Se podría decir que Carlos Menem comenzó el trabajo y el actual presidente Néstor Kirchner lo terminó. ¿Quiénes lo disfrutarán? Todos los gobernadores de provincia con hidrocarburos, entre los que se encuentra el acérrimo opositor al Gobierno, el neuquino Jorge Sobisch.
Es que hoy, tal cual se preveía,
las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Relaciones Exteriores del Senado
pusieron a la firma un despacho favorable a un proyecto del Poder Ejecutivo para efectivizar el
traspaso a las provincias del dominio sobre los hidrocarburos, tal como marca la
Constitución Nacional reformada en 1994 por Carlos Menem.
Esto implica que a partir de la promulgación de la ley, las provincias
asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los
yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el
lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas. Esto beneficiará claramente a las
provincias con grandes yacimientos petroleros y gasíferos, entre las que se encuentran Neuquén,
Santa Cruz y Salta, entre otras.
Esto incluye la transferencia de pleno derecho todos los permisos de exploración y
concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de
exploración y explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional.
A la reunión conjunta de las comisiones del Senado asistió el secretario de Energía y
Combustibles, Daniel Cameron, quien reconoció que "está claro que la ley de hidrocarburos es una
ley de grandes contenidos ideológicos y con grandes intereses en juego, por eso se trabó años
atrás".
También estuvieron presentes los senadores César Gioja (FPV- San Juan) y Carlos Reutemann
(FPV- Santa Fe), presidentes de las comisiones de Minería y de Relaciones Exteriores
respectivamente, Marcelo López Arias (FPV- Salta), Sonia Escudero (FPV- Salta), Alfredo Martínez
(UCR- Santa Cruz) y Nicolás Fernández (FPV- Santa Cruz).
El proyecto que tuvo dictamen en las comisiones esta mañana fue enviado por el Poder
Ejecutivo el 26 de octubre último con el fin de sustituir el artículo primero de la ley 17.319 de
Hidrocarburos que reglamenta el artículo 124 de la Constitución sobre el dominio de los recursos
petroleros.
El texto indica que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el
territorio nacional y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado Nacional o de los estados provinciales.
Puntualmente la ley en ciernes establece que pertenecerán al Estado nacional los yacimientos
de hidrocarburos que se hallasen a partir de las doce millas marinas medidas desde las líneas de
base establecidas por la Ley No 23.968 hasta el límite exterior de la plataforma continental.
Mientras tanto quedarán bajo dominio de las jurisdicciones provinciales los yacimientos de
hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a
sus costas hasta llegar a las doce millas marinas.
Cameron destacó que durante el gobierno de Kirchner hubo dos medidas para hacer efectiva la
disposición de transferencia de dominio de los recursos petroleros dispuesta por los
constitucionalistas en 1994. Una de éstas fue el dictado de un decreto por el cual se le
devolvió la potestad en el manejo de los yacimientos a las jurisdicciones provinciales "y ahora
-dijo- esta ley corta" para ajustar la ley vigente a la letra constitucional.
Alfredo Martínez (UCR) se manifestó de acuerdo con la ley pero junto a Escudero (FPV)
solicitaron a Cameron que representantes de las comisiones de Energía de ambas cámaras del Congreso
participen en las comisiones que dentro de los 180 días de sancionada la ley
deberán acordar la transferencia de dominio.
Por su parte, López Arias marcó la necesidad de "buscar medidas de cooperación para el
transporte de hidrocarburos" y sostuvo que la transferencia de información "se debe hacer en forma
inmediata y no con plazos".
Dijo que para Salta "no sería menor la discusión" sobre el otorgamiento de concesiones del
transporte de hidrocarburos que se envíe al exterior, más allá de la potestad que tiene la Nación
en materia de comercio exterior.