El Gobierno se ilusiona con conseguir en 2018 inversiones por US$ 7 mil millones para extraer el gas de Vaca Muerta. Para eso prepara un programa de estímulo a la producción no convencional del hidrocarburo (ver aparte). Deberá sortear, sin embargo, los efectos negativos de la falta de coordinación interna entre distintas áreas del gabinete, que anquilosa la gestión. Habría que preguntarse, si no, por qué si Mauricio Macri habló en España loas del acuerdo para mejorar la productividad de la industria petrolera, el convenio firmado el 30 de enero aún no está en vigencia.
PERFIL contó en los últimos tres meses los pormenores de la negociación que encabezó el propio Presidente, escoltado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con los gremios petroleros para firmar un nuevo convenio colectivo de trabajo que reducirá el costo laboral en los proyectos no convencionales en Neuquén. El jefe de Estado lo rubricó con Guillermo Pereyra, secretario del gremio de petroleros de base de Neuquén, y Manuel Arévalo, su par del sindicato de jerárquicos. Pero un mes después el acuerdo aún no fue homologado porque el Ministerio de Trabajo, que dirige Jorge Triaca, no logró que Arévalo firmara el documento en la sede porteña de su cartera. Sin la firma del sindicalista, el convenio colectivo –que el Ejecutivo aspira a replicar en otros sectores productivos, como el automotor y la marina mercante– está virtualmente suspendido.
Demanda. Lejos de ser un mero desencuentro burocrático, la negativa de Arévalo esconde una discusión más profunda. Triaca intimó oficialmente mediante una cédula de notificación cursada al gremialista a que se apersonara el jueves que pasó en Trabajo para suscribir el acuerdo. Pero el dirigente gremial desoyó el pedido.
Arévalo demandó que el Ejecutivo –o YPF, la petrolera bajo control estatal– inyecte una partida adicional de fondos en la obra social del gremio petrolero para ofrecer cobertura a los trabajadores despedidos por la caída de la actividad hidrocarburífera en Neuquén. Y pide que se apliquen los subsidios de hasta $ 20 mil a los casi 1.700 operarios despedidos por contratistas de YPF en la provincia patagónica.
Desde la Casa Rosada intentan bajar los decibeles. Sostienen que las cuestiones que restan limar son secundarias, y que a más tardar en diez días estarán subsanadas.
Pereyra sí rubricó el texto y acompañó a Macri a España. Sin embargo, fuentes sindicales consultadas por PERFIL indicaron que, por lo bajo, Pereyra apoya el reclamo de Arévalo.
