Tras intervenir todas las universidades del país, la dictadura liderada por Juan Carlos Onganía ordenó durante la noche del 29 de julio de 1966 el desalojo por la fuerza de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los palos con los que la policía reprimió brutalmente a estudiantes, profesores y autoridades permanecen aún hoy en nuestra memoria como uno de los hechos más tristes y oscuros que vivió la universidad argentina.
Más conocido como La Noche de los Bastones Largos, el funesto episodio marcó uno de los retrocesos más importante de la educación pública, dado que anuló violentamente la aplicación del conocimiento científico a los problemas del desarrollo nacional.
El hecho fue parte del plan represivo ideado desde el golpe de Estado del 28 de junio de ese mismo año, que derrocó al entonces presidente Arturo Illía. El mismo día del golpe, las autoridades de la UBA realizaron una declaración y un “llamado a los claustros universitarios en el sentido de que se siga defendiendo como hasta ahora la autonomía universitaria (…) y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia”.
Docentes de la Facultad de Ciencias Exactas firmaron, además, una declaración manifestando su “irrevocable decisión de no reconocer otras autoridades de la Facultad y de la Universidad de Buenos Aires, que las que legítimamente emanan del cumplimiento del Estatuto Universitario, así como de las leyes y de la Constitución Nacional”.
Pero Onganía tenía otros planes. A un mes del golpe de Estado sancionó el decreto-Ley Nº 16.912 que establecía la intervención de las universidades y ponía fin a la autonomía, con el propósito de “eliminar las causas de acción subversiva”.
Por primera vez, las ocho universidades nacionales que existían en aquel entonces se subordinaban al Ministerio de Educación de la Nación, al tiempo que se prohibía toda actividad política en las instituciones de educación superior.
Ante este hecho, las autoridades universitarias de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán y Litoral decidieron renunciar, y nueve decanos de la UBA dimitieron junto con el Rector Hilario Fernández Long, entre ellos, Rolando García, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, quien además decidió resistir la intervención junto a cientos de estudiantes, profesores y graduados.
La respuesta no tardó en llegar y a las diez de la noche del viernes 29 de julio de 1966 las tropas de Infantería comandadas por el comisario Alberto Villar reprimieron violentamente. El ataque a la Facultad de Ciencias Exactas no fue azaroso, dado que la institución se erigía como emblema de las ideas progresistas que se impulsaron en esos años.
La brutal represión, que culminó con más de 400 detenidos, cortó abruptamente la llamada “década de oro” de la universidad argentina, iniciada con la gestión del rector Risieri Frondizi durante la presidencia de su hermano Arturo. Aquel proyecto interrumpido en la feroz noche del 29 de julio se destacaba, entre otras características, por impulsar una universidad crítica y reflexiva, donde la investigación era parte fundamental de la actividad de los docentes.
Como consecuencia del ataque de Onganía a la universidad, se inició un vaciamiento de los mejores exponentes del pensamiento argentino. Durante los meses siguientes a la represión, unos 1500 docentes e investigadores fueron despedidos o renunciaron a sus cátedras, y una importante cantidad de ellos se exiliaron y fueron contratados por otras universidades del mundo.
Así, la Noche de los Bastones Largos inició una política de persecución, violencia e intolerancia al pensamiento y a la reflexión, que traería enormes consecuencias negativas al desarrollo científico y a las instituciones universitarias.
A 53 años de ese acontecimiento aciago, es fundamental reafirmar los pilares indiscutibles de nuestro sistema universitario: los principios de autonomía y cogobierno, la convivencia democrática, el respeto por la diversidad, el espíritu crítico y la rebeldía reformista.
