La discusión entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los movimientos sociales sobre los planes de asistencia estatales han generado una onda expansiva de protestas y malestar.
Para muchos, la asistencia social tiene que descentralizarse en los gobiernos municipales. Sin embargo, son muchos los expertos que coinciden en que es esencial que se generen las condiciones para que haya más empleos de calidad.
Las cuentas públicas revelan un fuerte aumento del déficit fiscal en mayo. El gasto que más sube, aunque no es el único determinante del déficit, es el del Ministerio de Desarrollo Social nacional, por los planes asistenciales, fundamentalmente la tarjeta alimentaria y el Potenciar Trabajo.
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En el período abril-mayo, estas erogaciones pasaron de $100 mil millones el año pasado a $320 mil millones este año. Son muchos los que asocian esta multiplicación del presupuesto asistencial a que algunas de las agrupaciones beneficiadas están entre las principales bases de apoyo político del presidente Alberto Fernández. La información se desprende de un informe ejecutado por Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
Hace diez años que no se genera empleo de calidad
Según datos del Ministerio de Trabajo y el INDEC entre el primer trimestre de 2012 y el mismo período del 2022, hubo 2,8 millones de nuevos ocupados de los cuales:
- El 26%, o 700 mil, son empleados públicos.
- Otro 30%, o 900 mil, son empleadas domésticas y cuentapropistas registrados en AFIP.
- El 44% restante, o 1,2 millones, son informales asalariados o cuentapropistas no registrados.
Para IDESA estos datos exponen que todo el crecimiento del empleo en la última década se ha dado en el Estado, en el servicio doméstico, en el Monotributo y en ocupaciones informales, mientras que las empresas privadas no generaron nuevos empleos asalariados registrados.
Esta dinámica es decisiva para explicar las oportunidades que da la pobreza y la falta de empleos decentes para usar los planes asistenciales. La creciente influencia de los “piqueteros” es gracias a que no se generan empleos de calidad, sostiene el informe.
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“El deterioro del mercado laboral comienza en la falta de inversión, pero también en la legislación laboral, que es muy vieja, data de 1974 y nunca fue modernizada. Ya pasaron más de 30 años y los convenios nunca fueron actualizados. Entonces, faltan inversiones para crear puestos de trabajo y modificar las regulaciones laborales antiguas”, señaló a PERFIL Jorge Colina, economista de IDESA.
En esa misma línea, Alfredo González, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aseguró que “el crecimiento económico requiere estabilidad macroeconómica y previsibilidad” y que la Argentina “no podrá salir del estancamiento estructural ni del deterioro socioeconómico si no se genera empleo genuino de calidad”.
"No hay crecimiento sin inversión y no hay inversión sin financiación", agregó: “No podremos salir del estancamiento estructural, ni resolver el deterioro socio económico, si no se genera empleo genuino de calidad y de alta productividad, cuestión que no sucede desde el año 2011”, aseguró González en sintonía con Colina.
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“En nuestro país conviven sectores muy dinámicos y modernos con otros de baja productividad que no logran dinamizar la creación de empleo de calidad. El otro aspecto que restringe un proceso virtuoso es la inestabilidad. El contexto macroeconómico muy volátil no es propicio para dar lugar a mayores procesos de inversión, dificulta las decisiones de expansión y de hecho tiene un efecto depresor también sobre las capacidades de innovación", opinó Santiago Poy, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y el CONICET.
"Por lo tanto, el bajo nivel de inversión, que sin dudas tiene un efecto directo sobre el empleo, debe pensarse en un marco más general de fuertes brechas productivas sectoriales y alta inestabilidad”, agregó.
La asistencia social debe ser gestionada por los gobiernos locales
El informe de IDESA le da la razón a Cristina Fernández cuando cuestiona a los líderes piqueteros por apropiarse de los planes asistenciales. No obstante, destaca, esto no se resuelve pasando la gestión a los funcionarios nacionales. “No tiene sentido tener un Ministerio de Desarrollo Social”, agrega.
“La asistencia social la puede financiar el Estado nacional y él mismo fijar las reglas. La gestión la deberían hacer los municipios, ya que es el órgano de gobierno más cercano a la gente. Cuando hay una necesidad, la gente tiene ir a la municipalidad en busca de ayuda y debe ser el intendente quien distribuya esa ayuda. Puede ser con fondos federales, pero tiene que controlar que haya una contraprestación, así es como se maneja en Brasil o Colombia la asistencia social”, señaló Colina a este medio.
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“Con respecto a la asistencia social entendida como políticas de protección social (la AUH, Alimentar), no creo que esté en discusión su descentralización (ni creo que sea algo razonable dado que hay evidencias de que estos programas funcionan bien). En cuanto a programas de empleo, es necesario articular múltiples actores: el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, y las organizaciones sociales si se quiere pensar en un cambio de paradigma actual”, opinó por su parte Poy.
“En este cambio, quizás contribuya distinguir entre programas pensados para generar una inserción laboral y productiva y que están enfocados en promover la producción de bienes y servicios, y otros programas dirigidos a la producción de valor social, que podrían tener una lógica bienestarista y no necesariamente productivista”, agregó.
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¿Esto se debe a la precariedad que caracteriza al mercado laboral y que se ha agudizado en los últimos años?
“Sin dudas, hay una percepción social de empobrecimiento que es la contracara de lo que ha sido la caída de casi 20% del ingreso laboral. A esto se suma que es difícil cambiar la percepción: es improbable que haya una recomposición sustancial de los sueldos con una inflación del 5% mensual. Por eso, el tema de los "trabajadores pobres" está en agenda pública y es una de las principales preocupaciones sociales, y me atrevo a decir, son más las personas que comparten esa preocupación”, sentenció Poy.
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“En síntesis, hay dos comportamientos detrás de la cuestión de los trabajadores pobres: a) uno estructural: históricamente, los trabajadores informales, precarios o desocupados han tenido altas chances de ser pobre, o lo evitan a costa de jornadas laborales muy extensas; b) uno coyuntural, que son los trabajadores formales de menor calificación que están muy cerca de la línea de pobreza y que han visto reducirse la capacidad adquisitiva de sus sueldos”, agregó Santiago Poy.
“Las Pymes no solo somos el motor de la economía al ser los responsables de más de la mitad del PBI de nuestro país. También somos el motor del crecimiento con inclusión. Crecer, crear puestos de trabajo y distribuir equitativamente la riqueza generada: eso es una economía pyme y desde CAME estamos comprometidos en construir un país con inclusión”, señaló por su parte González.
Pero lo más importante es asumir que no hay asistencia social, por buena que sea su gestión, que compense la no generación de empleos de calidad. Para dinamizar el mercado laboral es necesario un contexto favorable a la producción y a la inversión. Para esto hay que lograr estabilidad macroeconómica, la simplificación del sistema tributario, seguridad jurídica, mejores regulaciones y el desarrollo de infraestructura y logística, concluye el informe.
LR
