Los técnicos desplazados del Indec se aprestan a volver de la mano de la llegada del gobierno de Cambiemos, mientras que los representantes de la intervención en el organismo estadístico se abocan a la destrucción de papeles y la mudanza anticipada.
El operativo de salida no escapa al de sus vecinos del Ministerio de Economía o la Secretaría de Comercio, y las trituradoras de papeles engullen planillas de informes cuestionados, como el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), según denuncian los representantes de ATE del Indec. En tanto, el gremio oficialista y vinculado a la “patota” de Moreno prepara su “fiesta de fin de año” para antes del cambio de mando: el viernes 4, en el Hipódromo de San Isidro.
El plan de Mauricio Macri para el futuro del organismo incluye el retorno de Graciela Bevacqua, la directora del IPC desplazada del organismo por la intervención del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. “Mauricio se comprometió con los trabajadores que fueron desplazados y tienen un rol técnico, es parte de la normalización que hay que hacer”, reconoció a PERFIL el futuro jefe de Gabinete, Marcos Peña. Por su parte, Bevacqua reconoció que estuvo en diálogo con el presidente electo y su equipo a lo largo del año para trabajar en un plan de normalización.
Bajo la lógica de “equipos” que imperó en la construcción del gabinete económico, la conducción del organismo estaría compartida por la ex titular del instituto estadístico mendocino, Patricia Giménez, también desplazada cuando el Indec comenzó a cuestionar los datos de inflación provinciales, y el radical Leandro Despouy, ex presidente de la Auditoría General de la Nación, quien comparó la injerencia del gobierno de Cristina Fernández en la AGN con el desembarco en el Indec.
“Hay una promesa electoral de normalizarlo y que sea un instituto en el que las estadísticas no se consulten con un gobierno sino que se comuniquen”, agregó Peña sobre el rol autárquico que Cambiemos prometió para el organismo estadístico.
El gobierno saliente reacondicionó el IPC y la medición del producto bruto interno a partir de 2014 para evitar sanciones del Fondo Monetario Internacional. A partir de ese momento, dejó de publicar las canastas que miden los límites de indigencia y pobreza por “problemas de empalme”.
