Lo que pasó con Brenda Castillo (20), Morena Vendi (20) y Laura Morena Gutiérrez (15) debe entenderse, explicaron en un comunicado desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), bajo la figura de femicidio. “Ante la discusión mediática que contrapone ‘ajuste de cuentas’ y femicidio, corresponde recordar que la calificación jurídica es tarea de la Justicia”. Pero este enfoque, recordaron, “permite analizar el contexto, preservar pruebas, asegurar la coordinación institucional, proteger derechos de víctimas y familiares y sostener todas las líneas de investigación para determinar, luego, si existieron o no razones de género”.
Recordaron que esto ocurre en un contexto de desmantelamiento de las políticas nacionales de asistencia y prevención. Entre ellos del programa Acompañar, cuya cantidad de mujeres alcanzadas cayó un 98,7% desde el inicio de esta gestión de gobierno.
Resaltaron además que, por primera vez desde 2017, no existe un Plan Nacional de Acción contra las violencias de género y que la línea 144 redujo su personal en un 41% entre 2024 y 2025.
En la Argentina, agregaron, cada 35 horas una mujer es víctima de femicidio, algo que ocurre “muchas veces después de haber pedido ayuda”.
En 2024, añadieron, hubo 247 víctimas de femicidio “que dejaron a más de 200 niñas, niños y adolescentes sin madre”. Los familiares de las víctimas, por una nueva resolución, podrían quedar todavía más desamparadas.
La última ampliación presupuestaria para 2025 incorporó, en el marco de DNU 575/2025, los créditos y recursos derivados de la administración de los bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal. Este decreto habilita el uso de estos recursos con otros fines y, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) “ignora la obligación de reparación a las víctimas directas e indirectas de los crímenes”.
