El Gobierno comenzó a conversar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) algunos de los principales lineamientos que incluirá un nuevo acuerdo entre la Argentina y el organismo multilateral, con prioridad en la deuda y un programa que ponga énfasis en la prestación social y sin tener que comprometerse a reformas estructurales. Quiere evitar un “acuerdo de facilidades extendidas”, que implicaría un programa a diez años.
Así lo admitió a PERFIL una importante fuente gubernamental, al considerar que la idea que se empezó a barajar en el Poder Ejecutivo es un acuerdo “soft”, es decir, un plazo intermedio, que podría variar entre cinco y siete años, y orientado a disminuir el notable peso de la deuda generada con programa stand by uscripto por la gestión anterior.
El programa de facilidades extendidas que se busca evitar impone reformas estructurales que la actual gestión no está dispuesta asumir y aclara que “tampoco están dadas las condiciones para encarar semejantes desafíos”. La agenda, sin embargo, incluye revisiones del sistema tributario y previsional, y también del marco laboral, según los lineamientos que se comenzaron a tratar en el Consejo Económico y Social que se reflotó esta semana y que busca llegar a “consensos” a través del diálogo entre gobierno, empresas, trabajadores y organizaciones sociales.
“Ellos (por el FMI) tienen muy claro la situación económica y social de la Argentina y de allí es que el nuevo programa pondrá un énfasis total en generar condiciones para recuperar la economía, darle un marco de previsibilidad y atender la situación extrema de la pobreza”, resaltó otro de los funcionarios del Gobierno consultados por este medio.
Para la administración actual, las negociaciones con el FMI podrían comenzar ni bien se envíe el proyecto de ley del Presupuesto 2021 al Congreso, es decir, que el inicio sería por mediados de agosto y estiman que se podría concretar el cierre del acuerdo hacia principios o mediados de febrero. “Ni bien se cierre un acuerdo con el Fondo, vamos a iniciar las gestiones para reformular lo que está firmado con el Club de París”, agregan.
Gasto. Un nuevo convenio con el FMI no contendría un fuerte ajuste del gasto público pero sí una pauta que lleve al equilibrio. “Las reducciones del gasto público son sumamente recesivas. Lo hemos visto muchas veces en la Argentina. Sí es adecuado pensar en equilibrio sostenible en el lado fiscal, y para eso, estamos reestructurando la deuda privada y luego con el FMI y el Club de París”, puntualizan.
Para reforzar los ingresos -algo que también ya se conversó con el Fondo- se buscará generar mayor recaudación por el lado de la gran cantidad de dólares que tienen los argentinos fuera del sistema, especialmente en el exterior. Allí se enmarca también el proyecto de un nuevo blanqueo, para lograr una base imponible mayor y, además, generar condiciones de ingreso de dólares a la Argentina, ante la escasez crónica de divisas que se arrastra desde mediados de la década de los 2000 y en medio de un contexto global de caída del comercio por la pandemia.
El fallido programa del Gobierno anterior se basó en un endeudamiento récord de la Argentina con el organismo multilateral por un monto de US$ 57.000 mil millones, de los cuales fueron desembolsados unos US$ 46.000 millones.
“En el Fondo son conscientes de la crisis global que generó la pandemia y particularmente en la Argentina, con lo cual, el board (directorio) no va a ser tan lapidario a la hora de cerrar un acuerdo que le permita al organismo recuperar paulatinamente ese nivel de préstamos y nuestro país mejorando económicamente de manera muy gradual”, indicaron fuentes oficiales.
“Aún falta mucho por discutir y resolver, pero es factible que si se logra nuevo crédito del FMI será para cancelar la deuda vieja y algo prioritario”, puntualizó una de las fuentes consultadas.
En el Ejecutivo aseguran que hay una gran sintonía y fluidez en el diálogo que mantiene el gobierno del presidente Alberto Fernández con la cúpula del FMI encabezada por su titular Kristalina Georgieva.
“La salud sigue siendo la prioridad”
El ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado por el titular del BCRA, Miguel Pesce, participó ayer de la tercera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 para debatir la perspectiva económica global y coordinar un plan de acción colectivo para la recuperación económica en la pospandemia. “Las perspectivas dependerán en buena medida de cómo los países lidien con el impacto del Covid-19”, afirmó Guzmán.
Además, advirtió que, como consecuencia de la crisis sanitaria, “muchos países deberán crear el espacio fiscal necesario para implementar políticas de recuperación económica” en la salida de la pandemia. “La salud pública sigue siendo la prioridad número uno”, afirmó.
Guzmán también señaló que se espera que el FMI “juegue un rol central en evaluar la capacidad de pago de países con deudas insostenibles”.