Los treinta años que separan el presente de la recuperación del régimen constitucional exhiben cambios significativos en el sistema de medios. Sus contenidos, su estructura de propiedad, su propia definición desafiada por nuevos contornos tecnológicos y su discusión por parte de la sociedad presentan modificaciones notables a lo largo de estas tres décadas.
A esos cuatro ejes de análisis del período se añade la regulación audiovisual establecida a partir de 2009 con la Ley de Servicios de Comunicaión Audiovisual (SCA), que representa un giro en la lógica de intervención estatal en el sector.
Si bien la adscripción al lucro moldeó buena parte de las últimas tres décadas como principio rector del funcionamiento de los medios, en los últimos años la discusión sobre la comunicación introdujo un complemento de tipo político.
El análisis de los medios, hoy, no puede sustraerse de la consideración de ese complemento político que polariza a los actores y que colocó cuestiones como la propiedad concentrada, los intereses económicos y la línea de política editorial de los medios en un lugar privilegiado de la agenda pública.
1. Contenidos: el fin de la censura. El cambio central desde 1983 es el destierro de la censura directa ejercida hasta los años 80 no sólo por gobiernos militares, sino también por civiles en el siglo pasado (por ejemplo, el decreto 1.774 que inauguraba las listas negras en 1973 firmado por el presidente provisional Raúl Lastiri a dos días de la tercera asunción de Juan Perón). Si bien hubo episodios aislados de censura en los medios durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la progresiva conquista de la libertad de opinión en los medios fue una constante.
A la vez, la digitalización de las tecnologías de producción y la competencia de nuevas pantallas (la televisión por cable, internet, los dispositivos móviles) afectaron los lenguajes tanto audiovisuales como escritos. Diarios y revistas agilizaron sus ediciones con diseños que jerarquizaron el valor de las imágenes y redujeron la extensión de los textos. Página/12 renovó el lenguaje de los periódicos que, hasta ese momento conservaban en formol registros discursivos de décadas anteriores. El desenfado editorial impulsó en los 90 investigaciones periodísticas con gran despliegue muchas veces reducidas al ejercicio de la denuncia.
Los medios audiovisuales se remozaron y reorganizaron sus procesos productivos a través de la tercerización de su programación, lo que generó productoras independientes que por un lado revitalizaron estéticamente la televisión y la radio, y por el otro significaron un ahorro de costos fijos en las emisoras. Varias de éstas fueron más tarde absorbidas por los grandes grupos. La organización del trabajo en los medios fue atravesada por los procesos mencionados, en un contexto de precarización creciente desde fines de la década de 1980, lo cual fue acompañado por la explosión de carreras de comunicación social y tecnicaturas de periodismo que institucionalizaron la formación profesional y proveyeron de ex alumnos no sólo a los medios, sino también a oficinas de relaciones públicas y comunicación institucional del Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
Pero no todo es novedad, ya que se mantiene la centralización geográfica de la producción de contenidos: la zona metropolitana de Buenos Aires sigue proveyendo más del 80% de la programación televisiva originada en el país y en los medios gráficos el cierre o la absorción de diarios locales por conglomerados mediáticos con sede en Buenos Aires restringió la producción local. Y es muy común la práctica de alquiler y subalquiler de espacios en medios audiovisuales, añadiendo complejidad al peso del licenciatario en el control de los contenidos que emite.
2. Propiedad: la concentración. Otro proceso característico del período es la concentración de la propiedad de los medios. Esta concentración, alentada por uno de los cambios con los que en democracia se empeoró la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, de 1980, se desplegó en dos fases: la primera expansiva, la segunda defensiva. Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) estimularon la fase expansiva, primero con privatizaciones que beneficiaron a grupos nacionales (Clarín, Editorial Atlántida) y luego permitiendo el ingreso de capitales extranjeros y bancarios. A partir de su segundo gobierno se produjo el ingreso de conglomerados como Telefónica, Prime o, más tarde, Prisa, y se financierizó el sistema, con la llegada del Citibank asociado al banquero Raúl Moneta, del fondo de inversión HTF&M, o de la sociedad entre Clarín y Goldman Sachs. La cualidad extranjerizada y financierizada de la concentración fueron indicadores de que los medios cotizaban tanto por su influencia político-cultural como por su función económica. En esta fase expansiva de la concentración el Estado autorizó la constitución de multimedios (vía Reforma del Estado), otorgó privilegios impositivos, amplió el límite de licencias acumulables y legalizó las redes (decreto 1.005/99).
Tras la crisis de 2001 el Estado ayudó a las empresas periodísticas a través de la sanción de una ley denominada “de bienes culturales” que fue, en rigor, un salvataje frente a las deudas contraídas con capitales externos, para evitar que éstos tomaran los activos de los medios como parte de pago. Allí se inició la segunda fase del proceso de concentración, en la que los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007) respaldaron una estrategia defensiva con políticas diseñadas a la medida de los grupos locales. Además de la ley de bienes culturales, se extendió la explotación de las licencias por parte de los operadores privados y se facilitó la transferencia de emisoras sin mediación de concursos públicos. La crisis de inicios de siglo operó como pretexto para esta segunda fase, que fue defensiva justamente porque el argumento de empresarios y gobiernos fue que sólo un blindaje al ingreso de otros operadores podría permitir la recuperación de sus niveles de actividad. Esta etapa termina el 7 de diciembre de 2007, último día hábil de la presidencia de Kirchner, pues ese día autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal (Grupo Clarín).
