En las últimas horas se conocieron una serie de decretos del gobierno boliviano que dan da vía libre a la represión. Según se puede leer en los facsímiles que tomaron estado público, una de las normas exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas que actúen "en la conservación del orden público".
El artículo tres del decreto supremo número 4.078 establece: "El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal".
Con un Decreto Supremo, el gobierno de la senadora Añez legaliza la cacería. Los militares no tendrán responsabilidad penal en la represión. pic.twitter.com/K4oHaR81YK
— Martín Sivak (@sivakme) November 16, 2019Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
Esta decisión tomada por el gobierno de Jeanine Áñez fue calificada como "grave" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos", señaló el organismo autónomo de la OEA a través de Twitter.
La @CIDH alerta para el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación de FF.AA. en #Bolivia, de fecha 15 de nov 2019. El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno. (1/3) pic.twitter.com/297pEsNTVd
— CIDH - IACHR (@CIDH) November 16, 2019
"La CIDH condena cualquier acto administrativo del gobierno de Bolívia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales", amplía la entidad en el mismo hilo.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo que el decreto "no es una licencia para matar, sólo define la tarea de las fuerzas armadas con una base constitucional en garantizar la estabilidad del país".
Sin embargo, más allá de las explicaciones oficiales, la CIDH continúa advirtiendo a través de sus redes sociales el clima de violencia institucional que vive el país andino. Ayer por la noche, el organismo publicó en su cuenta de Twitter su repudio a la "represión a muerte a de cocaleros en Bolivia".
🔴 CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT
— CIDH - IACHR (@CIDH) November 17, 2019
JPA/MC
