* Graduate in Political Sciences (UCA). Researcher at the Catholic University of Argentina’s Centre for International Studies (CEI-UCA).
Siete meses después del plebiscito de salida en el que el 62% de los votantes dijo no estar de acuerdo con la primera redacción de la nueva Constitución, los chilenos se preparan para votar nuevamente en el marco del segundo proceso constitucional en tres años, con el fin de ver si esta vez Chile puede tener una nueva Carta Magna que reemplace, por fin, el texto original de la dictadura de Augusto Pinochet.
En esta oportunidad, el procedimiento será diferente del anterior, ya que estará compuesto por tres organismos: la Comisión de Expertos (con 24 miembros que elaborará el anteproyecto de constitución), el Consejo Constitucional de 50 personas que podrá modificar, aprobar, eliminar o introducir nuevas normas al texto, y el Comité Técnico de Admisibilidad, que servirá de árbitro en el proceso.
Tanto para el oficialismo como para la oposición, esta instancia tiene un nuevo objetivo político: dar una señal distinta del proceso constituyente anterior, marcado por una abrumadora mayoría de los partidos de izquierda que llevaron su proyecto de país después del envión ciudadano que dejó el estallido de octubre 2019. Esto llevó a profundos desacuerdos ideológicos que culminaron con un texto constitucional que reflejaba una sola visión de país y terminó siendo rechazado por la ciudadanía en septiembre de 2022. Hoy los principales partidos, obligados por el contexto, tienen como fin demostrar a los chilenos que este proceso es más consensuado, más cauto y con menos intención de generar una normativa refundacional.
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Y esto ya se puede percibir desde marzo, cuando la Comisión de Expertos comenzó a sesionar con el objetivo de entregar a los convencionales el anteproyecto sobre el que trabajarán a partir de junio. Esto significa que si bien estos convencionales que serán votados hoy tendrán la palabra final, el debate ya va a estar encauzado por la propuesta de los expertos con el fin de establecer los márgenes y los límites sin tener que partir de cero. De esta manera, los chilenos deberán concurrir a las urnas para elegir a los mencionados 50 convencionales que se presentarán en la boleta agrupados por región y a través de cinco principales coaliciones electorales. Si bien es difícil predecir un resultado de la elección, tanto el oficialismo como la oposición miran el número mágico de 30 escaños que, según el quórum establecido, es lo que cada coalición necesita para introducir artículos sin tener que negociar con otra lista.
Pero más allá de la impronta que la Convención Constitucional le imponga a este nuevo proceso, esa misma dinámica no parece reflejarse en la sociedad, ya que muy lejos parece haber quedado la elección del plebiscito de entrada de 2020 en donde la ciudadanía acompañó con fervor la apertura del proceso constituyente anterior. Hoy, por el contrario, este segundo intento parece marcado por la apatía y la desinformación. De hecho, ni siquiera el mismo presidente da señales de involucrarse activamente ni con la elección ni con el futuro debate, ante el miedo de volver a cometer el error del año pasado: comprometerse demasiado con la redacción de la nueva Carta Magna y después tener que asumir el costo político de una eventual derrota. Si bien de aprobarse la nueva Constitución llevará la firma del actual presidente, hoy Gabriel Boric adoptó más una actitud articuladora que impulsora de este nuevo proceso. El mandatario parece estar ahora más enfocado en los temas políticos coyunturales que marcan la intensa agenda política chilena, como reducir la inflación y atender la grave crisis de seguridad que vive el país tanto en las fronteras como en las principales ciudades. Y esta actitud no debería sorprender. Después de todo, el actual mandatario enfrentará una situación completamente insólita en la política mundial: en menos de 14 meses de gobierno habrá atravesado dos plebiscitos fundamentales que no solo buscan articular el proyecto de país deseado, sino que de alguna manera también miden la aprobación de su gestión.
Pero además, por más que esta nueva Constitución pueda ser aprobada por la ciudadanía en diciembre próximo, sabemos que no es la Carta Magna ideal para el presidente. ¿Por qué? La actual Comisión de Expertos, el órgano que previamente confecciona el anteproyecto, tiene una fuerte presencia de la derecha con muchas personas allegadas al expresidente Sebastián Piñera. Y si bien la conformación de la Convención Constitucional dependerá de las elecciones de hoy, no se espera que el oficialismo logre el quórum propio. Al mismo tiempo, en esta oportunidad, y a diferencia del proceso constituyente anterior, no se permiten las candidaturas de ciudadanos independientes ni estarán presentes los representantes de “La lista del pueblo”, chilenos de a pie cuyos liderazgos se consolidaron después del estallido social. Esta vez, y debido a la presencia de un órgano como la Comisión de Expertos y después el ya mencionado Comité de Admisibilidad, esta nueva Constitución probablemente tenga una fuerte impronta de los partidos tradicionales a favor del status quo y de las elites gobernantes históricas del país, en detrimento del mensaje de la ciudadanía que protagonizó el estallido social y también del oficialismo.
Pero si esta Constitución no será la que el presidente apoyó siempre, ¿por qué Boric volvió a apostar por un nuevo proceso constituyente? En primer lugar, porque lo necesita y por varios motivos. Cuando el presidente llegó al Palacio de la Moneda, hace poco más de un año, lo hizo prometiendo cambios sustanciales en términos sociales, económicos e institucionales. Con la Constitución actual, redactada bajo el mandato de facto de Augusto Pinochet, muy pocas de esas reformas podrían verse plasmadas en la realidad. Pero además, el jefe de Estado tiene otro desafío producto de la fragmentación partidaria actual. Al haber llegado al poder con una coalición bastante diversa que incluye, entre otros partidos, al Partido Comunista, Boric no solamente tiene que generar consensos con la oposición de centro y de derecha, sino también cada vez que debe moderarse o buscar no enfrentarse con el poderoso establishment chileno, recibe las críticas de los más izquierdistas de su coalición. Por eso, no continuar con el cambio constitucional hubiese sido interpretado como una traición a su núcleo duro de votantes y también como un abandono a una parte importante de su coalición. Y en un contexto de minoría legislativa, el presidente no puede darse ese lujo. Pero además de la situación política chilena, Boric fue uno de los principales impulsores de un cambio en la Carta Magna, no solamente en la masiva protesta de 2019, sino incluso en las movilizaciones de 2013, aún durante el primer gobierno de Piñera. No continuar con el proceso hubiese sido alejarse definitivamente del mensaje con el que él llegó a la política hace más de 10 años.
Por eso, y contrariamente a lo que el oficialismo hubiese deseado, este nuevo proceso estará protagonizado por la búsqueda de consensos. Probablemente esto resulte en una constitución mucho más moderada que la que el presidente se imaginó, pero desde el oficialismo tienen algo muy claro: esta vez no hay margen de error.
* Licenciada en Ciencias Políticas (UCA) - Investigadora de América Latina del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA).
