Montoya pidió la inhibición de bienes de Metrovías

El subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, pretende pescar un pez gordo. Es que la Dirección General de Rentas bonaerense, que él dirige, pidió la inhibición de los bienes de Metrovías a causa de impuestos impagos por 14 millones de pesos. En tanto, la empresa sostuvo a través de un comunicado que no tiene "ningún tipo de deuda pendiente".

Fuentes bonaerenses precisaron a la agencia DyN que la firma concesionaria de trenes y subtes en el área metropolitana adeuda ese monto por el no pago del impuesto al sello en 1999, año en el que se hizo cargo de la concesión.

El pedido de inhibición formulado por Rentas sobre los bienes de Metrovías repercutió hoy con fuerza sobre los papeles de la empresa que cotizan en el Panel General de la Bolsa porteña, que registraron un retroceso del 9,09 por ciento.

"Metrovías no tiene ningún tipo de deuda pendiente con el fisco bonaerense y se encuentra sorprendida ante las versiones periodísticas aparecidas el día de hoy", se defendió la firma a través de un comunicado.

"La empresa se encuentra exenta del pago de dicho impuesto según lo establece el contrato de concesión celebrado con el Estado Nacional", estimó Metrovías.

El fisco. En tanto, la oficina que dirige Montoya sostiene que Metrovías debe tributar en base a una alícuota del 1,5 por ciento por considerar que presta un servicio público, mientras que la empresa pide que se le liquide el tributo en base a una alícuota del 0,5 por ciento al plantear que tiene una locación de obra.

"Más allá de esta diferencia de interpretaciones, Metrovías dispuso oportunamente el pago del monto que surgía de la aplicación de la alícuota correspondiente, que es en concepto de dirección y gerenciamiento de obra, que se desprenden de la ejecución de las obras que se llevan adelante por cuenta y orden del Estado nacional", sostuvo hoy la compañía.

La controversia con la empresa a cargo del servicio de trenes que une la estación Federico Lacroze con el partido bonaerense de San Miguel, deberá ser resuelta por el Tribunal Fiscal de Apelaciones, un organismo administrativo del gobierno bonaerense.

De prosperar el pedido de inhibición de bienes, alcanzaría también a varios directores de la compañía, indicaron fuentes gubernamentales.