dpa/ap/ansa
Desde Madrid
El escándalo de sobresueldos en el Partido Popular (PP) alcanzó ayer al ex presidente José María Aznar, quien habría cobrado hasta en tres ocasiones “gastos de representación” cuando era presidente del Gobierno español, en 1996. Según denunció el diario El País, al que el ex mandatario demandó ante la Justicia, los sobresueldos habrían totalizado los 2,7 millones de pesetas, unos 16.755 euros.
La Ley de Incompatibilidades vigente en aquel momento en España prohibía a los ministros y al presidente recibir retribuciones dobles. El PP, que tenía por aquel entonces como tesorero a Luis Bárcenas, abonó ese año a su presidente 12.174.073 pesetas, 73.167 euros. De ese monto, habría cobrado más de 15 mil euros cuando llevaba ya un mes y medio en La Moncloa.
Los sobresueldos en negro están generando un grave problema para los conservadores del gobierno español, porque esas revelaciones llegaron cuando la crisis económica golpea más duramente a España. Según difundió ayer el Banco de España, 39.167 familias perdieron su vivienda en 2012 por no poder pagar hipotecas.
En el 83% de los casos, los desahucios alcanzaron a la única vivienda de esas familias. Al menos 2.405 desalojos fueron por la fuerza y en 355 casos tuvo que intervenir la policía. Los impagos de la hipoteca aumentaron en España en paralelo a la crisis económica y al ascenso de la tasa de desocupación, actualmente situada en el 26%, porcentaje que se eleva al 57% entre los más jóvenes.
Al menos una decena de personas se suicidó en el último año y medio cuando iba a ser expulsado de su vivienda. El gobierno decidió el año pasado paralizar por dos años los desalojos en los casos de personas más desfavorecidas, medida considerada insuficiente para la Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH).
Las acciones de la PAH han paralizado más de 650 desahucios, según informó ayer su vocera, Ada Colau. La PAH pidió en una iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados y avalada por un millón y medio de firmas la paralización de las medidas.
Pero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó esta semana una nueva ley hipotecaria en la que no se contempla esa demanda. Ningún partido apoyó la ley, que fue aprobada con los votos del Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en el parlamento.
La ley impide a los bancos iniciar el proceso de desalojo hasta que se incurra en el impago de tres mensualidades consecutivas.