El recorte de los subsidios para Vaca Muerta, el yacimiento no convencional que es pieza central del relato económico del Gobierno, desnudó una grieta en el mundo petrolero.
De un lado Tecpetrol, la compañía del holding Techint, que venía liderando el crecimiento de la producción de gas de la mano de subsidios que ahora se reducirán, y que seguramente iniciará algún tipo de reclamo administrativo por una cifra millonaria, aunque no se descarta también que vaya a la Justicia.
Del otro, el resto de los pesos pesados del sector, desde empresas claves del funcionamiento del país como YPF, hasta compañías insignia de las mayores fortunas, como Pan American Energy, de la familia Bulgheroni, o la Compañía General de Combustibles del grupo Eurnekian, entre otros gigantes multinacionales como Wintershall y Total. Todos buscaban que se limitara el creciente poder de Tecpetrol en el sector del gas, donde hasta hace un año y medio no tallaba y conseguir al mismo tiempo que les aprobaran proyectos demorados para recuperar la porción del mercado que la empresa que encabeza Paolo Rocca les había quitado. Y da la impresión de que lo lograron.
Números finos. Es que con la medida que comunicó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, el Estado no modificará el marco normativo (la famosa resolución 46 por la que se paga un precio más alto por el gas de Vaca Muerta) pero sí cambiará la manera en que lo interpreta. Pasará a pagar por el gas que las empresas habían estimado que producirían al entrar al programa, y no por el gas que efectivamente obtuvieron. Así, Tecpetrol cobrará subsidios solo por 8,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día), la mitad de lo que hoy produce el campo (17,5 millones).
En cambio, CGC, la petrolera que preside Hugo Eurnekian, la segunda que más compensaciones recibe del programa de estímulo a la producción no convencional, lo resuelto por el Gobierno no representa, a priori, un cambio relevante ya que no estaba produciendo tan por encima de lo que tenía planeado.
Para el resto de las petroleras, el escenario resultó más que alentador. De haberse aprobado el borrador que el Gobierno circuló originalmente, la posición de la petrolera que controla el Estado habría sido más endeble. Con ese mar de fondo, Lopetegui terminó actuando, más no sea indirectamente, en sintonía con YPF, PAE, Total y Wintershall, los cuatro históricos jugadores del mercado de gas (en conjunto, explican un 70% de la oferta).
Por eso, más allá del comunicado enviado por YPF a la Bolsa, en el que adelantó un resultado negativo por US$ 60 millones en 2018 a raíz de la decisión, en el piso 32 de la torre de Puerto Madero se percibe complacencia. “La alternativa era que se apruebe una resolución que era más favorable a Tecpetrol que al resto de la industria”, admitieron allegados a la empresa.
Los otros tres grandes jugadores del mercado –PAE, Total y Wintershall– destacan la razonabilidad de lo comunicado. Consideran que la resolución 46 se había convertido, por errores de diseño, en una herramienta que distorsionaba el funcionamiento del mercado, permitiendo que las empresas beneficiarias tiren artificialmente para abajo los precios de venta porque luego recibían compensaciones del Estado.
Lo oficializado ayer también afecta a otras petroleras que se había inscripto en el programa establecido por la resolución 46. Pampa Energía, la empresa que lidera Marcelo Mindlin, pidió en febrero de 2018 junto con YPF y Petrobras Brasil la aprobación para desarrollar un yacimiento de tight gas en el área Río Neuquén. Luego, en julio del año pasado, presentó iniciativas para extraer shale gas de los bloques El Mangrullo y en Sierra Chata. La mayoría accionaria de ese bloque, que es operado por Pampa, pertenece a ExxonMobil, la mayor petrolera privada del planeta. Pampa comunicó a la Bolsa que espera que el Ejecutivo le dé el ok para desarrollar campos en invierno. Pero no cree que se los aprueben.
