En septiembre de 2025, la economía argentina vuelve a exponer su vulnerabilidad estructural bajo el experimento libertario. El modelo de Milei, sustentado en un “ancla fiscal” extrema y la liberalización abrupta de precios y regulaciones, no construye estabilidad productiva: la sustituye por rescates financieros trimestrales. Cada tres meses, la economía ingresa en un ciclo de tensiones cambiarias y deterioro social que solo se contienen mediante inyecciones externas, a costa de hipotecar la producción futura.
Desde la devaluación inicial de diciembre de 2023 hasta el reciente anuncio de un swap con el Tesoro estadounidense por US$20.000 millones (todavía sin concretar), el patrón es claro: la cuenta financiera reemplaza a la cuenta corriente como sostén del modelo. El ingreso de dólares se obtiene vía deuda, blanqueos, desembolsos del FMI y beneficios tributarios a grandes exportadoras, mientras la industria y la obra pública se contraen. En términos económicos, el modelo se comporta como una economía abierta en recesión: alto ingreso de capitales de corto plazo y desindustrialización persistente.
El ciclo de salvatajes: una respiración artificial cada trimestre. La política económica arrancó con un shock cambiario: devaluación del 54% en diciembre de 2023, que disparó el tipo de cambio oficial 118% y generó una inflación acumulada de 289% anual hacia abril de 2024. La corrección inicial estabilizó brevemente el dólar, pero abrió una recesión profunda, que al día de hoy no se logra superar producto del ajuste fiscal.
La consolidación fiscal se tradujo en un superávit primario de 1,1% del PBI en agosto de 2025, aunque con caída del PBI trimestral (-0,1% en el segundo trimestre) y un derrumbe del empleo privado formal (-114.990 puestos desde diciembre de 2023). En paralelo, la industria retrocedió 10% interanual acumulado, la construcción 24% y la obra pública 83%, evidenciando que la estabilidad fiscal se financia con contracción productiva.
El FMI aportó un salvavidas en abril de 2025 con un acuerdo de US$20.000 millones bajo el Extended FundFacility, con un desembolso inicial de US$12.390 millones. El alivio fue transitorio: el riesgo país bajó de 1.500 a 1.140 pb, pero el peso apreciado y la desregulación comercial dispararon importaciones récord, erosionando el superávit comercial.
En septiembre, la presión cambiaria reapareció: el dólar oficial rozó el techo de la banda (US$1.475), el BCRA vendió US$1.110 millones en una semana, y los mercados respondieron con caída de bonos (–10%) y desplome del Merval en CCL (–12%). Para contener la sangría, el Gobierno eliminó temporalmente las retenciones a granos y carnes, lo que generó liquidaciones récord por US$7.000 millones en tres días. Pero el costo fiscal (US$1.520 millones) fue equivalente a recortar políticas sociales y universitarias ya vetadas.
La raíz del problema es estructural: el modelo Milei prioriza la cuenta financiera y capitales volátiles en lugar de la cuenta corriente con exportaciones e inversión productiva.
Este sacrificio fiscal de US$1.520 millones no se distribuyó de manera uniforme, sino que benefició de forma altamente concentrada a un puñado de grandes empresas agroexportadoras, pero no a los productores que no llegaron a vender el producto a otro precio que el anterior. Como evidencia la lista de los principales ganadores de la medida de “retenciones 0%”, el 80% del volumen total exportado bajo este esquema fue acaparado por tan solo cinco compañías. El ranking lo encabezan gigantes multinacionales como Bunge Argentina SA (con un 20% del total), LDC Argentina S.A. (19%), la estatal china COFCO International Argentina (16%), Viterra Argentina S.A. (13%) y Cargill S.A.C.I. (12%). Esta transferencia de ingresos directos a las cúpulas del sector ilustra una de las contradicciones centrales del modelo: mientras el ajuste recae sobre la obra pública y los sectores sociales, se otorgan beneficios millonarios a los eslabones más concentrados de la economía a cambio de una estabilidad cambiaria de corto plazo. El anuncio del swap de EE.UU. completa el patrón: apoyo condicionado, que estabiliza reservas (US$41.238 millones brutas al 26/09, netas en apenas US$7.000 millones) pero no altera la lógica de fondo. Argentina queda sujeta a un esquema de salvatajes periódicos, cuya viabilidad depende de la tolerancia política de acreedores y socios estratégicos.
Errores estructurales: financiar flujos, no inversión. La raíz del problema es estructural. El modelo Milei prioriza la cuenta financiera —ingreso de capitales volátiles— en lugar de la cuenta corriente —exportaciones con valor agregado e inversión productiva—. El Presupuesto 2026 proyecta déficit comercial de US$5.751 millones, con supuestos frágiles: dólar oficial barato (US$1.423 en diciembre de 2026) e inflación de 10,1%, mientras la estructura productiva se contrae. La inversión pública se reduce a 0,5% del PBI, el menor nivel histórico, frenando proyectos estratégicos como ARSAT SG1. Fondos fiduciarios clave (FISU, FFFIR) fueron eliminados, mientras se sostienen exenciones tributarias equivalentes al 3,5% del PBI ($35,3 billones), superiores al presupuesto educativo ($7,7 billones) y sanitario ($7,1 billones).El costo laboral es inmediato: caída del salario real docente universitario del 29%, desempleo en 7,6% y aumento del subempleo. El ajuste se concentra en sectores con efecto multiplicador, ampliando la pobreza estructural.
* Investigador del Instituto Argentina Grande.
