La Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado, que durante 6 meses analizó las políticas oficiales para batallar contra el Covid-19, acusó hoy formalmente al presidente brasileño Jair Bolsonaro por delitos contra la humanidad, verificados durante la pandemia que segó la vida más de 600.000 brasileños. El documento final recomienda el procesamiento del jefe de Estado y de otras 65 personas.
El dossier de los senadores de la CPI señala que Bolsonaro “es responsable máximo por actos de omisiones intencionales que sometieron a los indígenas a condiciones de vida tales como la privación del acceso a alimentos y medicamentos, con vista a causar la destrucción de esa parte de la población”.
En la visión de los parlamentarios estos configuran “actos de exterminio, además de privación intencional y graves derechos fundamentales, en violación al derecho internacional, por motivos relacionados con la identidad del grupo o la colectividad, lo que configura actos de persecución”. Según el senador RenanCalheiros, encargado de elaborar el informe final, afirma que “toda la población fue sometida a los efectos de la pandemia, con la intención de alcanzar la inmunidad de rebaño a través del contagio”. La pretensión con esa conducta era “ahorrar los efectos sobre la economía”. De acuerdo con la CPI, esto configura “un ataque generalizado y sistemático en el cuál, conscientemente, el gobierno trató de propagar la dolencia”.Calheiros pidió, también, que ese documento sea enviado al Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, que deberá analizar los delitos detallados de “lesa humanidad”.
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La votación de ese informe en el Senado está prevista para el martes próximo y, una vez concretada, los procesos contra las personas acusadas por la CPI serán enviados a la justicia. En el caso de Bolsonaro, la causa debe ser encaminada directamente a la Corte Suprema. El diputado Eduardo Bolsonaro y el senador Flavio Bolsonaro, hijos presidenciales, figuran en la lista de los que serán procesados. En ambos casos se los acusa de “incitación al crimen” por haber propagado noticias falsas.
La CPI trabajó en común con juristas para tipificar los casos. Al presidente brasileño se le endilga entre otros delitos el de infracción a las medidas sanitarias preventivas, “charlatanismo”, incitación al crimen, falsificación de documento y empleo “irregular” de presupuesto público destinado al Ministerio de Salud para el combate al Coronavirus. Pero, lo más fuerte, es la imputación de “delitos contra la humanidad” por exterminio, persecución y otros actos inhumanos.
Uno de los incluidos en la lista es el ex ministro de Salud, general Eduardo Pazuello a quienb los senadores incriminan por el empleo irregular de partidas presupuestarias destinadas a la pandemia. Pero también es denunciado por delitos contra la humanidad, por exterminio y persecución previstos en el Tratado de Roma. Al ex canciller Ernesto Araújo le caben los cargos por “incitación al crimen”, al igual que los legisladores Flavio y Eduardo Bolsonaro.
