A más de un mes de vencido el plazo límite para lograr un acuerdo por el pago de la deuda en default con los fondos buitre, existen diversos caminos que, en forma simultánea, está transitando la Argentina y que son analizados y revisados día a día por abogados y especialistas que no dejan de destacar la necesidad de evitar que la economía nacional sufra un mayor deterioro.
* El primero, y uno de los que más fuerza está cobrando en este momento, es el que encabezan los directivos de los bancos Citigropup, Deustche Bank, JP Morgan, y HSBC, que estudian la posibilidad de comprar parte de la deuda a los fondos que reclaman un pago de US$ 1.600 millones.
Se trata, sin dudas, de las entidades con mayor experiencia en el mercado internacional para cerrar este tipo de acuerdos, pero la discusión, como podría esperarse, es el precio que podría pagar por cada bono, según apuntó el economista Luis Secco.
“Las estimaciones sobre lo que el Gobierno pagaría siguiendo las condiciones de los canjes de deuda de 2005 y 2010 es de US$ 500 millones, hay versiones de que podrían aceptar una quita y pedir unos US$ 1.300 millones, por lo que la discusión que resta a los privados es de US$ 800 millones”, resumió Daniel Marx, director de Quantum Finanzas, que agregó que “existen posibilidades de pagos parciales —para completar el próximo año—, y formas de acercar posiciones para que estas entidades logren posteriormente acceder a ciertas ganancias”.
Analistas de mercados, más escépticos, vieron el límite a esta vía de solución en la postura más dura del Gobierno que esta semana acudió al tribunal internacional de La Haya para reclamar que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se exprese sobre la decisión del juez Thomas Griesa. “La postura del Gobierno podría influir porque las decisiones políticas podrían afectar el precio de los bonos que compren a futuro. Lo positivo es que si finalmente se cierra un acuerdo, el potencial de suba de los títulos es muy alto”, destacó un especialista en deuda soberana.
* La segunda vía, que cobró fuerza después de la fallida intervención de Adeba, que encabezó su presidente, el banquero Jorge Brito, es la que protagonizan empresas locales que, con el fin de evitar que la situación se agrave, reunirían parte de los fondos para un pago. Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América, confirmó el “deseo de muchos empresarios locales de ayudar para lograr un acuerdo”.
Para los analistas, se trata de un camino positivo porque complementaría un eventual pago, y podrían avanzar en una estrategia conjunta con los bancos extranjeros que dominan la letra chica de este tipo de contratos. Operadores del mercado financiero advierten sobre los recaudos que deberán tenerse sobre un eventual giro de los fondos, para reducir la participación del Banco Central, ya que podría disparar la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers).
* Una tercera posibilidad es que no se llegue a un acuerdo o “se demore demasiado”, y los tenedores de bonos que ingresaron al canje exijan que se les cancele el total de los pagos pendientes, ya que se activaría la cláusula “cross default”.
Una aceleración del pago del 100% de los bonos Par o Discount podría tener lugar si se reúne el 25% de una serie, pero podría frenarse si la Argentina reuniera el 50% de los tenedores, en un plazo de dos meses, o bien pagar los bonos que vencieron el 30 de junio podrían llevar unos US$ 28 mil millones, casi el equivalente a las reservas actuales del Banco Central, empujando al país a una reestructuración.
Para Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas de la Nación, “el problema de reestructurar toda la deuda es que puede representar mayores costos que en los canjes previos, cuando en país estaba en muy malas condiciones y no se podía ofrecer más. Ahora podrían ser más exigentes”.
Ayer por la tarde, se conoció que el Gobierno de los Estados Unidos rechazó el pedido de la Argentina ante el tribunal internacional de La Haya.
* La escalada legal del Gobierno era el camino que no sólo no entusiasmaba a los expertos, sino que incluso los preocupaba. En suma, un vocero del Departamento de Estado norteamericano dijo al tribunal que “no considera que sea la vía adecuada” de resolución y que la Argentina deberá negociar con sus acreedores.
