Son menos de 1.500 kilómetros cuadrados de una superficie total superior a los 30 mil comprendidos por una región mayormente rural pero con un enclave de una impresionante densidad demográfica superior a los 3 millones de personas con desigualdad de acceso a cualquier indicador que se adopte para medir grados de bienestar social y económico.
La descripción vuelve todavía más paradójico que se trate del hábitat donde encuentre zona de confort una forma de entender la acción política por parte del peronismo; aunque sometida a jaque hace dos años por el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En conjunto, son rasgos que distinguen del resto del Conurbano a la Tercera Sección Electoral.
Es el ámbito elegido por Cristina Fernández de Kirchner para dar refugio a lo que queda de su proyecto político bajo la tutela de Máximo, su hijo: en cinco de los siete distritos que concentran 3.300.000 electores sobre un total de casi 4,5 millones, los intendentes la siguieron en su derrotero hacia el frente Unidad Ciudadana pero cuidándose de no abandonar, o de dejar en manos amigas, la presidencia de cada versión local del Partido Justicialista.
Ocurre en Avellaneda, Almirante Brown, Lomas de Zamora, La Matanza y Florencio Varela. Gobernados por Cambiemos, Lanús y Quilmes suponen algo más que un contraste. Expresan una amenaza concreta a la supervivencia de una metodología cuestionada, precisamente, por la proximidad de esos casos testigo.
No es que la ayuda social reforzada por Cristina con la Asignación Universal por Hijo (AUH) luego de la derrota electoral de Néstor Kirchner, su esposo y antecesor, en 2009 sea estrictamente distinta en unos u otros. La calidad de la gestión en el aprovechamiento de los recursos impulsada y controlada por el gobierno bonaerense hace la diferencia.
Tampoco se trata de grados de sensibilidad en juego. Más bien de una administración pendiente del déficit crónico que arrastra luego de las dos administraciones de Daniel Scioli y que obliga a la de María Eugenia Vidal a financiarse apelando al mercado nacional e internacional.
El último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) actualizada en junio por el Indec alude a esa necesidad. Casi 3 millones de habitantes mayores de 16 años se reparten parejos entre los segmentos de necesidad social y económica (NSE) 2 y 3, correspondiente a los niveles Inferior Bajo y Superior Medio Bajo. Los indicadores combinan situación de acceso a ingresos, salud, vivienda y empleo en esos siete centros urbanos.
Marginalidad. Las 190 mil personas en situación de marginalidad expresan una relación inversamente proporcional con las 7.200 que figuran en el segmento más alto. Esta radiografía ayuda a comprender las desigualdades. Pero también otras complejas asimetrías.
Para el sondeo mensual entre empresas efectuado por el Obsevatorio de Empleo del Ministerio de Trabajo bonaerense en mayo de este año el GBA concentró la mayor expectativa de aumento de dotaciones (9,9%). El resto de los conglomerados económicos analizados, La Plata y Mar del Plata esperaban conservar las existentes o reducirlas. Esta opción tuvo su versión más pesimista en la zona atlántica (8,9 %).
La estadística como herramienta de análisis está presente en la estrategia política del PRO como partido dominante de la alianza Cambiemos. En esa lógica se fundó la decisión de que Elisa Carrió fuese candidata en la Ciudad y no en la provincia de Buenos Aires. El resultado parece darle la razón a la mesa chica del PRO que integran Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y María Eugenia Vidal pero ampliada desde enero a Diego Santilli y Federico Salvai.
Para la primera línea oficialista, Carrió proyecta incidencia hacia el primer cordón de la Tercera Sección sorteando el único límite natural que las separa: el Riachuelo. La infraestructura urbana, hospitalaria y de seguridad es un valor aspiracional que atraviesa de forma transversal las sociedades de partidos como el de Avellaneda y Lomas de Zamora. El intendente ultra K, Jorge Ferraresi, obtuvo en las PASO un ajustado triunfo sobre Cambiemos por dos puntos.
Esa influencia se diluye internándose en el corazón del segundo y tercer cordón, donde más prevalece la visión peronista de referencia. De nuevo la EPH colabora en graficarlo con datos. Florencio Varela y Quilmes comparten el límite impuesto por la cartografía oficial y el récord en marginalidad: 18.104 y 23.160 personas viven allí en esa situación.
