Luego de la denuncia que sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri le habría entregado dinero a Alejandro Vandenbroele para instalar un emprendimiento hotelero a cambio de su declaración en contra del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, se abrieron diversos interrogantes en torno al caso.
A través de documentos oficiales y testimonios de los involucrados en esta trama político-judicial, el Equipo de Investigación de Perfil Educación anticipa en este informe cómo podría seguir la causa en la Justicia y, lo más importante, revela cómo es la vida de Vandenbroele luego de dejar de ser un testigo protegido.
Un artículo de El Destape afirmó en febrero pasado que Vandenbroele, acogido hasta entonces al régimen de Protección de Testigos, había solicitado al Gobierno anterior 1,5 millones de pesos para iniciar un emprendimiento hotelero en Mendoza. El pedido de Vandenbroele habría sido realizado tras declarar en la Justicia que Boudou compró la firma Ciccone a través de su amigo José María Núñez Carmona, que funcionó como presunto testaferro.
Luego de su entrada en el programa de testigos, Vandenbroele se alejó de su profesión de abogado y del foco mediático, radicando domicilio en Chacras de Coria, provincia de Mendoza, a 20 kilómetros de la capital provincial.
A través de datos de la AFIP, el Equipo de Investigación comprobó que el empresario de 50 años está registrado como monotributista prestando servicios de hotelería y alojamiento desde enero de 2019 en la Posada La Masía, un hotel boutique que se habría edificado con el dinero que recibió como testigo protegido. Vandenbroele abandonó el Programa de Protección de Testigos el pasado 20 de febrero, tras lo que consideró una filtración ilegal de sus datos de legajo y una fuerte embestida contra su seguridad y la de su familia.
Una noche en La Masía en una suite doble cuesta 4.500 pesos. El hospedaje tiene solo seis habitaciones, y por eso la disponibilidad es bastante limitada. De la atención del lugar, es decir del contacto personal y telefónico con los huéspedes, se encarga directamente Vandenbroele, quien hasta principios de febrero, cuando trascendió la información, disfrutaba casi en el anonimato de su emprendimiento.
Luego de la repercusión mediática que tuvo el caso regresó a Buenos Aires para preparar una respuesta legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentar su defensa. Después de brindar algunos reportajes en los medios e iniciar la estrategia judicial, regresó a Mendoza, en donde continúa atendiendo su hotel.
Pocos días después de que saliera a la luz el caso, los abogados defensores de Boudou, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, presentaron un escrito en Comodoro Py solicitando medidas de prueba al respecto y que el exvicepresidente sea aceptado como querellante. Entre las nuevas medidas, pidieron llamar a indagatoria a varios ex miembros del gobierno macrista.
Las declaraciones solicitadas por la defensa de Boudou recayeron, entre otros, sobre los siguientes exfuncionarios: el exministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano; la exministra de Seguridad Patricia Bullrich; y los representantes legales de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera que podrían haber participado en las negociaciones. Por ahora, nadie fue citado a declarar en la Justicia. El Equipo de Investigación se contactó con Garavano y Bullrich, pero no quisieron realizar declaraciones.
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Según el escrito presentado por Peñafort y Rúa, al que tuvo acceso el Equipo de Investigación, se destacan los siguientes hechos, que consideran de gravedad: “a) Que hubo negociaciones entre miembros del Poder Ejecutivo Nacional y el Sr. Vandenbroele en forma previa a que el mismo se acogiese al régimen del imputado colaborador y a la condición de testigo protegido; b) Que dicha negociación incluía no solo protección para el Sr. Vandenbroele, sino la entrega de una suma no determinada de dinero al mismo, por parte de Estado Nacional; c) Que el objetivo de dicha negociación era primordialmente contar con el testimonio de Vandenbroele en el juicio oral que se desarrollaba respecto a la causa. Y donde Vandenbroele ya no podía solicitar que se le aplicase el carácter de imputado colaborador, atento que dicha causa ya había sido elevada a juicio oral; d) Que uno de los temores de Vandenbroele era la pena que podría imponérsele en el marco del juicio que se tramitó en la causa, que ya estaba en juicio oral”.
Los abogados de Boudou también pidieron recoger toda la documentación vinculada al tema que se encuentre en los ministerios de Seguridad y Justicia y solicitaron una nueva declaración testimonial de Vandenbroele y su exabogada defensora, Liliana Cobas.
Para la exabogada de Vandenbroele la presentación judicial representa una “embestida del Estado”. En diálogo con el Equipo de Investigación, Cobas manifestó: “La presentación de Peñafort y Rúa es una estrategia para lograr la libertad de su cliente, que fue condenado en primera instancia, la condena fue convalidada por la Cámara y por Casación. Vandenbroele también fue condenado y está cumpliendo su condena. Me preocupa el rol del Estado en este tema: la filtración del legajo de cualquier testigo o imputado colaborador lo pone en peligro. Esto es grave. No se puede utilizar políticamente todo”.
