A menos de dos meses de las elecciones presidenciales del 17 de agosto de 2025, Bolivia atraviesa una de las coyunturas políticas más complejas desde la recuperación democrática. La combinación de una profunda fractura en el oficialismo, una oposición dispersa, una institucionalidad debilitada y una crisis económica estructural han desembocado en una escalada de violencia y en crecientes dudas sobre la legitimidad y viabilidad del proceso electoral. Lejos de ser una elección más, estos comicios podrían convertirse en un nuevo punto de inflexión para la democracia boliviana.
La historia reciente del país ayuda a entender el momento actual. En las últimas décadas, Bolivia alternó momentos de estabilidad con estallidos institucionales, como los vividos en 2008, 2019 o incluso durante el intento de golpe denunciado por el presidente Luis Arce el año pasado. Pero lo que distingue al presente es que la polarización ya no se da entre oficialismo y oposición, sino al interior del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido hegemónico desde 2006. La disputa entre Evo Morales y Luis Arce no solo tensiona la estructura partidaria sino que también desordena el mapa político, impide la consolidación de alternativas y pone en jaque a todo el sistema.
Ni Morales ni Arce. Pero, ¿cómo entender los conflictos de las últimas semanas? Hace dos meses el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó la inhabilitación de Evo Morales como candidato presidencial, basándose en el límite constitucional de dos mandatos consecutivos. Morales, que ya gobernó entre 2006 y 2019, denunció la decisión como una traición del propio Arce, a quien él mismo ungió como su sucesor en 2020, y convocó a sus bases sociales a resistir. La respuesta fue inmediata: bloqueos en puntos estratégicos del país como el Trópico de Cochabamba y Potosí, marchas hacia la capital, amenazas de boicot electoral y crecientes niveles de violencia. Pero mientras todo esto ocurre, además, el expresidente tiene una orden de captura que lo obliga a permanecer recluido con varios anillos de seguridad y bajo la protección de sus seguidores en Lauca Ñ, su principal bastión político.
Por su parte, el actual presidente, Luis Arce, también se bajó de la contienda. Lo hizo invocando la necesidad de evitar la fragmentación del voto de izquierda, aunque su renuncia fue también el reflejo de una realidad ineludible: su escaso caudal electoral (el 5% de intención de voto, según la encuestadora CiesMori en mayo de 2025) y su falta de control sobre el aparato partidario. Arce nunca logró consolidar una estructura propia dentro del MAS ni un bloque de poder autónomo. Durante todos estos años el partido siguió en manos de Evo a través de las organizaciones matrices como la Central Obrera Boliviana (COB) y las federaciones cocaleras del Chapare.
En ese contexto surgió un nuevo nombre: Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, dirigente cocalero de perfil más bajo, pero con llegada a ambos sectores. Apoyado por Arce y vinculado al entorno de Evo, Andrónico aparece como una figura de transición o “candidato puente”, que canaliza el voto duro del MAS, pero sin los costos de Morales ni los enfrentamientos de Arce. Su candidatura busca preservar la unidad del oficialismo, aunque Evo insiste en que solo él debe ser el candidato.
Contexto de crisis. Todo esto ocurre en un contexto de deterioro institucional y social creciente. Entre el 7 y el 11 de junio, Bolivia vivió una de las semanas más violentas en años: cinco personas murieron (tres policías, un bombero y un manifestante), al menos 17 resultaron heridas y más de 40 fueron detenidas. En varias regiones se denunciaron ataques con dinamita, emboscadas y el uso de armas de fuego por parte de manifestantes. El gobierno acusó la infiltración de grupos armados vinculados al narcotráfico mientras que desde la oposición se denuncia una militarización del país con más de 5 mil efectivos desplegados. La frontera, entre protesta social, crimen organizado y represión estatal, se vuelve cada vez más difusa.
En paralelo, el Tribunal Supremo Electoral también enfrenta críticas. Tanto desde el “evismo” como desde la oposición denunciaron parcialidad y falta de transparencia. El órgano inhabilitó a Morales, pero aún no logró generar consenso sobre el padrón electoral, que en 2023 fue cuestionado por presentar más de 800 mil registros con irregularidades. La OEA y la ONU, por su parte, no han confirmado aún su participación como observadores internacionales. Y sin veedores, sin acuerdo político y con presencia militar en zonas claves, el proceso electoral corre el riesgo de ser fuertemente impugnado.
Y como si todo esto fuera poco, el estado actual de la economía agrava aún más el problema. Bolivia atraviesa uno de sus peores momentos macroeconómicos desde principios de siglo. En 2024, el crecimiento fue de apenas el 1,3% y para este año se proyecta un 1,5%. El déficit fiscal ronda el 8% del PBI, las reservas internacionales se redujeron a ⅙ de lo que tenían en 2014, y el dólar paralelo se cotiza hasta un 30% por encima del oficial. A esto se suma el desplome de las exportaciones de gas, que pasaron de 6 mil millones a menos de 1.500 millones anuales, y la informalidad laboral, que supera el 70%.
Aunque la inflación se mantiene relativamente contenida, los salarios están estancados y el malestar social crece. Las protestas por escasez de combustible, medicamentos y alimentos no responden solo a clivajes partidarios: expresan también el hartazgo frente a un modelo que, para muchos, ya no da respuestas.
La oposición tampoco convence.Pero mientras el oficialismo se fractura y es testigo de una de las peores crisis sociopolíticas y económicas en décadas, la oposición tampoco parece rearmarse y sigue sin encontrar una estrategia efectiva. Carlos Mesa, que fue segundo en las elecciones de 2020, perdió protagonismo. Luis Fernando Camacho continúa preso desde 2022, y otros dirigentes, como Manfred Reyes Villa o Samuel Doria Medina, no logran conectar con el electorado. Las encuestas reflejan esta parálisis: ningún candidato opositor supera el 15% de intención de voto, y en regiones claves, como El Alto o el área rural, el MAS conserva aún una base social importante. Pero, ante un descalabro semejante, ¿por qué la oposición no puede consolidarse? Porque el discurso anti-MAS ya no alcanza. El electorado busca respuestas concretas frente a la crisis, y la fragmentación opositora impide construir una alternativa sólida. Sin una coalición amplia, sin liderazgo claro y sin presencia territorial, los bloques opositores corren el riesgo de volver a ser irrelevantes.
Escenarios: orden, violencia o suspensión electoral. ¿Qué puede pasar después del 17 de agosto? Frente a esto existen tres escenarios: el primero, una elección relativamente ordenada, con participación internacional, triunfo del MAS (con Andrónico o con otro candidato) y aceptación de resultados. Es la alternativa menos probable, pero aún posible si se alcanzan mínimos acuerdos.
El segundo, una elección sin legitimidad, con denuncias cruzadas, violencia, posible abstención en regiones claves y un resultado impugnado que agrave la crisis.
Y el tercero, la postergación o suspensión del proceso electoral, si la violencia escala o si alguno de los actores más poderosos (Evo, el gobierno o los militares) decide romper el marco institucional.
En cualquier caso, Bolivia está en una encrucijada. La historia reciente muestra que subestimar la capacidad de movilización de los actores sociales, la volatilidad de las instituciones y la tensión entre legalidad y legitimidad puede tener costos altísimos. Aún hay tiempo para un diálogo nacional que evite el colapso. Pero cada semana que pasa sin acuerdo es un paso más hacia el abismo.
*Licenciada en Ciencias Políticas (UCA). Investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA)- Co-host del podcast El Cafecito Latinoamericano en YouTube.