En alianza con la camporista Mayra Mendoza, Aníbal Fernández impuso a Matías Ezequiel Festucca de candidato a primer concejal. Un joven abogado a quien su mentor define con una personalidad y estilo similar al PRO desde su siempre peculiar punto de vista. En Quilmes, la compulsa entre Unidad Ciudadana (UC) y Cambiemos fue apretada. Festucca logró 35% contra 33% de la lista del intendente Martiniano Molina.
Fernández mantiene una estrecha sociedad política con Julio Pereyra, quien será sucedido en la intendencia por el actual secretario de Gobierno, Andrés Watson, cuando en diciembre asuma como diputado provincial por la Tercera Sección. Pondrá fin así a casi 30 años ininterrumpidos en el ejercicio de ese cargo.
Aunque tal vez no terminen los exotismos de quien abandonó su empleo de técnico en telefonía para convertirse en chofer del intendente Julio Carpinetti, al que suplantó cuando el gobernador Eduardo Duhalde lo designó titular del Ente del Conurbano. Desplazarse en helicóptero es uno de ellos. Ubicado en un paraje de la zona rural de Varela, el barrio privado Los Ombúes donde vive cuenta con helipuerto. En su distrito, UC ganó por el 45% de los votos contra 24% de Cambiemos.
Educación. Cualquier cambio en este cuadro depende del papel que juegue la educación. En el nivel superior, los intendentes hacen sentir su peso. Ernesto Villanueva es el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela. Con pasado en la organización Montoneros igual que otro vecino ilustre de la zona, Carlos Kunkel, Villanueva se reinsertó como asesor del senador Eduardo Menem en la década del 90.
Fue además iniciador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), organismo dedicado a certificar los planes de estudios de todas las carreras. Es un requisito previo a la creación de una nueva casa de estudios. Ese trámite debió aprobar primero la Universidad Nacional de Avellaneda para ser habilitada. A diferencia de Villanueva, el ingeniero Jorge Calzoni carece de antecedentes en el ámbito académico. En su designación como rector incidió el estrecho vínculo con Cristina.
La Universidad Nacional de Quilmes (Unqui) tiene por rector a Alejandro Villar, hijo de Julio, que lo fue en los años 90. Villar adscribe al cristinismo. Lo mismo que la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo, que combina la reivindicación de su pasado setentista con el combate de la Vuelta de Obligado y la invasión a las islas Malvinas dispuesta por el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.
En la Universidad de Lomas resiste el rector Diego Molea, tal vez el más cuestionado por el fallido intento de saltar a la política: K arrepentido, se paseó con Sergio Massa, renovó después vínculos con Aníbal Fernández e intenta ahora acercarse al intendente Martín Insaurralde.
El entramado político en el que resiste el peronismo incluyó hasta no hace mucho vínculos difusos con la Policía Bonaerense y el Poder Judicial, ahora en paréntesis bajo la nueva administración provincial que puja por abrir una caja de Pandora cerrada desde adentro.
La nueva Universidad en La Matanza
La autonomía política de la Universidad Nacional de La Matanza frente al municipio conducido por Verónica Magario y Fernando Espinoza frustró que el cierre de campaña de CFK tuviese como escenario el Salón de las Américas en esa casa de estudios. Apodado “El Manuel Quindimil de los rectores” del Conurbano, Daniel Martínez negó a Espinoza la cesión del espacio por el pluralismo y libertad de pensamiento que impulsa en los claustros.
Pero la tensión viene de lejos. La fotografía no deja dudas. Magario publicita la creación de “una nueva universidad” en González Catán. Las instalaciones para ese proyecto comenzaron a construirse en tierras de la delegación descentralizada en esa localidad en 2013 y finalizó en 2015 con un costo total de 142 millones de pesos. Con una superficie construida de 5.200 metros cuadrados, arrojaría un valor de 27 mil pesos el metro. En la misma zona las viviendas cotizan a 18 mil.
Para habilitar una nueva universidad es preciso un estudio de factibilidad aprobado por la Cámara de Diputados, la aprobación de planes de estudios por la Coneau, el consentimiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores de todo el país, y la sanción de una ley por el Congreso. Para convertirse en anexo o subsede de la existente, un convenio con la Universidad de La Matanza. Ninguno de esos trámites está iniciado.
*Analista político.
