A lo largo del tiempo, el gobierno de la educación argentina experimentó una serie de reelaboraciones. Al principio, tuvo características fuertemente centralizadas, producto de la impronta de un Estado que pretendía desarrollar una función integradora orientada a la construcción de la identidad nacional. Esto significó que la mayor parte de la educación estuvo bajo jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación, escenario que continuó hasta las últimas décadas del siglo XX.
A partir de entonces, se inició un conjunto de procesos vinculados con la descentralización que, en una primera etapa, culminaron en 1978 con la transferencia a las provincias de las escuelas primarias que estaban bajo la órbita del Estado nacional. En una segunda etapa, la federalización terminó de completarse en 1991 con la Ley 24.049, a partir de la cual se estableció la transferencia de las escuelas secundarias y los institutos terciarios.
El impacto de los procesos de reelaboración de los gobiernos educativos fueron diversos, en ocasiones resultaron positivos y en otras generaron fragmentación y desigualdad. Pero más allá de los avances, las dificultades y los asuntos pendientes de cada gestión, con la transferencia de los servicios educativos públicos del Estado nacional a los estados provinciales se fueron delimitando las funciones y las competencias que tendría cada actor involucrado.
Si bien desde hace tiempo se completó el proceso de federalización, aún existen algunos supuestos en la sociedad en torno a los roles de aquellos que fijan, acuerdan e implementan la política educativa. ¿Cuánto se sabe sobre las competencias del Ministerio de Educación de la Nación, los ministerios educativos provinciales y el Consejo Federal de Educación?
Hoy, el sistema educativo está regulado por la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006, normativa que buscó consolidar un régimen integrado en todo el país, pero de carácter federal. Según la ley vigente, la educación depende del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio de Educación de la Nación debe determinar la política educativa en todo el país y controlar su cumplimiento, pero sin perder de vista las particularidades regionales y provinciales, dado que las jurisdicciones pueden definir sus propuestas educativas de acuerdo con sus realidades y necesidades, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites establecidos por las metas comunes para todo el país. Metas que, por cierto, son acordadas en el marco del Consejo Federal de Educación, un órgano integrado por las máximas autoridades educativas de todas las provincias y la nación.
El Estado nacional también es responsable de asignar los recursos económicos que posibiliten la gratuidad, la equidad y la igualdad de la enseñanza, además de poseer el rol de asistencia técnica a la hora de acompañar a las jurisdicciones en el desarrollo de las políticas adecuadas a sus situaciones específicas.
Por su parte, los gobiernos provinciales deben, entre otras funciones, asegurar el derecho a la educación en su territorio, administrar y financiar el sistema educativo en su jurisdicción, y aprobar el plan de estudios de los diversos niveles según lo dispuesto por el Consejo Federal. A su vez, deben organizar y conducir las instituciones de gestión estatal, y autorizar y controlar a las escuelas privadas.
“La Ley de Educación Nacional le otorga al Ministerio de Educación de la Nación la competencia de fijar las políticas públicas, además de controlar la aplicación y la gestión de las mismas “, explica Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. “Tiene el rol de asegurar que las prioridades sucedan. Para eso creamos la Escuela de Gobierno de Políticas Educativas, para formar equipos técnicos en las 24 jurisdicciones capaces de liderar y planificar la gestión. Entendemos que es ahí y en los equipos ministeriales donde suceden o no suceden los cambios”, añade.
En suma, el Estado nacional coordina la elaboración y el acuerdo de las políticas que se desarrollan en las provincias, pero siempre debiendo atender a las necesidades y las particularidades de cada una de ellas. Es decir, debe definir las metas y las prioridades nacionales, pero acordadas federalmente.
Miguel enfatiza sobre este carácter federal del sistema educativo, al tiempo que describe el funcionamiento y la distribución del presupuesto en nuestro país: “Confiamos en el rol del Ministerio Nacional para fijar el rumbo, pero respetando el federalismo, sus contextos y sus responsabilidades, dejando atrás la idea de un gobierno que centraliza la política educativa. La idea de sistema federal se dejó en un segundo plano durante muchos años, y esto no es un dato menor. Sabernos federales y actuar en consecuencia implica que se desarrolle un presupuesto donde se den márgenes de autonomía para que las jurisdicciones puedan asignarlos en el marco de lineamientos federales según el Plan Operativo Anual Integral”.
“Tratamos al sistema educativo como lo que es, un sistema federal, donde acompañamos a las jurisdicciones que más lo necesitan y hacemos una distribución que nada tiene que ver con tintes políticos partidarios, sino que hay una agenda nacional, ‘Argentina Enseña y Aprende’, que fija metas específicas que cada ministro y ministra se comprometió a cumplir”, agrega.
En efecto, el Plan “Argentina Enseña y Aprende” presenta los objetivos educativos prioritarios al 2021, que fueron consensuados por todas las provincias. Se trata de un plan de política educativa que aborda el tema del aprendizaje de saberes y capacidades fundamentales, la formación docente, el desarrollo profesional y la enseñanza de calidad. Dentro de los ejes que considera transversales, el Plan hace mención especial a la innovación y la tecnología, a las políticas de contexto y a la evaluación y la información.
Bajo esta agenda nacional, el aprendizaje y la enseñanza están puestos hoy en el centro de la escena. “Por eso hicimos una reorientación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) hacia el aprendizaje, poniendo foco en la práctica docente y adecuando la enseñanza detrás de esa prioridad, que es aprender”, enuncia Miguel.
