentina.

Así fue como mientras la producción de granos en el mundo adoptó masivamente el empleo de fertilizantes químicos poco después de finalizada la II Guerra Mundial, la Argentina ignoró este cambio fundamental en la agricultura y recién lo adoptó cuatro décadas después, perdiendo mientras tanto la oportunidad de producir decenas de millones de toneladas de granos.

La tardía incorporación de la soja al conjunto de opciones productivas es otro ejemplo de oportunidad perdida por falta de atención, tanto pública como privada: mientras la producción de soja se fortalecía en EE.UU y comenzaba en Brasil en la década del 60, la Argentina ignoró esa realidad, que reconocería recién 15 años después.

Es decir que el costo social de las retenciones ha excedido, y en mucho, el valor de los recursos transferidos desde el sector agropecuario al resto de la economía. Implicó un serio retraso al desarrollo económico nacional.

Desde 1960 hubo varios intentos de sustituir, parcial o totalmente, las retenciones por algún mecanismo de imposición a la tierra. Con una sola excepción (con el efímero impuesto a la tierra libre de mejoras, aprobado en 1968) no fueron aplicados.

La enorme valorización de las tierras agropecuarias ocurrida en los últimos años –un fenómeno ciertamente no restringido a la Argentina- brinda la posibilidad de cambiar la estructura de la imposición agropecuaria limitando el uso de los impuestos a las exportaciones agropecuarias y diseñando esquemas impositivos donde los incentivos a la producción lleguen con mas nitidez al sector.

Esquemas de esta naturaleza, donde la imposición a la tierra tendría un rol importante, serian beneficiosos para todo el país.



*Especial para Perfil.com. El autor fue secretario de Agricultura, Ganadaría y Pesca en la presidencia de Raúl Alfonsín.