El presidente argentino dice que más que atacar hay que acatar la Constitución. En la Argentina la Constitución con sus derechos y garantías se mancilla a diario y esa vulneración se celebra desde el gobierno e incluso se ha llegado a proponer (la violencia institucional que se cobra vidas) como “nueva doctrina“. Solo tres ejemplos de políticas inconstitucionales actuales, institucionalizadas como "novedad" antigarantista pese a su ilegalidad manifiesta:
1. Cárceles sanas y limpias para seguridad y no para castigo de las personas (que la constitución aun denomina "reos”) detenidos en ellas (“y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”) Ninguna cárcel argentina cumple con ese requisito constitucional básico. Las cárceles son, según palabras de la propia justicia penal, cada vez más “escenarios atroces” y parte de un “sistema cruel”, degradante para el ser humano. Nadie se resocializa en cárceles hacinadas y violentas, donde todo o casi todo es negativo. Nadie sale “mejor”. El lenguaje popular resume este fracaso diciendo que “salen peor que como entraron”. Es exacto y cierto. Y pese al consenso en torno a este fracaso manifiesto, se insiste, por falta de políticas publicas reales, con el remedio asociado al fracaso. Más cárcel. Más pena. Más represión y prisionización de la pobreza.
A 25 años de la última reforma de la Constitución
2. Las personas son condenadas solo después de un juicio justo basado en ley dictada antes del hecho que motiva el proceso. Esto postula la prisión preventiva como excepción, no como una norma coactiva en procesos irregulares, hoy institucionalizados y masivos, aunque manifiestamente inconstitucionales. No se equivocan Maier y Rusconi cuando proponen buscar caminos para reconstruir el erosionado y deteriorado estado de derecho argentino. Lo grave es que en Argentina ha sido la propia Justicia muchas veces –con presión mediática y política que pone en tensión su independencia- la que convalida estos atropellos.
3. Las deudas externas se toman en el Congreso de la Nación. Aunque en Argentina esa deuda ha sido contraída de espaldas a la sociedad, en acuerdos poco transparentes firmados por un presidente, arrogándose prerrogativas que corresponden, en una república, al congreso. El FMI, al negociar de espaldas al congreso, convalida los atropellos institucionales, degradando, pese a predicar lo contrario, nuestra calidad institucional. Refuerza acuerdos de cúpulas, reforzando los vicios del hiperpresidencialismo. Pero el presidente afirma que de perder él las elecciones, pierde la república y el congreso volvería a ser (lo que en realidad es hoy): una mera “escribanía”. En parte este vaciamiento explica el lugar cada vez más acotado de los debates en la política argentina.
La Constitución de 1994 es mejor, pero no es suficiente
La Constitución, dicen algunos constitucionalistas argentinos, representa en realidad un “programa muy ambicioso”. Pero algo es claro: Argentina ha retrocedido mucho en los últimos cuatro años. Lo que no se hacia bien, sigue igual de mal que antes (el estado penoso y degradantes de las cárceles, el poco respeto a las potestades legisferantes del congreso), y lo que antes se respetaba (políticas de memoria, verdad y justicia, garantías procesales básicas, prisión preventiva como excepción, ya que la misión de los jueces es dictar sentencias, no prisiones preventivas irregulares, que son soluciones intermedias, muchas veces arbitrarias e indefinidas) se han empeorado.
Los argentinos hemos retrocedido en nuestro respeto básico a la Constitución, es decir, en nuestra calidad institucional. La respetamos cada vez menos. El ataque institucional –desde el estado nacional mismo- al “garantismo” constitucional, es una prueba elocuente de anti republicanismo. Ya que las garantias son el espíritu de la Constitución y del orden republicano. Y el gobierno actual ha hecho, por impericia y falta de planeamiento, del “garantismo” constitucional un demonio y un enemigo discursivo y moral. No un pilar republicano y democrático, sino un “obstáculo” para el “orden” (y la guerra al delito), invirtiendo la idea central de que cualquier democracia se construye y se consolida reconociendo y respetando derechos. No impugnando garantías, invirtiendo principios básicos, como la inocencia o los derechos humanos de los “delincuentes”.
Atacar la Constitución es impugnar su contenido, cuyo capítulo primero reza Derechos y Garantías. Recuperar el estado de derecho es recuperar un poder judicial independiente que cumpla su labor con la constitución en la mano. Respetando las garantías. Respetando el debido proceso. No haciendo de excepciones, nuevas normas, o de la violencia institucional policial, que se cobra vidas de personas pobres a diario, como dice Bullrich, una “nueva doctrina“: la doctrina que permite ejecutar personas pobres que roban comida, o recibir como héroes a policías que matan ladrones (siempre pobres) por la espalda, en vez de detenerlos y someterlos a un proceso justo y legal, con todas las garantías constitucionales.
El anti garantismo es una forma constante de atacar la Constitución. No querer acatarla ni respetarla. A la Argentina en su conjunto le haría muy bien volver a respetar la Constitución, dejar de propagar “doctrinas” mediáticas “nuevas“ (afines a la demagogia punitiva, cortina de humo ante la ausencia de políticas públicas eficaces de desarrollo y seguridad ciudadana integral) incompatibles con ella, que la mancillan. La seguridad social, alimentaria, habitacional, y educativa, conforman pilares centrales de la seguridad humana, concepto muy manoseado y recortado mediaticamente por el anti garantismo inconstitucional, cuyo fracaso político y práctico vemos a diario.
PM CP
