El anuncio del lanzamiento de la comisión que definirá cuáles son las empresas obligadas a contratar el seguro fue realizado por la ministra de Economía, Felisa Miceli, y por los secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, y de Finanzas, Sergio Chodos.
Durante un acto en el Palacio de Hacienda, Miceli sostuvo que "el del seguro es un tema más en la reconversión" de las empresas, con el objetivo de que se adecuen a normas internacionales para no quedar "fuera de competencia".
"Estamos trabajando paso a paso pero firmemente", destacó la titular de la cartera económica respecto de las normas que presentaron, con el objetivo de que la producción industrial sea cada vez menos contaminante. Por su parte, Picolotti subrayó la "voluntad política del Gobierno de trabajar en el crecimiento económico, manteniendo sus recursos naturales".
La funcionaria sostuvo además que "el 100 por ciento de las empresas que trabajan en la cuenca Matanza-Riachuelo no tienen seguro ambiental". La titular de Ambiente y Desarrollo Sustentable dijo también que la comisión que integrarán funcionarios de su Secretaría y de la de Finanzas trabajarán "coordinadamente con la Superintendencia de Seguros de la Nación".
Chodos, en tanto, expresó que "la idea final es que este poducto exista para las empresas y en el mercado". La resolución indica que será tarea de la comisión que se crea "analizar y formular propuestas referidas a las normas generales reguladores de las condiciones contractuales de las pólizas de seguro de riesgo por daño ambiental".
También deberá establecer "los requisitos mínimos necesarios y la instrumentación de su acreditación para la admisibilidad de los autoseguros" que puedan realizar las empresas involucradas.
La semana pasada, Picolotti había adelantado que permitiría la permanencia de las empresas en la cuenca Matanza Riachuelo, aunque reclamó que se adopten medidas y procesos para moderar el impacto ambiental. La manifestación de la funcionaria se produjo la semana pasada, en sintonía con el anuncio para la intensificación de las tareas de recuperación del Riachuelo, tras la decisión del gobierno nacional de abocar a ese objetivo a la Cancillería.
La obligatoriedad de la contratación de un seguro de riesgo ambiental también se impone cuando la Corte Suprema avanza con las audiencias para analizar las medidas adoptadas por los poderes nacional, bonaerense y municipial.
Fuente: DyN