CONSENSUAR POLÍTICAS EDUCATIVAS
Como dijimos, el ámbito de consenso y discusión de las decisiones educativas en nuestro país es el Consejo Federal de Educación. “Siempre rescato y valoro su labor, porque no funciona como un órgano de política partidaria, allí se construyen las políticas públicas de Estado, por eso está cumpliendo una función que es necesario destacar”, afirma la secretaria de Innovación y Calidad Educativa. “A su vez, hemos creado, bajo resolución del Consejo Federal de Educación, la Red Federal para la Mejora de los Aprendizajes, como un espacio de diálogo federal en la construcción de políticas educativas”.
Y sobre los debates actuales del Consejo Federal, señala: “Todos los ministros y ministras, más allá de sus partidos políticos, tienen como prioridad absoluta la mejora de los aprendizajes de todos los niños y las niñas del país, aprendizajes que tienen que ver con la innovación y la preparación de los jóvenes para el futuro. En ese marco, consensuamos diversas agendas nacionales, como la política de alfabetización digital ‘Aprender Conectados’ y la mejora de aprendizajes de Lengua y Matemática con ambos planes nacionales.”
“En Lengua, ya vimos mejoras en las últimas pruebas Aprender”, ejemplifica Miguel. El Plan Nacional Aprender Matemática, en tanto, espera los mismos resultados, dado que ya se puso en marcha en todo el país y algunas provincias como Mendoza, Misiones, La Rioja, Chubut, Formosa, Provincia de Buenos Aires y Neuquén, enviaron más escuelas que las propuestas por el Ministerio Nacional, es decir, ampliaron la cantidad de establecimientos que participan de la iniciativa. Desde la implementación del Plan, se distribuyeron 2.180.000 materiales en 9384 escuelas involucradas, hecho que impacta sobre 72.000 docentes y 1.802.000 estudiantes.
“En la actualidad, también tenemos como eje prioritario la justicia educativa, lo que significa que trabajamos con los chicos y las escuelas que más necesitan contención a través de la política pública Escuelas Faro”, señala la secretaria. Este programa tiene el propósito de acompañar a las instituciones de gestión estatal de los niveles primario y secundario para fortalecer el sostenimiento de trayectorias escolares continuas y completas en sus estudiantes. Durante 2018, 2110 escuelas participaron de la iniciativa, 833 de nivel primario y 1277 del secundario.
Por otra parte, Mercedes Miguel explica que los acuerdos alcanzados por el Consejo Federal también involucran el desafío de reconvertir y repensar la escuela media: “Entendemos que la verdadera inclusión social surge del conocimiento. En este sentido, sobre nuevos saberes de aprendizaje y en el marco de la innovación necesaria, se aprobó la Secundaria 2030, una política que fija cambios muy profundos para ese nivel, en la estructura de organización del contenido, en cómo aprenden los chicos, en la organización del tiempo docente y en el trabajo por proyectos. Queremos una secundaria relevante, con sentido, cercana al mundo del trabajo y a los estudios superiores, que despierte a los estudiantes el deseo de ser parte activa y emprendedora”.
“La Ley de Educación Nacional le otorga al Ministerio de Educación de la Nación la competencia de fijar las políticas públicas, además de controlar la aplicación y la gestión de las mismas". Mercedes Miguel.
“Otros ejemplos concretos que acabamos de aprobar en el último Consejo Federal –continúa- son las dos orientaciones nuevas de la secundaria, en Energía y sustentabilidad y en Robótica y programación. Esto no significa que las 24 jurisdicciones las tengan que implementar, pero habilitamos a que se pueda hacer. Por ejemplo, la aprobación de estas nuevas orientaciones beneficiará a Neuquén con Vaca Muerta y a Jujuy con el parque solar. También destacamos la Resolución del Consejo Federal N°343 que aprueba la incorporación de la Educación Digital, la Programación y la Robótica, para la educación obligatoria que va desde la sala de 4 años hasta el final del secundario. Esto nos pone en primer lugar en la región y en quinto lugar en el mundo.”
POLÍTICAS NACIONALES DE IMPLEMENTACIÓN FEDERAL
Tal como mencionamos, el educativo es un sistema con distintos niveles y tipos de responsabilidad, y todas las políticas consideradas prioritarias tienen una resolución del Consejo Federal de Educación y un presupuesto específico asignado. Luego, cada provincia agrega a su agenda educativa sus propias demandas. Esto significa que, si bien lo acordado es de aplicación obligatoria, el modo de implementación puede variar en cada jurisdicción.
“Siempre me gusta hablar de políticas públicas nacionales de implementación federal”, describe Miguel. “Porque todo lo que logramos lo hacemos a través del Consejo Federal, respetando la identidad de nuestra Argentina, porque no son iguales las demandas que tiene cada una de las provincias”, dice.
Así, a lo largo del tiempo cada gobierno educativo fue haciendo hincapié en aquellas cuestiones que consideró necesarias, urgentes o prioritarias. Hoy, uno de los ejes centrales de las políticas públicas consensuadas es, sobre todo, el aprendizaje de saberes y capacidades fundamentales para lograr el ingreso, la permanencia y el egreso de la totalidad de los niños y jóvenes de la educación obligatoria. Para ello, también se hace hincapié en la mejora de la formación docente y el desarrollo profesional.
En ese marco general, se acordó la implementación de prácticas innovadoras y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, la puesta en marcha de políticas pedagógicas contextualizadas, la implementación de los operativos anuales de evaluación Aprender, y el uso de la información puesta al servicio de la escuela, la comunidad y las autoridades provinciales y nacionales. Y los actores involucrados en las tareas de fijar, acordar e implementar estas metas son el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Federal de Educación y los ministerios de educación jurisdiccionales.
