ECONOMIA
Aluvin de consultas a estudios jurdicos

Polémica por la Ley de Abastecimiento: los empresarios tienen miedo de terminar presos

Ante la posibilidad de ser detenidos por no respetar los precios fijados por el Gobierno, muchos ejecutivos se mostraron inquietos, por lo que iniciaron consultas ante abogados para aclarar la situación.

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En abril de este año, el Gobierno desempolvó la ley 20.680 de abastecimiento y represión del agio para frenar el aumento de la carne. Hace dos semanas volvió a plantear la vigencia de la normativa para fomentar la oferta de gasoil hace dos semanas. Los empresarios se mostraron preocupados ante la posibilidad de ir a prisión.

Ell encargado de formular la amenaza presidencial fue el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien hace escasos días advirtió que la ley “prevé clausuras, sanciones, incluso desde el punto de vista jurídico, la prisión”.

La preocupación empresarial ante la falta de certezas que genera la ley derivó en un crecimiento de la consultas formales o informales a los principales estudios jurídicos que se dedican al derecho penal económico.

Juan Pablo Vigliero, abogado del estudio Casal, Romero Victorica & Vigliero, señaló al matutino La Nación que las consultas pasan por saber si “cualquier hombre de negocios podría ir preso si eleva el precio de los bienes o servicios que comercializa, más allá de las comarcas que delinea el Gobierno”.

“Nos han consultado sobre este tema para ver cuáles son los verdaderos alcances de la ley”, comentó Roberto Durieu (h.), del Estudio Durrieu.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) y de asociaciones que agrupan a sectores rurales, se mostraron preocupados por la vigencia de la normativa y también realizaron consultas para saber si sus integrantes pueden sufrir sanciones penales por sus conductas comerciales.

La ley fue sancionada en 1974, unos días antes de la muerte del ex presidente Juan Domingo Perón, y prevé una prisión preventiva por 90 días para quienes no la cumplan y si los hechos adquieren una gravedad especial, está prevista una pena de prisión de seis meses a cuatro año.