Las y los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) vuelven este martes a las calles para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales que ordenaron al Gobierno ejecutar la recomposición salarial. Desde las 7 hasta la medianoche, la comunidad universitaria realizará clases públicas, actividades científicas y atención gratuita en la Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía.
La jornada reunirá a los 13 decanos de las facultades de la UBA, quienes dictarán clases magistrales abiertas al público en general. La iniciativa busca visibilizar el impacto del financiamiento universitario más allá de las aulas y mostrar el trabajo que la universidad desarrolla en áreas como la salud, la investigación y la formación profesional.
Durante la actividad también habrá atención gratuita a la comunidad en distintas especialidades, entre ellas odontología, óptica, veterinaria y clínica médica. Además, se ofrecerá asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
La UBA también instalará espacios destinados a exhibir proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico. Entre ellos estará el Suipacha 901, un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la universidad.
Creer en el futuro cuando el presente es incierto
El reclamo tiene como eje la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025. Desde la UBA sostienen que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la normativa y con las distintas decisiones judiciales que ordenaron su ejecución.
“Salimos a la calle una vez más para reclamar que la justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y que el gobierno acate los fallos. Esta es una Ley necesaria en la Argentina de hoy, pero que por sobre todo nos va a permitir construir un país con desarrollo, ciencia, educación y futuro", sintetizó sobre el espíritu de la jornada Emiliano Cagnacci, docente de la UBA y Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba).
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto se profundizó luego de que el Poder Ejecutivo dictara el decreto 759/2025, que estableció que la Ley 27.795 solo podría ejecutarse una vez que se determinaran las fuentes específicas de financiamiento. Esa decisión motivó la presentación del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales ante la Justicia, que ordenó, como medida cautelar, el cumplimiento inmediato de parte de la normativa.
En junio de este año, la Corte Suprema de Justicia dejó firme esa cautelar, que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de las becas estudiantiles. El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Desde la UBA interpretaron que esa decisión implicó un aval implícito a la ley en su conjunto.
Salarios e ingreso disponible: cuánto perdió el poder adquisitivo desde 2023
Cagnacci había señalado en ese momento que, a partir de la cautelar, deberían actualizarse los salarios que habían quedado rezagados en años anteriores. “El Gobierno no puede elegir qué cumplir y qué no. Tiene que actualizar los salarios. Lo que hizo la Corte fue darle un mensaje al Poder Ejecutivo y darle la razón a la cautelar”, sostuvo.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo y las autoridades universitarias firmaron un acta acuerdo que incluyó un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000 millones de pesos. El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de ese mes.
Sin embargo, el conflicto no se saldó con ese acuerdo. El 1° de septiembre de 2026, el juez federal Cormick hizo lugar a una nueva cautelar en una causa específica de la UBA y ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley, destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En su resolución, el magistrado remarcó que el impacto fiscal de la norma equivale a apenas el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
La jornada de este martes se enmarca, además, en una serie de medidas de fuerza que se vienen desarrollando de forma consecutiva. Ese mismo día vencía el cuarto intermedio fijado en las paritarias entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario y los gremios docentes y no docentes para discutir la actualización salarial según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recomposición por el desfasaje de 2024. En caso de que el Gobierno no cumpla con la ley antes de la primera semana de octubre, los gremios anticiparon la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria.
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