Motorizada por la necesidad política, pero legitimada por la relevancia de sus transformaciones, la reforma de la Constitución Nacional cumple hoy 25 años desde su jura en el Palacio San José en Entre Ríos, luego de su sanción en Santa Fe el 22 de agosto de 1994.
Durante 89 días, 305 convencionales de distintos colores partidarios sesionaron en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral para dar a luz una nueva Constitución que era una deuda pendiente desde el regreso a la democracia y que permitió la incorporación de una nueva serie de derechos.
El impulso del menemismo que buscaba quedarse en el poder más allá de un mandato activó las negociaciones con un radicalismo herido desde el final de la gestión de Raúl Alfonsín, pero convencido de su importancia territorial y de su rol en la alternancia bipartidista.
Así se gestó el Pacto de Olivos firmado por Menem y Alfonsín en noviembre de 1993 en el que se comprometieron a trabajar en un Núcleo de Coincidencias Básicas que incluía la reducción del mandato presidencial a cuatro años con la posibilidad de una reelección, la incorporación de un tercer senador por la minoría, el establecimiento de la elección del presidente por sistema directo con la novedad del ballottage, la creación de la figura del jefe de Gabinete y la regulación para el dictado de decretos de necesidad y urgencia.
Medio año después se eligieron los convencionales y comenzaron las sesiones presididas por Eduardo Menem, que reunieron al propio Alfonsín con representantes del justicialismo, el Frente Grande, la UCeDé y el MoDIN, de Aldo Rico.
Además de aprobarse el núcleo de coincidencias, la reforma incorporó nuevos derechos en favor de la defensa de la democracia y condenó “los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”. Como herramientas, sumó la iniciativa y la consulta popular –aunque nunca se usó–, reconoció derechos de los pueblos originarios, ambientales y de los consumidores, ordenó crear el Consejo de la Magistratura, amplió de seis a nueve meses el período de sesiones ordinarias en el Congreso y dio rango constitucional a una serie de tratados internacionales.
Sin embargo, la mirada histórica, a 25 años de la sanción, ya permite reconocer algunos temas pendientes que nunca fueron llevados a la práctica por disidencias políticas, como la obligación de sancionar una nueva ley de Coparticipación antes de 1996 o que fueron cumplidos, al momento, de manera parcial, como la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires o el nombramiento de un titular como Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde 2009.
La proximidad del aniversario reflotó la discusión sobre si resulta necesaria una nueva reforma de la Constitución, originada hace ya unos meses en boca de ciertos intelectuales kirchneristas que propugnaban la eliminación del Poder Judicial. Entonces, recibió el rechazo del ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti –Convencional Constituyente– que propuso “cumplir con lo reformado” en vez de pensar en otros cambios.
