La Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, se refirió a la intimación que su par nacional, Nicolás Trotta, le envió a los representantes de los colegios privados para que hagan cumplir el DNU del Gobierno Nacional y así cumplir con la escolaridad virtual. La funcionaria opinó que el el ejecutivo nacional no tiene jurisdicción para hacerlo y cuestionó la medida.
“Nación con esta carta hace un llamado de atención, pero no tiene jurisdicción para indicar, ordenar ni apercibir en el caso de que no sigan lo que ellos exponen”, sostuvo Soledad Acuña en en una entrevista en Radio con Vos. La carta del gobierno nacional fue enviada luego de que el fuero federal en lo Contencioso y Administrativo desestimara el fallo que habilitaba la presencialidad en las aulas en CABA y los colegios privados se negaran a acatar la medida.
El ministro de educación nacional, Nicolás Trotta, envío este miércoles —junto a su par de justicia, Martín Soria— una carta a la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP) para que las clases se den de manera virtual y respetando el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 241. En la misiva, los funcionarios remarcan el riesgo epidemiológico que tiene promover la circulación de chicos, padres y docentes a las escuelas.
"Le queremos hacer saber que el Decreto N° 241/2021 es una norma federal que se encuentra vigente, por lo cual corresponde sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021 en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", explicaron desde nación.
Soledad Acuña sobre las clases presenciales: "Seguimos sosteniendo la misma postura"
En ese marco, Soledad Acuña sostuvo que desde la Ciudad de Buenos Aires mantendrán la misma tesitura que vienen sosteniendo desde el domingo por la noche, cuando el alcalde Horacio Rodríguez Larreta informó en conferencia de prensa que el lunes habría clases presenciales en su distrito. Mientras tanto, desde el gobierno porteño esperan el fallo de la Corte Suprema de Justicia, quien ya reconoció competencia en la disputa y dará un dictamen.
“Seguimos sosteniendo la misma postura, que hay un fallo de Cámara local que reconoce la competencia del gobierno de la Ciudad para administrar la política educativa, y el jefe de Gobierno decidió que las clases sigan presenciales y los colegios lo acompañan y comparten”, explicó Acuña.
Críticas a la justicia porteña
Los chispazos que generó la decisión de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario porteña cuando falló en favor de la Ciudad de Buenos Aires para que las clases sean presenciales corrió inmediatamente la discusión hacia el terreno de la justicia. A la complejidad epidemiológica y la tensión política que fue in crescendo entre el presidente, Alberto Fernández y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se agregó la judicialización de la presencialidad en las aulas.
"Lamentamos que, en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población, y las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente demuestran una actitud política y jurídica irresponsable", esgrimieron Nicolás Trotta y Martín Soria en su presentación a los colegios privados.
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En ese marco, sostuvieron que desde el gobierno nacional no desconocen "la confusión que ha generado el dictado de una medida cautelar para continuar con las clases presenciales suspendidas por la norma federal citada", dictada por la sala IV del tribunal porteño, pero reclamaron por la falta de competencia "para adoptar esa decisión".
Mientras tanto, la el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa con su acción y su discurso de continuar con la presencialidad en las aulas hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida y defina de qué manera se resuelve el conflicto.
GI/FL