¿Logrará Jair Bolsonaro revertir un desgaste que él mismo estimuló durante un año y medio de Covid-19? ¿Podrá competir en las presidenciales de octubre de 2022 y conseguir su reelección? No es nada sencillo formular pronósticos certeros, ni para el oficialismo ni para la oposición, aun cuando las encuestas expongan el progresivo deterioro de la figura presidencial. Lo cierto es que estos días el jefe de Estado se mostró dispuesto a dejar el entumecimiento que paraliza su gobierno, aunque eso le cueste crisis internas y discordias con el establishment.
Ayer anunció una medida para salvar del hambre a bastos sectores de la población fuertemente empobrecidos, que se han visto obligados a buscar alimentos entre las sobras de restaurantes o escarbar los desechos de las carnicerías. Bolsonaro oficializó la vigencia a partir de noviembre del Auxilio Brasil, un estipendio de 400 reales mensuales (70 dólares) que beneficiará a 17 millones de familias. El programa, que reemplazará al Bolsa Familia (creado por el ex presidente Lula da Silva) debe regir hasta diciembre de 2022; es decir, garantiza dinero durante el año electoral. El proyecto es dar a esa iniciativa la impronta del nombre presidencial, lo que en principio debería permitir al gobernante recuperar el prestigio y los votos perdidos.
La acción fue mal vista por los mercados bursátiles y financieros, una ojeriza expresada en un aumento inédito del dólar (5,70 reales por unidad de moneda norteamericana) y una baja significativa de la Bolsa de San Pablo. Afirman que las necesidades presupuestarias para sostener el proyecto, de 15.000 millones de dólares, implican transgredir la ley fiscal en vigencia, que solo permite ajustar por la inflación anual las partidas para distintos ministerios y planes. Esa medida, llamada “ley del techo fiscal”, fue votada por el Congreso en 2017.
El “salvataje” de los sectores brasileños más vulnerables, que sufren por el impacto del Coronavirus y el estancamiento económico, fue la respuesta inmediata de Bolsonaro para contrarrestar el baño de mala imagen que le creó la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la pandemia, constituida en el Senado. El martes, los senadores de la CPI procedieron a la lectura del documento final que habían elaborado durante 6 meses de averiguaciones.
¿Logrará Jair Bolsonaro revertir un desgaste que él mismo estimuló durante un año y medio de Covid-19? ¿Podrá competir en las presidenciales de octubre de 2022 y conseguir su reelección?
El dossier recomienda procesar al presidente brasileño por delitos de lesa humanidad. Afirma que el gobernante sometió a “toda la población a los efectos de la pandemia, con la intención de alcanzar la inmunidad de rebaño a través del contagio”. La pretensión con esa conducta era “ahorrar los efectos sobre la economía”. Para la CPI, esto configuró “un ataque generalizado y sistemático en el cuál, conscientemente, el gobierno trató de propagar la dolencia”. La Comisión reveló, también, un esquema de corrupción para la compra de vacunas, montado en el Ministerio de Salud cuando estaba comandado por el general Eduardo Pazuello. No por casualidad, en las manifestaciones contra el gobierno se escucharon consignas como esta: “Fuera Bolsonaro, ladrón de vacunas”.
Entre tanto, el nuevo Auxilio Brasil provocó una crisis interna en el gabinete ministerial, con reflejos directos en el de Economía: cuatro secretarios de Paulo Guedes pidieron ayer la renuncia indeclinable por no concordar con las decisiones avaladas por el jefe. El funcionario de mayor peso es Bruno Funchal, secretario del Tesoro y Presupuesto. El desbande se concretó después de varias semanas de presión ejercida por el Palacio del Planalto para obtener los recursos que alimentarán el nuevo programa (son 83.000 millones de reales). El dilema fue resuelto por el gobierno a través del único expediente posible: aumentar el gasto más allá de lo admitido por ley.
Si las medidas son absolutamente necesarias e incuestionables, a menos que se quiera enfrentar un Brasil sin salida a corto plazo, hay un aspecto que no se puede ignorar: la naturaleza “oportunista” de las políticas del presidente brasileño al seguir ese script, que atiende a los intereses de su reelección. El ministro Guedes defendió, durante un tiempo, una salida menos glamorosa: la de pagar solo 300 reales (55 dólares). Pero fracasó en ese intento y ahora justifica a su jefe Bolsonaro al descartar que se trate de “una providencia populista” como calificó la mayoría de los medios periodísticos a la iniciativa oficial.
El presidente procedió a ratificar la permanencia de Guedes al frente de la cartera de Economía, en una entrevista concedida al canal CNN Brasil. “Paulo Guedes continúa en el gobierno y sigue con la agenda de reformas. Defendemos esas reformas que prosiguen en el Congreso Nacional”. Con esa declaración, buscó apagar el fuego desatado entre los grandes empresarios. A ellos les aseguró que siguen en pie nuevas reformas laborales, reformas impositivas y achicamiento del Estado mediante las privatizaciones.
*Autora de Brasil 7 días. Desde San Pablo, Brasil.
