El Ministerio de Energía cambiará la forma en que se asignan los millonarios subsidios al gas. A partir del año que viene, las transferencias del Estado al sector gasífero, que este año totalizarán cerca de US$ 2 mil millones, se canalizarán directamente a través de la demanda residencial –las subvenciones se otorgarán a las distribuidoras, con Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi a la cabeza–, en lugar de subsidiar a las grandes productoras como YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pampa Energía.
El cambio en la instrumentación de los subsidios está lejos de ser un retoque formal. Según como se instrumente, podría afectar a la baja el nivel de inversión en los yacimientos de gas durante el año que viene, tanto en los campos ya maduros como en Vaca Muerta y otros proyectos no convencionales, la gran apuesta del Gobierno.
El proceso tampoco está exento de fricciones entre el titular del área energética, Juan José Aranguren, y las petroleras privadas. No hay que restarle importancia a la faceta personal: la génesis de la desconfianza entre el ministro y las empresas productoras de petróleo y gas se remonta a cuando éste negociaba como presidente de Shell el precio interno del petróleo con las grandes petroleras como YPF y PAE, que es controlada por la familia Bulgheroni. A contramano de lo que muchos creen, el desembarco de Aranguren en la función pública exacerbó esas diferencias históricas con los privados. Son muy pocos los empresarios petroleros que han podido entablar un diálogo fluido con él.
Nueva puja. La tensión actual entre el ministro y las petroleras se explica por la discusión en torno a cómo se desarrollará el negocio de gas a partir de 2018. Tras más de una década de intervencionismo durante los gobiernos kirchneristas, Aranguren quiere recontractualizar el mercado de gas entre privados. En términos simplificados, quiere que las petroleras firmen contratos de venta de gas a distribuidoras, industrias y generadoras de energía.
No parece un objetivo tan disparatado. Pero en la práctica no es tan sencillo. A pesar de los fuertes aumentos de las tarifas domiciliarias de gas –con incrementos superiores al 400% desde agosto de 2016–, el precio que pagan los hogares aún no alcanza para cubrir el costo de desarrollo de los yacimientos no convencionales de tigh y shale gas, cuya explotación es más onerosa. En otras palabras, para que la oferta local de gas se incremente el Estado deberá seguir subsidiando al negocio. La disputa se desgrana en el cómo y a quién subsidiar.
Cada distribuidora de gas tiene asignado un cuadro tarifario –definido por el ente regulador (Enargas)– que establece un precio del gas en boca de pozo que recibe el productor. Esa especificidad técnica dificulta la contractualización del mercado, dado que los productores quieren venderle gas a las distribuidoras con precios más altos. Las que tienen valores más bajos –como Camuzzi Gas del Sur, que brinda el servicio en la Patagonia a tarifas más económicas– quedan relegadas. Para terminar con esa discrecionalidad, el Ministerio de Energía fijará un precio único para el gas que cubra la demanda prioritaria de gas residencial. Luego, subsidiará a las distribuidoras que no puedan recuperar vía tarifas lo que gastan para comprar el gas a las petroleras. ¿Impactará la medida en el bolsillo de los consumidores? A priori, no. Es un ajuste interno entre los actores del mercado.
La decisión se instrumentará a partir del 1º de enero de 2018 y coincide con la finalización del Plan Gas, tal como se conoce en la jerga petrolera al programa de estímulo a la producción de gas. Aranguren tiene pendiente definir qué proyectos subvencionará.
Al margen del criterio regulatorio que establece la resolución, el mayor filtro es el fiscal. Con la reducción del déficit como bandera, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, autorizó una partida para 2018 de $ 26 mil millones para el nuevo programa de estímulo al gas. Al tipo de cambio proyectado por el Ejecutivo ($ 19,30 según el proyecto de ley de Presupuesto), son US$ 1.350 millones. Pero cerca de US$ 450 millones se destinarán a cubrir el costo del programa Tarifa Social, que beneficia a casi un 30% de los hogares. Es decir que el dinero disponible para subsidiar a las petroleras en 2018 rondaría los US$ 900 millones. Es un monto significativo, pero inferior al que pretendían las petroleras.
Tensión Aranguren-petroleras por un cambio en los subsidios al gas
