Hoy, los médicos somos testigos de un fenómeno muy preocupante: la banalización de la medicina. Personas ajenas a nuestra profesión, sin conocimientos, experticia ni incumbencias toman decisiones que impactan sobre la salud de la población y sobre el ejercicio profesional. Nos referimos a legisladores, jueces, funcionarios del área y empresarios del sector, que toman determinaciones que se basan en la falta de sapiencia y persiguen, en general, fines económicos.
Leyes inconsultas e irracionales
Muchos legisladores a partir de un “pensamiento mágico” creen que las prácticas médicas pueden modificarse con la promulgación de leyes que no son otra cosa que una clara intromisión en nuestro trabajo. Estas disposiciones pasan por alto desde protocolos médicos hasta normativas ministeriales y conocimientos científicos.
Una vez más nuestros legisladores han dejado claro que desconocen la realidad de quienes representan. Entre estas normas, destacamos: Ley nacional de Medicina Prepaga nº 26682 (2011) terminó destruyendo las instituciones pequeñas, muchas de ellas gremiales sin fines de lucro, en beneficio de las cinco o seis grandes empresas que incrementaron la porción en la torta de las ganancias.
La norma exige que se cumpla con prestaciones muy caras y complejas y no establece quiénes las financian, ni hace cargo al Estado de ser el garante en los casos en que esa financiación no exista. Ley nacional de salud Mental nº 26657 (2010), esta norma pretendió por una supuesta cuestión “progresista” ampliar las incumbencias de otros profesionales de la salud desconociendo que hay algunas funciones, que tanto por cuestiones legales como de formación, solo pueden ser cumplidas por el médico.
Por otra parte, propone la desaparición de los hospitales neuropsiquiátricos en otra demostración de una falta absoluta de conocimiento sobre salud mental y necesidades de los pacientes. Ley Provincial de régimen Legal para el ejercicio Profesional de los técnicos en emergencias Médicas nº 15094 (2018) de la Provincia de Buenos Aires.
El técnico en emergencia se podrá poner al frente de la asistencia de pacientes, fundamentalmente prehospitalarios, invadiendo incumbencias médicas e ignorando que el ex Ministerio de Salud no reconoce esta categoría como una de las especialidades de la medicina. Entre sus fundamentos, la norma señala la falta de colegas para los servicios de ambulancias, lo cual es falso: médicos hay, lo que se debe hacer es pagarles como corresponde y brindarles condiciones de trabajo digno.
Ley Provincial de ejercicio Profesional para las obstétricas nº 14802 (2015) que establecía las incumbencias de las obstétricas a las que pretendieron trasladarles algunas de las funciones de los médicos. Finalmente, quedó desactivada..
Funcionarios e hipocresía
Mientras quienes ocupan cargos jerárquicos tanto del área de salud como de otros sectores, se jactan diciendo que el médico es el sostén del sistema, no se preocupan ni por sus condiciones de trabajo ni mucho menos presentan propuestas para lograr la registración de su trabajo; por el contrario, cada una de las iniciativas tiende a la precarización laboral.
Tampoco, se inquietan por la gigantesca evasión impositiva que implica la contratación en negro, que llega a mil millones de dólares anuales. Detrás de esto se oculta un futuro muy complicado para los médicos monotributistas, que cuando se jubilen pasarán a integrar el sector de la pobreza. Ignoran (o prefieren ignorar) la estrecha relación que existe entre alta calidad de atención y condiciones laborales apropiadas.
La irracionalidad de La Justicia
Los jueces también banalizan la profesión médica, le restan importancia a lo establecido en el PMO y ponen al borde de la quiebra a entidades de salud, en general sindicales. Los pacientes tienen derecho a recibir una atención integral de su salud y las obras sociales y prepagas deben cumplir con todo lo pautado en el PMO y en las coberturas extras que las personas pagan.
Todos los amparos que se presentan ante la Justicia tienen un fallo favorable para el paciente. Estamos convencidos de que todas las personas tienen derecho a recibir la atención médica que necesitan sin importar su capacidad de pago, la salud es un derecho universal. El problema es quién financia esa atención; es el Estado quien debe hacerse cargo de garantizar la práctica médica no cubierta. La salud siempre es pública independientemente de quien la brinde. Los jueces obvian al Estado y ponen todo el peso en las entidades privadas.
Empresarios ávidos de ganancias
Finalmente, banalizan la profesión médica los empresarios de la salud. Además de restar importancia a nuestro trabajo pagándonos salarios bajos, incumpliendo en muchos casos los convenios colectivos de trabajo, intentando contratar colegas extranjeros en condiciones de extrema precarización, imponiendo a los médicos residentes formas de trabajo esclavo.
En general, los hacen trabajar en condiciones laborales inapropiadas -circunstancias que a diario desde nuestra acción sindical intentamos modificar-, a lo que se suma un nuevo intento de restarle valor a nuestra tarea asistencial: la teleconsulta cuyo objetivo es redoblar ganancias, con tres consecuencias gravísimas: rompen la relación médico-paciente, atentan contra la salud de la población y precarizan aún más las condiciones laborales del médico del sector privado.
Conclusión
Los médicos se enfrentan a la banalización de su rol social y los pacientes a un sistema de salud que no los prioriza y les pone cada vez más obstáculos para acceder a una atención oportuna y de calidad.
