En abril de este año, el Gobierno desempolvó
la ley 20.680 de abastecimiento y represión del agio para frenar el
aumento de la carne. Hace dos semanas volvió a plantear la vigencia de la
normativa para fomentar la
oferta de gasoil hace dos semanas. Los empresarios se mostraron preocupados ante
la posibilidad de ir a prisión.
Ell encargado de formular la amenaza presidencial fue el secretario de Comercio Interior
Guillermo Moreno, quien hace escasos días advirtió que
la ley “prevé clausuras, sanciones, incluso desde el punto de vista jurídico, la
prisión”.
La preocupación empresarial ante la falta de certezas que genera la ley derivó en
un
crecimiento de la consultas formales o informales a los principales estudios jurídicos que
se dedican al derecho penal económico.
Juan Pablo Vigliero, abogado del estudio Casal, Romero Victorica & Vigliero,
señaló al matutino
La Nación que las consultas pasan por saber si “cualquier hombre de negocios podría
ir preso si eleva el precio de los bienes o servicios que comercializa, más allá de las comarcas
que delinea el Gobierno”.
“Nos han consultado sobre este tema para ver cuáles son los verdaderos alcances de la
ley”, comentó Roberto Durieu (h.), del
Estudio Durrieu.
La Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) y de asociaciones que agrupan a sectores
rurales, se mostraron preocupados por la vigencia de la normativa y también realizaron consultas
para saber si sus integrantes pueden sufrir sanciones penales por sus conductas comerciales.
La ley fue sancionada en 1974, unos días antes de la muerte del ex presidente
Juan Domingo Perón, y prevé
una prisión preventiva por 90 días para quienes no la cumplan y si los hechos
adquieren una gravedad especial, está prevista una pena de prisión de seis meses a cuatro año.