En las últimas décadas la concentración de los medios produjo la desaparición de empresas de comunicación medianas y pequeñas y deterioró la diversidad de perspectivas. Así, aunque en Buenos Aires se editan más de 13 diarios y funcionan seis señales de noticias, la concentración de su propiedad y sus fuentes de financiamiento condicionan el encuadramiento en torno del eje oficialismo-oposición que es el que reporta beneficios económicos, resignando matices y subordinando la difusión informativa al previo propósito de adular o atacar al Gobierno.
Por otro lado, el clásico descuido de emisoras de gestión estatal comenzó a revertirse ya a partir del gobierno de Fernando de la Rúa, pero fue con las presidencias de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner cuando se crearon nuevas señales (Encuentro, Paka-Paka) y se potenció la función del Estado como emisor. El Programa Fútbol para Todos, desde 2009, vigorizó una pantalla que hasta entonces no disputaba el interés de las audiencias. El Estado incide en el rating produciendo contenidos de calidad, si bien en el segmento de la información política acentuó su sesgo gubernamental.
3. El desafío de las nuevas plataformas. Otro factor decisivo en la metamorfosis del sistema de medios fue el surgimiento incesante de nuevas plataformas de emisión. Primero fueron las radios FM que desde 1980 modificaron el lenguaje radiofónico y segmentaron públicos y géneros. Además, en la salida de la dictadura el dial se nutrió con la movilización social a través de experiencias comunitarias y barriales que, si bien se hallaban proscriptas, lograron permisos provisorios emitidos por el Estado. A partir de 2009 la ley audiovisual les da amparo legal, aunque su articulado está pendiente de concreción.
El control remoto y la migración de los receptores al color tonificaron las formas de ver televisión, pero fue a partir de 1990 en que la paulatina masificación de la televisión por cable y su menú multicanal introdujo una oferta de decenas de canales, muchos de ellos temáticos, en una pantalla que sólo en las grandes ciudades contaba con más de un canal de aire. El paisaje mediático tendría luego un revulsivo extraordinario con internet y más adelante con las conexiones ubicuas a través de dispositivos móviles, la diseminación de redes digitales y de espacios que alternativizan el flujo unidireccional con soportes analógicos propios de los medios tradicionales. El peso de los nuevos medios se siente en los balances de las empresas que acusan una merma de ingresos publicitarios, ya que las campañas se canalizan también a través de los medios digitales, y una disminución de sus audiencias seducidas por la multiplicación de la oferta.
4. El fin de la inmaculada concepción. A su vez, las nuevas plataformas de información y entretenimiento favorecen la extensión de la discusión social sobre la función que desempeñan los medios cuestionando su inmaculada concepción y la ideología de la objetividad. Esta discusión, común a varios países sudamericanos, fue además apoyada por gobiernos que impulsan nuevas regulaciones en lo atinente a la estructura de propiedad y a los contenidos. Tras el estímulo a la concentración en la gestión de Kirchner, Cristina Fernández ordenó un giro copernicano en la intervención estatal en el sector. A partir de la llamada “crisis del campo” de 2008 la entonces flamante presidenta se enfrentó con el Grupo Clarín que es, junto a Telefónica, el más poderoso conglomerado comunicacional en el país. El caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación del Programa Fútbol para Todos, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre y luego la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son manifestaciones de la nueva política de medios. Este listado sería incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios cercanos al Gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial cuyo manejo discrecional fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias o la abolición del desacato.
Frente a este panorama, la ley audiovisual en su texto de 2009 fue una respuesta de carácter inclusivo al comprender a sectores no lucrativos (cooperativas, medios comunitarios) en la gestión de licencias, establecer límites a la concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la participación de minorías políticas y sociales en la aplicación y control y proponer cuotas de contenidos locales. Sin embargo, ni el Gobierno ni los principales grupos respetan la ley a casi cuatro años de su sanción. Es más, la ausencia de concursos, la falta de información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del Gobierno para que la desconcentración se realice entre accionistas y allegados (estrategia fronteriza con el testaferrismo) de todos los grupos excepto Clarín (que mantiene el pleito por cuatro artículos de la norma, tema que debe resolver la Corte Suprema de Justicia este año), el sobreactuado oficialismo de los medios estatales, la inyección de recursos para promover pases de figuras mediáticas tan consagradas como reactivas a una mirada inclusiva y la postergación de los reclamos de los sectores sin fines de lucro se combinan para desatender la democratización prometida.
No obstante, hay cambios evidentes en el mapa de medios que no tienen, necesariamente, a la Ley Audiovisual como guía aunque la invocan como justificación. Hay grupos en ascenso (Cristóbal López, Vila-Manzano, Szpolski) y un gobierno que actúa a la vez como operador audiovisual con una destreza infrecuente en el país y como financiador de empresas, productoras e intermediarios mediáticos. Clarín, empero, ve acechado el dominio que ejerció durante décadas con recientes intervenciones del Gobierno en sus mercados de actividad. Telefónica mantiene una política de buena vecindad con el oficialismo y capitaliza su posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones, cuya regulación sostiene inalterables varios principios de la Reforma del Estado de 1989.
Se asiste, pues, a una reconfiguración de los nexos entre medios, negocios y política a través de una pugna por llegar a 2015 con una relación de fuerzas empresariales diferente a la que expresó el campo mediático desde fines de la década de 1980. El Gobierno a través de los recursos estatales pugna en esa reconfiguración con potentes grupos privados, lo que afecta el campo profesional. Los usos sociales de la comunicación, sin embargo, desbordan las intenciones de los actores más influyentes y agregan incertidumbre a un escenario abierto.
