Los efectos de la pandemia del coronavirus están haciendo estragos en la economía mundial, y Argentina, que ya venía arrastrando una situación muy complicada, intenta amortiguar el impacto. Así, tras los anuncios para los sectores informales y monotributistas de menores ingresos, y de poner en marcha créditos y asistencia a pequeñas y medianas empresas, el Gobierno prepara más medidas de respaldo a la actividad económica, especialmente a una mayor cantidad de compañías, de mayor envergadura.
El tema se estará analizando en el transcurso de la Semana Santa y están trabajando en ello los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. El punto central es que habrá algunas decisiones para respaldar a las empresas medianas o medianas grandes, que son importantes generadoras de puestos de trabajo, y que han tenido frenada su actividad por las medidas sanitarias.
Los principales funcionarios del gabinete económico están trabajando en decisiones que brinden un poco de “aire” a esos sectores, que también están muy golpeados. Se trata, en definitiva, de abarcar rubros como el automotor, autopartistas, terminales de electrónica y productores de insumos para la construcción, que vienen con un derrumbe total de la actividad y, por ende, con suspensiones y reducciones salariales.
Según comentaron a PERFIL, lo que se está analizando es otorgar algunas exenciones tributarias a estos sectores y una rebaja en los aportes patronales, medidas que estarían vigentes por lo menos hasta la primavera.
A la vez, se está analizando alguna reducción puntual y provisoria de los impuestos incluidos en los gastos de venta de automotores, aspecto del que las terminales automotrices vienen quejándose largamente. “Lo que estamos buscando es generar condiciones para que, una vez que se empiece a levantar la cuarentena, se muevan de a poco estos sectores, que son muy dinámicos en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que generan”, resaltó un integrante del gabinete económico.
“Claramente no vamos a tomar medidas que signifiquen, como en la crisis de 2009, darle recursos del Estado a alguna gran o mediana empresa en particular”, resaltó el mismo funcionario, haciendo una obvia referencia al préstamo que dio en ese momento el Poder Ejecutivo a General Motors y que provocó gran polémica en aquel momento.
Paralelamente se está trabajando también con las empresas de servicios, a fin de que mantengan la calidad de la prestación en momentos en que empieza a observarse una fuerte morosidad. Para paliar el déficit, en el Gobierno analizan otorgar también algunos “beneficios” fiscales a esas compañías, para que puedan mantener la prestación y sus plantas de personal. El desafío es fiscal. Se supone que una de cada cuatro facturas de luz y gas no se está pagando, y eso implica un desembolso mensual de más de mil millones de dólares por mes por parte del Tesoro.
Cien mil inscriptos en AFIP
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, destacó que siete de cada diez empresas se anotaron en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (conocido como ATP), por el cual se busca dar alivio a los privados cuya actividad se vea seriamente afectada por la cuarentena dictada a raíz de la pandemia del coronavirus.
“El programa ATP ya está en marcha, y en menos de un día se registraron 100 mil empleadores para acceder a los beneficios”, informó Marcó del Pont en declaraciones a Radio con Vos. “Siete de cada diez empleadores que se registraron en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción accedieron en forma inmediata a la postergación por dos meses de las contribuciones patronales”, precisó la titular de la AFIP.
Marcó del Pont, en tanto, también apuntó que “sería anticonstitucional” focalizar el nuevo impuesto solo en aquellos que exteriorizaron sus capitales en 2016 con la iniciativa impulsada por la entonces administración de Mauricio Macri, por lo que hay que apuntar a “todas las grandes fortunas y riquezas”.
En las últimas horas, AFIP detectó 950 cuentas sin declarar por más de un millón de dólares, según consignó BAE.
R.P.
