”Estamos con el lápiz en la mano”, así definen los empresarios su deseo de sentarse a negociar condiciones sanitarias y de presencialidad para el año próximo. Es más, fuentes del Grupo de los Seis le dijeron a PERFIL que ya habría habido testeos informales entre la Unión Industrial y la CGT para avanzar en una propuesta al Gobierno.
La idea empresaria pasaría por avanzar en una fuerte campaña de vacunación obligatoria para los empleados, al menos del sector privado, que vuelvan a la presencialidad completa o con mayor carga horaria que la actual en 2021.
Sostienen que este año, a diferencia del inicio de la cuarentena más estricta de 2020, existen vacunas disponibles para la población. Imaginan que el Gobierno garantice, por ejemplo, postas vacunatorias en las puertas de las empresas o de los gremios para asegurar las terceras dosis a los empleados.
Lo que acelera estas gestiones por parte de las fábricas es el escenario que se asoma en Europa por la cuarta ola de covid, aun cuando en esa zona del mapa hay un alto porcentaje de la población ya vacunada. Incluso, las mismas fuentes confiaron que esa posibilidad le habría sido transmitida a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
Lo que los empresarios del G6 imaginan es un aumento de la presencialidad en las grandes oficinas en 2022 y prefieren imaginar que no habrá cierres el año próximo debido a las bruscas caídas en los niveles de actividad que tuvo la Argentina el año pasado y que, difícilmente podrá remontar totalmente este año.
El actual titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, había sugerido la obligatoriedad de la vacunación el año pasado pero desde el Gobierno y la CGT incluso salieron a criticarlo con dureza.
Desde la central sindical de Azopardo aseguraron que no existió conversación con la UIA para implementar un esquema de vacunación obligatorio para trabajadores, una versión que también sostiene Camioneros: “No hemos participado de ningún diálogo al respecto ni hemos escuchado esa versión”.
En agosto pasado, desde la UIA impulsaron la posibilidad de que las empresas no abonen los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus, algo que no fue del agrado de la central obrera, que sostuvo que “castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado”.
“Sancionar desde la relación laboral es ilegal y no coincide con la senda del convencimiento que hay que seguir para lograr la vacunación. A través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el trabajador no se logrará convencerlo, sino mediante el sentido común, el razonamiento y la opinión científica”, enfatizó la CGT.
Informe Pablo Kavanagh.
