La liberación por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes, llega en medio, tal vez, de las semanas más complicadas que le toca atravesar a Álvaro Uribe Vélez al frente del gobierno colombiano por su disputa con la Corte Suprema de Justicia de ese país.
La semana pasada, la Corte sentenció a la ex congresista oficialista Yidis Mediana a 47 meses de detención domiciliar, después de que esta confesara haber recibido sobornos del gobierno para votar a favor de la reforma Constitucional que permitió la reelección presidencial de Uribe en 2006.
Este hecho provocó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que llevó a que el presidente colombiano, quien ganó con el 62 por ciento de los votos la última elección, propusiera realizar un referendo para buscar legitimar su actual mandato.
El mandato de Álvaro Uribe, quien está en el poder desde el 2002 y debería dejar su cargo en 2010, se ha caracterizado por llevar a cabo un programa de gobierno denominado “política de seguridad democrática”. Para ello puso en marcha una desmovilización de grupos paramilitares activos dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar considerada por Estados Unidos y la Unión Europea como “terrorista”.
Uribe ha lanzado decenas de políticas, amparado en la Ley de Justicia y Paz, con el objetivo de reducir los espacios de acción de las guerrillas y para la firma de los distintos tratados de libre comercio con otros países.
El pasado del actual presidente colombiano también está marcado por las FARC. En 1983 fue asesinado el empresario Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro, en un intento de secuestro en una de las fincas de la familia en Antioquia. La guerrilla colombiana fue la responsable de este episodio.
Mario Uribe Escobar, primo y uno de los principales puntales políticos del mandatario, fue noticia en los últimos días por pedir asilo político para evitar una posible detención. El ex senador está acusado de vínculos con paramilitares. Incluso, la fiscalía colombiana anunció que solicitará a la Interpol que emita una orden de captura internacional en contra de Uribe Escobar.