Tras el anuncio del desmantelamiento del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (IAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, la Federación Agraria Argentina (FAA) emitió un comunicado donde considera que “sería un error eliminar el área donde Argentina debe discutir políticas públicas específicas”.
Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la resolución se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados. "Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos”.
Adorni planteó que había "160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.
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Para la FAA, “más allá de comprender la importancia de analizar cómo se venía gestionando dicho instituto, y las necesidades económicas que aquejan al país, que obliga a reducir gastos, sostenemos que los pequeños productores comprendidos en ese universo siguen necesitando del apoyo técnico, asistencia y acompañamiento de parte del Estado Nacional”.
“Los errores de la política, o los posibles hechos que quieren investigar, no pueden hacernos perder el foco de la discusión: si hubo errores o abusos, deben corregirse; pero no debe eliminarse el área, pues las necesidades son reales, y los productores, allí estamos”.
En diálogo con PERFIL, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina comentó que dentro del segmento de agricultura familiar hay más de 150.000 productores -más de la mitad del total en todas las escalas-, desde la producción de subsistencia y pequeña y mediana unidad familiar productiva.
“Siempre fuimos críticos de hacer un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, porque entendíamos que podía ser una herramienta para desplazarlo de su objetivo y no nos equivocamos”, afirmó Achetoni.
“Lo que está haciendo el Gobierno es una intervención, que es lo lógico si se sospecha el mal manejo, pero siempre y cuando se resguarde la conformación dentro del ámbito de Agricultura”.
La reacción de ATE Agricultura Familiar
Desde el gremio de estatales, señalaron que el Instituto no tiene directores y “el desconocimiento del Gobierno Nacional respecto de lo que pasa en el interior del país es tan brutal, que han nombrado para liquidar al INAFCeI a la psicóloga de la Policía de la Ciudad, Clara Sanz”,
ATE Agricultura Familiar sostiene que de las 23 coordinaciones y 106 unidades territoriales en todo el territorio nacional, solo dos tienen gastos de alquiler (Santiago del Estero y Catamarca) y que el restán emplazadas en distintos organismos del Estado Nacional y desde allí sus técnicos asisten a más de 200.000 agricultores familiares.
Además, comentaron que de “los 200 vehículos mencionados por Adorni, 30 fueron dados de baja por desuso, 60 están en reparación y solo 120 están en funcionamiento. Ante estas deficiencias, son las y los mismos trabajadores del Instituto quienes se ocupan de solventar los gastos de movilidad (Nafta, Viáticos, reparaciones, etc.) para llegar a los territorios”.