Por último, Cobas agregó: “Es absolutamente falso que alguien le hubiera pagado u ofrecido algo a Vandenbroele para que declarara. Vandenbroele declaró por su propia y libre voluntad, se sometió a la Justicia, colaboró con ella. Lo único que pidió fue protección y seguridad, fundamentalmente para su familia”.
Cobas había abandonado la defensa de Vandenbroele en noviembre de 2017, y ahora la retomó asesorándolo para contraatacar las presentaciones de los defensores de Boudou con un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que accedió el Equipo de Investigación.
“Mi permanencia en el programa de protección de testigos lejos de cumplir con su cometido, velar por mi seguridad, la ponía en evidente riesgo al existir un claro y abierto conflicto de intereses en las nuevas autoridades políticas del programa y mi persona. Sumado a esto la clara animosidad hacia mi persona, motivada por mis dichos al haber involucrado a individuos del mismo espacio político que dichas autoridades”, dice el texto que lleva la firma de Vandenbroele.
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En agosto de 2018 el Tribunal Oral Fedral 4 le dictó a Boudou la pena de 5 años y 10 meses por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone. La defensa presentó un recurso impugnando esa decisión, pero en febrero de 2019 se efectivizó la sentencia y Boudou ingresó a prisión.
Peñafort y Rúa reclaman que hasta que la Corte Suprema de Justicia no se expida sobre su presentación, no puede darse la ejecución de la pena, ya que se vulnera el Derecho de Inocencia.
A su vez, aseveran que durante el desarrollo del juicio no se les brindó la posibilidad de conocer “todos los antecedentes que llevaron a que se concretara el acuerdo (de Vandenbroele) en el Juzgado de Instrucción" y remarcaron que “el pedido de la defensa fue parcialmente atendido, denegándose el acceso a la documentación y los antecedentes requeridos”. Por eso, solicitaron: “Que se investigue también la conducta de los magistrados y funcionarios judiciales que negaron a esta defensa el acceso a la documentación específicamente requerida”.
Ayer martes, luego de que la Corte Suprema declarase días inhábiles en la Justicia entre el 16 y el 31 de marzo por la pandemia del coronavirus, la defensa de Boudou presentó un nuevo documento señalando que no posterguen el tratamiento de su pedido de excarcelación. "Que no le impongan a ese trámite la inhabilitación de días, que lo habiliten en atención a la urgencia del caso, y que resuelven hacer lugar a la queja para excarcelarlo", explicó Rúa al Equipo de Investigación.
Si bien la Corte Suprema todavía no sentó postura, el pasado 6 de febrero los jueces de la sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos declararon inadmisible el reclamo de Peñafort y Rúa y apoyaron la sentencia dictada por el TOF 4.
El Equipo de Investigación accedió al escrito firmado por los magistrados y allí se afirma: “La decisión impugnada no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal, puesto que no ostentan dicho carácter los pronunciamientos que no ponen fin a la acción, ni a la pena, ni hacen imposible la continuación de las actuaciones, ni tampoco deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena, ni proporcionan un perjuicio de imposible reparación ulterior (...) se aprecia que su impugnación se basa en meros juicios discrepantes con el criterio allí adoptado, en la sentencia”.
En diálogo con el Equipo de Investigación, Rúa aseveró que próximamente podría haber novedades, más allá de que Casación negó su pedido: “La Corte tiene que atender al amicus curiae que presentó el profesor emérito Julio Maier y hacer lugar al recurso de Boudou, como querellante”, explicó. El Equipo de Investigación también se contactó con Peñafort, pero no respondió a los llamados.
Julio Maier es un reconocido abogado de la UBA que en el juicio a Boudou fue aceptado como amicus curiae (amigo del tribunal) para desarrollar su opinión. El Equipo de Investigación tuvo acceso a su declaración en el caso, en la que fue tajante, solicitando que haya un nuevo proceso con otros jueces: “Según mi criterio, se debe anular la sentencia (a Boudou) y ordenar un nuevo juicio ante un tribunal integrado por otros jueces que deberá sustanciar el ofrecimiento de prueba de la defensa sobre el hecho nuevo producido, antes de dictar sentencia. Por lo demás, esta conclusión se funda ante el derecho del condenado recurrente a intentar una segunda chance que sostenga su inocencia”.
La defensa de Boudou se apoya en el planteo de Maier para buscar que haya otro juicio con un tribunal distinto, y que su defendido lo afronte en libertad. En los últimos días, Maier estuvo en terapia intensiva peleando por su salud.
La solicitud de Boudou para ser querellante, las nuevas medidas que pidió su defensa incluyendo declaraciones de exfuncionarios del macrismo y los planteos de Maier, esperan una resolución judicial que, por ahora, no tiene fecha prevista. Mientras tanto, Vandenbroele sigue en Mendoza.
El Equipo de Investigación intentó comunicarse con Vandenbroele y con Boudou pero no realizaron declaraciones.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigacion y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.
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